El Parlamento andaluz pone reparos jur¨ªdicos a la proposici¨®n de ley de PP y Vox que ampl¨ªa los regad¨ªos en Do?ana
¡°No parece justificado que la utilizaci¨®n de la ley formal resulte una medida razonable¡±, aseguran los letrados
La proposici¨®n de ley de PP y Vox que defiende la ampliaci¨®n de zonas regables en el entorno de Do?ana podr¨¢ ver la luz el pr¨®ximo 12 de abril, ya que el PP se basta y sobra gracias a su mayor¨ªa absoluta (58 de 109 diputados) para sacarla adelante. Y aunque el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha evitado de nuevo emitir un informe sobre su posici¨®n, los letrados del Parlamento de Andaluc¨ªa s¨ª han puesto reparos jur¨ªdicos a la iniciativa, sin llegar a descalificarla en ning¨²n momento. Los juristas vienen a decir que la v¨ªa legislativa utilizada ¡ªla proposici¨®n de ley¨D es como matar moscas a ca?onazos, ya que lo que se propone son cambios normativos ordinarios que competen al Gobierno, no al Parlamento, por lo que ¡°no se respeta¡± el principio de jerarqu¨ªa normativa.
Esta ser¨¢ la segunda vez que el PP defienda la ampliaci¨®n de regad¨ªos en cinco municipios del Condado de Huelva (Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado). En la anterior legislatura, la propuesta decay¨® porque se anticiparon las elecciones, pero ahora los populares vuelven a rescatarla azuzados por Vox, que fue el primero en plantearla en este mandato. El trasfondo no es otro que la cercan¨ªa de las elecciones municipales del pr¨®ximo 28 de mayo. Aunque la propuesta no corre ning¨²n riesgo parlamentario y la legislatura andaluza acaba de empezar, el PP ha pedido su tramitaci¨®n por la v¨ªa de urgencia, lo que acorta los plazos a la mitad. Es muy probable que antes de las vacaciones de agosto salga publicada en el Bolet¨ªn Oficial del Parlamento.
El Gobierno andaluz no ha querido, como ya ocurri¨® en la anterior legislatura, emitir su criterio, a favor o en contra, respecto a su toma en consideraci¨®n. El Ejecutivo no est¨¢ obligado a dar su parecer, es decir, puede escurrir el bulto ante una propuesta legislativa de los grupos parlamentarios, aunque no es lo habitual. En el caso del Parlamento eludir este tr¨¢mite no es posible, ya que debe emitir un informe preceptivo, aunque no vinculante.
Carmen Noguerol, la letrada que firma el informe, con fecha del 24 de marzo, cuestiona que se utilice una ley para propiciar cambios normativos de rango inferior. ¡°Aunque se pueda entender que la proposici¨®n de ley tiene una justificaci¨®n objetiva, lo que no se explica en ning¨²n momento es que la concreta modificaci¨®n que se propone del Plan Especial [de Ordenaci¨®n de Regad¨ªos del Condado de Huelva, aprobado por decreto en 2014] se deba hacer mediante una ley formal y no mediante un reglamento (¡) que justifique la omisi¨®n del procedimiento regulado¡± en la ley de Impulso para la sostenibilidad del territorio de Andaluc¨ªa, aprobada en 2021. ¡°No parece que quede justificado que en el presente caso se cumpla (¡) que la utilizaci¨®n de la ley formal resulte una medida razonable y proporcionada a la situaci¨®n excepcional que justifica su aprobaci¨®n¡±. En ese sentido, el informe cita una sentencia del Tribunal Constitucional de marzo de 2015 en la que se afirma: ¡°La adopci¨®n de leyes singulares debe estar circunscrita a aquellos casos excepcionales que, por su extraordinaria trascendencia y complejidad, no son remediables por los instrumentos normales de que dispone la Administraci¨®n¡±. El informe aconseja cambios de t¨¦cnica legislativa de la proposici¨®n de ley por considerar que la registrada ¡°no resulta correcta¡±.
El mismo d¨ªa en que se prev¨¦ la aprobaci¨®n de la iniciativa de PP y Vox, el Parlamento debatir¨¢ una proposici¨®n no de ley del PSOE, pactada con el Misterio de Transici¨®n Ecol¨®gica, en la que se defiende acordar con las autoridades europeas las actuaciones en Do?ana. Tambi¨¦n propone la creaci¨®n de una comisi¨®n bilateral Junta-Gobierno central para tratar todo lo que afecte al Parque Nacional, entre ellas, la ¡°ejecuci¨®n de las infraestructuras hidr¨¢ulicas pendientes¡±.
La tramitaci¨®n de la futura ley propuesta por PP y Vox, que prev¨¦ ampliar en unas 1.500 hect¨¢reas las zonas regables, provoc¨® un nuevo aviso de Bruselas. El pasado 17 de marzo, la directora general de Medio Ambiente, Florika Fink Hooijer, envi¨® una carta al Gobierno de Espa?a en la que advert¨ªa de que si sale adelante la proposici¨®n de ley que regularizar¨ªa esos cultivos ilegales, la Comisi¨®n no dudar¨¢ en adoptar ¡°todas las medidas necesarias, incluyendo la interposici¨®n de un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia en el que solicitar¨ªa que se impusieran sanciones pecuniarias¡±.
El portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Econom¨ªa Azul, Ram¨®n Fern¨¢ndez-Pacheco, sostiene que la iniciativa del PP ¡°protege como nunca¡± a Do?ana porque se ¡°proh¨ªbe la extracci¨®n de cualquier recurso h¨ªdrico de la zona¡±.
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