Gobierno y Junta de Andaluc¨ªa se unen para evitar otra sanci¨®n millonaria por el desastre de la gesti¨®n del agua en Do?ana

La deficiente gesti¨®n del agua en Espa?a est¨¢ en el punto de mira de la Comisi¨®n Europea desde hace a?os. Y la extrema situaci¨®n que vive Do?ana ha activado otra vez las alertas en Bruselas, que amenaza con llevar de nuevo ante la justicia a Espa?a por no defender uno de los espacios protegidos m¨¢s emblem¨¢ticos del pa¨ªs. Con las im¨¢genes de la laguna de Santa Olalla (el mayor humedal de Do?ana) seca por completo a principios de mes recorriendo los medios de comunicaci¨®n europeos, el Gobierno central y la Junta de Andaluc¨ªa acaban de enviar a la Comisi¨®n Europea un plan conjunto de actuaciones.

Ambas administraciones, con responsabilidades compartidas en este asunto, pretenden evitar que el pa¨ªs pueda ser sancionado por no controlar la presi¨®n que se ejerce sobre el acu¨ªfero del que vive el espacio protegido, amenazado por las extracciones ilegales para la agricultura y la macrourbanizaci¨®n de Matalasca?as, perteneciente al municipio onubense de Almonte.

En juego est¨¢ una previsible sanci¨®n del Tribunal de Justicia de la UE. Espa?a ocupa los primeros puestos entre los pa¨ªses europeos con m¨¢s expedientes de infracci¨®n abiertos por temas medioambientales y conoce bien las consecuencias de que esos expedientes lleguen hasta el final. Es el caso de la falta de depuraci¨®n de las aguas residuales urbanas en varios n¨²cleos de poblaci¨®n, que ha supuesto ya 74,85 millones de euros desde que la sanci¨®n fue impuesta en julio de 2018 por los incumplimientos de la norma en 17 aglomeraciones. Es la mayor multa comunitaria a la que nunca ha tenido que hacer frente Espa?a. Mientras persistan los incumplimientos en los municipios por los que fue condenado el pa¨ªs, el importe sigue creciendo cada semestre. Todav¨ªa quedan 4 de aquellos 17 n¨²cleos sin solucionar sus problemas y la ¨²ltima depuradora de este expediente que estar¨¢ en funcionamiento no lo har¨¢ antes de 2026, seg¨²n la comunicaci¨®n m¨¢s reciente que el Gobierno ha enviado a Bruselas. Es precisamente la de Matalasca?as, que ahora vierte sus aguas fecales con un tratamiento insuficiente a trav¨¦s de un emisario submarino frente a la reserva de la biosfera de Do?ana.

Al margen de la deficiente depuraci¨®n, Espa?a tiene abierto desde 2014 otro expediente por las extracciones de agua en el acu¨ªfero de Do?ana. En el verano de 2021, el Tribunal de Justicia de la UE dict¨® una sentencia condenatoria en la que critic¨® la falta de control sobre las detracciones de agua por parte de los freseros y desde el municipio de Matalasca?as. Aquella sentencia no acarreaba una sanci¨®n, una carta que ten¨ªa guardada la Comisi¨®n.

Sin embargo, en febrero pasado, la directora general europea de Medio Ambiente, Florika Fink-Hooijer, amenaz¨® a Espa?a por carta con llevarla de nuevo a los tribunales tras conocerse el plan de la derecha andaluza para aumentar el regad¨ªo de los invernaderos de fresas cercanos a la reserva, ahora aparcado por el PP andaluz ante la grave sequ¨ªa. El plan iba en la direcci¨®n contraria al cumplimiento de la sentencia de los magistrados del tribunal con sede en Luxemburgo, que exig¨ªan corregir de inmediato el da?o al acu¨ªfero ¡°sobreexplotado¡± de Do?ana.

Ha pasado m¨¢s de un a?o del fallo y la cr¨ªtica situaci¨®n de la biodiversidad en el humedal se acerca a un punto de no retorno, alertan los cient¨ªficos. Para revertirla, ahora el Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica y la Junta han aparcado sus diferencias y han presentado a Bruselas un paquete conjunto de medidas correctoras. ¡°Esta vez hemos ido de la mano y no nos vamos pisando uno a otro el cuello, eso es un cambio significativo porque al final la mala reputaci¨®n es para Espa?a. Ha habido una diferencia entre los borradores de hace seis meses y ahora¡±, afirm¨® el jueves el viceconsejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Econom¨ªa Azul, Sergio Arjona, en una visita para recorrer la reserva. El calado de las medidas del ministerio supera con creces a las de la Junta.

El ministerio plantea una bater¨ªa de 20 medidas que suman 114 millones de inversi¨®n. En esta suma el Gobierno incluye grandes infraestructuras h¨ªdricas para mejorar el estado del acu¨ªfero, como la transferencia de aguas superficiales desde la cuenca de los r¨ªos Tinto y Odiel al Guadalquivir y el recrecimiento del embalse del r¨ªo Agrio, por 45 millones. Transici¨®n Ecol¨®gica resalta las acciones previstas para minimizar el da?o desde Matalasca?as, como la nueva depuradora, as¨ª como el cierre de los dos sondeos que afectan a los humedales m¨¢s pr¨®ximos a la macrourbanizaci¨®n.

Adem¨¢s, figura la acci¨®n para cerrar 1.143 pozos ilegales en los invernaderos cercanos a la reserva que llevan a cabo sus agentes medioambientales, un modelo matem¨¢tico para simular c¨®mo evolucionan los acu¨ªferos y la automatizaci¨®n de los 114 sondeos que miden su nivel, hoy bajo m¨ªnimos. Por ¨²ltimo, el ministerio rescata actuaciones pendientes a¨²n del proyecto Do?ana 2005 por 16 millones, lo que da una idea del retraso de inversiones que acumulan las Administraciones para cuidar la reserva.

La Junta pone el foco por su parte en la creaci¨®n de un grupo de trabajo cient¨ªfico t¨¦cnico para aclarar c¨®mo afecta la falta de agua superficial y subterr¨¢nea a la ecolog¨ªa de Do?ana, as¨ª como un estudio para constatar la afecci¨®n de las extracciones de agua ¡ªlegales e ilegales¡ª a los h¨¢bitats protegidos, entre otras medidas. Adem¨¢s, prev¨¦ establecer ¡°los umbrales de tolerancia de los h¨¢bitats¡± respecto a los niveles de agua.

En su propuesta, la Junta no aborda de momento el principal problema: los pozos ilegales, que proliferan a pesar de las multas de sus propios agentes medioambientales y los de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir, dependiente del ministerio. El escollo fundamental es la falta de coordinaci¨®n, ya que cuando la confederaci¨®n cierra un pozo, poco despu¨¦s el agricultor pincha otro y la Junta no lo obliga a desmantelar la estructura del invernadero que permite continuar con su negocio de bayas. Cuando un agricultor es denunciado, la actuaci¨®n final de la justicia para intervenir y clausurar las explotaciones se demora entre seis y siete a?os.

El director de la Estaci¨®n Biol¨®gica de Do?ana (perteneciente al CSIC), Eloy Revilla, lament¨® el jueves desde Santa Olalla ¨Dque ahora acumula un peque?o charco de 200 metros cuadrados¨D la ¡°falta de gobernanza¡±. ¡°La Consejer¨ªa de Agricultura deber¨ªa coordinarse con la polic¨ªa de agua porque es un problema complejo y estructural. Al final, ?qu¨¦ pasar¨¢? Los pueblos se quedar¨¢n sin agua, el acu¨ªfero se salinizar¨¢ y, entonces, ya ni agua ni pueblo. No podemos esperar a que se produzca un desastre ambiental para actuar¡±.

El retraso que acumula la Junta respecto a la reserva es llamativo. En 2014 se lanz¨® el plan para proteger su acu¨ªfero, pero hace un a?o solo estaban completadas el 17% de las medidas propuestas, seg¨²n la organizaci¨®n WWF. El plan carece de presupuesto fijo y oficina t¨¦cnica, una carencia que la consejer¨ªa andaluza promete remediar ahora.

Pese a la urgencia para evitar la multa de la Comisi¨®n, sobre la mesa del ministerio y la Junta est¨¢ un plan a largo plazo para salvar Do?ana. Transici¨®n Ecol¨®gica debe decidir ahora si convoca a todos los actores implicados (Junta, confederaci¨®n, Costas, Estaci¨®n Biol¨®gica...) para anunciar ese gran proyecto. El Consejo de Participaci¨®n de Do?ana ya propuso hace un a?o ese plan llamado Do?ana 2030, que la Junta quiere rebautizar como Do?ana Futuro.

Multa por falta de depuraci¨®n

Los problemas no solo est¨¢n en c¨®mo se captan las aguas, sino tambi¨¦n en c¨®mo se devuelven al medio natural. La justicia europea incluy¨® en 2018 a Matalasca?as en el listado de 17 aglomeraciones urbanas en las que no se depuran bien las aguas fecales. En el momento de la sentencia, Espa?a recibi¨® una multa de 12 millones por el incumplimiento de esos 17 casos, la mayor¨ªa de ellos ubicados en Andaluc¨ªa. Y, cada seis meses desde entonces, la multa iba aumentando en funci¨®n de las depuradoras que faltaban por poner en marcha. Ya ha alcanzado los 74,85 millones. En estos momentos, seg¨²n un escrito que remiti¨® Fink-Hooijer el pasado mes al Gobierno de Espa?a, ya solo quedan cuatro aglomeraciones de este expediente sin resolver el problema de depuraci¨®n, lo que ha hecho que se rebaje considerablemente el importe que se deber¨¢ pagar a partir de ahora.

Las que quedan pendientes son: Valle de G¨¹¨ªmar (Tenerife), Barbate (C¨¢diz), Alhaur¨ªn el Grande (M¨¢laga) y Matalasca?as. Seg¨²n la informaci¨®n que ha trasladado el Ejecutivo a Bruselas, la depuradora de Matalasca?as ser¨ªa la ¨²ltima en entrar en operaci¨®n, algo que no ocurrir¨¢ ¡°antes de 2026¡å. Los ayuntamientos son los primeros responsables de la depuraci¨®n de aguas residuales. El de Almonte, al que pertenece Matalasca?as, ha rechazado hablar con EL PA?S sobre los problemas de depuraci¨®n.

En la ra¨ªz de la situaci¨®n est¨¢ el rechazo o la imposibilidad de muchos consistorios de hacerse cargo de las inversiones necesarias para limpiar sus aguas correctamente (la nueva depuradora de Matalasca?as est¨¢ presupuestada en casi 30 millones) y los problemas con las tramitaciones de los proyectos. A menudo, las administraciones auton¨®micas y central han asumido la construcci¨®n de estas instalaciones. Por ejemplo, en Matalasca?as, donde el Estado declar¨® de inter¨¦s general la nueva depuradora en 1993. Pero, seg¨²n explica el Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica, en 2018 la Abogac¨ªa del Estado cuestion¨® que esa declaraci¨®n fuera legal. ¡°Esto conllev¨® la paralizaci¨®n de todos los tr¨¢mites que se estaban llevando a cabo en relaci¨®n la redacci¨®n del proyecto¡±, explica el ministerio. ¡°Tambi¨¦n ha habido problemas con los suelos en los que se har¨¢ la depuradora¡±, explica Antonio Amarillo, coordinador en Andaluc¨ªa del ¨¢rea de aguas en Ecologistas en Acci¨®n. Por fin, a finales del pasado a?o se cerr¨® un convenio por el que la Junta y el Gobierno central se comprometen a financiar conjuntamente la obra, que tiene un plazo de ejecuci¨®n de 36 meses.

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