El PSOE andaluz se abre a indemnizar a los agricultores del entorno de Do?ana
El l¨ªder de la oposici¨®n, Juan Espadas, pide al presidente de la Junta la retirada de la proposici¨®n de ley sobre ampliaci¨®n de regad¨ªos por ser ¡°ilegal¡±
Al contrario de lo que ocurri¨® la legislatura pasada, el PSOE andaluz mutar¨¢ su abstenci¨®n por un no cuando el Parlamento aut¨®nomo vote la semana pr¨®xima una proposici¨®n de ley del PP y Vox para ampliar las zonas regables en el entorno de Do?ana. Los socialistas andaluces apuestan por el di¨¢logo entre la Junta de Andaluc¨ªa y el Gobierno central y resolver ¡°caso a caso¡± la situaci¨®n de aquellos agricultores que esgrimen ¡°derechos hist¨®ricos¡± no reconocidos, seg¨²n ellos, en el Plan Especial de Ordenaci¨®n de Regad¨ªos del Condado de Huelva aprobado por decreto en 2014.
El secretario general del PSOE de Andaluc¨ªa, Juan Espadas, ha pedido este lunes al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, la retirada de esa iniciativa por considerarla ¡°ilegal¡±, al tiempo que se ha abierto a indemnizar a los agricultores con derechos de agua como se ha hecho ¡°en otras ocasiones¡± para garantizar el agua del Parque Nacional.
La v¨ªa de comprar fincas agr¨ªcolas no es nueva. Ya ocurri¨® en 2015 cuando la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente con el Gobierno del PP, adquiri¨® por 35 millones de euros las 1.000 hect¨¢reas de la finca Los Mimbrales, en el t¨¦rmino municipal de Almonte (Huelva). A preguntas de los periodistas, Espadas ha recordado el ¡°acuerdo para adquirir fincas¡± en el pasado, aunque ha dicho ¡°no prejuzgar¡± ninguna soluci¨®n. Entonces se pag¨® 35.000 euros por hect¨¢rea.
La compra de terrenos est¨¢ prevista en el plan de choque presentado por la ministra para la Transici¨®n Ecol¨®gica, Teresa Ribera, en noviembre de 2022 en Almonte para salvar a Do?ana de su creciente declive. De los 356 millones de euros previstos para preservar a la reserva natural de su deterioro ambiental, el Gobierno dibuja 100 millones para comprar fincas agr¨ªcolas con derechos de agua cuyos propietarios est¨¦n dispuestos a vender. El Gobierno puede comprar una finca entera, de secano o de regad¨ªo, o adquirir solo los derechos de agua para cambiar el uso del suelo de regad¨ªo a secano, o tambi¨¦n podr¨ªa permutar las tierras por otras en la cuenca del Guadalquivir.
La v¨ªa de la expropiaci¨®n de tierras no es algo que suene extra?o en la Consejer¨ªa de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Econom¨ªa Azul que dirige el tambi¨¦n portavoz del Gobierno andaluz, Ram¨®n Fern¨¢ndez-Pacheco. Aunque esa salida no est¨¢ planteada formalmente, s¨ª se baraja como hip¨®tesis, seg¨²n fuentes de la consejer¨ªa.
Espadas ha aventurado que la proposici¨®n de ley de PP y Vox plantea un ¡°callej¨®n sin salida¡± que provocar¨¢ un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central, ¡°una campa?a en contra de los productos de fruto rojo¡± y una sanci¨®n de la Uni¨®n Europea, como ya anticip¨® el pasado 17 de marzo, la directora general de Medio Ambiente, Florika Fink Hooijer. En una carta enviada al Ejecutivo central, la representante europea advert¨ªa de que si la proposici¨®n de ley que regularizar¨ªa esos cultivos ilegales sale adelante, la Comisi¨®n no dudar¨¢ en adoptar ¡°todas las medidas necesarias, incluyendo la interposici¨®n de un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia en el que solicitar¨ªa que se impusieran sanciones pecuniarias¡±.
La iniciativa legislativa de PP y Vox saldr¨¢ adelante porque ambos grupos re¨²nen la mayor¨ªa absoluta de la C¨¢mara. El secretario general del PSOE andaluz sostiene que la proposici¨®n de ley genera ¡°una absoluta falta de seguridad jur¨ªdica¡±. En su opini¨®n, la propuesta incurre en varias ¡°ilegalidades¡± como no contar con la opini¨®n del Consejo de Participaci¨®n de Do?ana, cuyo presidente ha convocado una reuni¨®n para el pr¨®ximo lunes. Tambi¨¦n destaca el informe de la letrada del Parlamento de Andaluc¨ªa que plantea reparos jur¨ªdicos a la proposici¨®n de ley al estimar como no ¡°justificado¡± ni ¡°razonable¡± la utilizaci¨®n de esta v¨ªa para modificar el decreto de 2014. Tampoco existe un informe del Gobierno andaluz a favor o en contra de la tramitaci¨®n de la propuesta, algo que no suele ser habitual, pero no es obligatorio. ¡°Hay que parar este dislate y no utilizar esto como una campa?a para que lo voten¡±, ha subrayado Espadas.
El mismo d¨ªa en el que se aprobar¨¢ la iniciativa de PP y Vox, el Parlamento debatir¨¢ una proposici¨®n no de ley del PSOE, pactada en todos sus extremos con el Ministerio de Transici¨®n Ecol¨®gica, en la que se propone la creaci¨®n de una comisi¨®n bilateral Junta-Gobierno central para tratar todo lo que afecte al Parque Nacional, entre ellas, la ¡°ejecuci¨®n de las infraestructuras hidr¨¢ulicas pendientes¡±.
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