Transportes advierte a los municipios rebeldes que sin zona de bajas emisiones no tendr¨¢n ayudas estatales

El Gobierno eleva el tono contra las ciudades rebeldes que no solo siguen sin instalar su zona de bajas emisiones (ZBE) un a?o y medio despu¨¦s de que sea obligatorio ¡ªpara las 151 urbes de m¨¢s de 50.000 habitantes¡ª, sino que ni siquiera han comunicado que hayan empezado los tr¨¢mites para hacerlo. Arganda ha ido m¨¢s all¨¢: su alcalde ha explicado en EL PA?S que no va a cumplir la ley.

El Ministerio de Transportes responde que ¡°las leyes est¨¢n para cumplirlas¡± y avisa de que, a partir de 2025, las ciudades que no tengan en marcha un ¨¢rea de tr¨¢fico restringido no podr¨¢n optar a las ayudas estatales al transporte p¨²blico. Mientras, los ecologistas se plantean denunciar a las incumplidoras en los tribunales. Adem¨¢s, las que hayan pedido fondos europeos para movilidad sostenible ¡ªno es el caso de Arganda¡ª tendr¨¢n que devolverlos.

¡°No hemos implantado una zona de bajas emisiones y no tenemos pensado implantarla. Arganda del Rey tiene 60.000 habitantes, pero su orograf¨ªa lo hace imposible¡±, explic¨® este lunes Alberto Escribano (PP), regidor de la localidad madrile?a. ¡°Nosotros cumplimos toda la ley, lo que no podemos es cumplir una ley que es imposible de cumplir¡±, a?adi¨®.

Guillermo Hita, exalcalde socialista de Arganda hasta el a?o pasado, responde: ¡°Es un incumplimiento flagrante de la ley, [Escribano] es un alcalde negacionista. Nosotros hicimos un estudio t¨¦cnico de movilidad para demostrar que la zona de bajas emisiones era posible, y el estudio nos demostr¨® que se pod¨ªa instalar en el centro hist¨®rico y en varias calles m¨¢s¡±.

El secretario general de Movilidad Sostenible, ?lvaro Fern¨¢ndez Heredia, tambi¨¦n se muestra preocupado, y apunta que Transportes ¡°est¨¢ trabajando para que, a partir de 2025, todas las ciudades de m¨¢s de 50.000 habitantes que quieran acceder a las ayudas al transporte p¨²blico colectivo deban tener una ZBE en funcionamiento¡±. Se trata de fondos que reciben estas urbes para sus redes de autobuses urbanos o interurbanos, que pueden llegar de forma directa o bien a trav¨¦s de organismos regionales como el Consorcio Regional de Transportes de Madrid o el ?rea Metropolitana de Barcelona.

¡°Con su negativa a implantar una zona de bajas de emisiones (ZBE), Arganda del Rey se juega 52.000 euros en ayudas al transporte p¨²blico, que corresponde a la parte proporcional que recibe el municipio de las ayudas directas concedidas cada a?o al Consorcio Regional de Transporte de Madrid¡±, prosigue Fern¨¢ndez Heredia.

El responsable ministerial recuerda que ¡°las zonas de bajas emisiones son una obligaci¨®n legal para las ciudades y han tenido tiempo de sobra para ponerlas en marcha¡±, ya que la ley se aprob¨® en 2021. Por eso, ¡°no pueden existir ayudas para el transporte p¨²blico en ciudades que no est¨¢n tomando las acciones para garantizar que la calidad del aire es la mejor para todos los ciudadanos. Las leyes est¨¢n para cumplirlas. Ahora ha llegado el momento de cumplir¡±.

La Ley de Cambio Clim¨¢tico obliga a las 151 ciudades de m¨¢s de 50.000 habitantes a implantar una zona de bajas emisiones (ZBE) para mejorar su calidad del aire, que deber¨ªa estar en vigor desde 2023. El Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica tiene constancia de que ya hay unas 24 en marcha, mientras que m¨¢s de un centenar est¨¢ en tr¨¢mites, aunque sea a rega?adientes. Algunas han aprobado proyectos descafeinados para, al menos, cubrir el expediente. Al menos 13 no han comunicado todav¨ªa ning¨²n tr¨¢mite al ministerio ¡ªel proceso puede demorarse muchos meses¡ª. El problema es que la norma se aprob¨® sin r¨¦gimen sancionador para las incumplidoras, lo que reduce las opciones de actuar contra ellas.

Fuentes del Ejecutivo admiten que ser¨¢ complicado que el Estado multe a los ayuntamientos rebeldes, pero s¨ª que se est¨¢n estudiando otras medidas para aumentar la presi¨®n sobre ellos. Una opci¨®n ser¨ªa exigir la devoluci¨®n de los fondos europeos a ciudades que los pidieron e, incluso, imponerles una sanci¨®n por mal uso de los mismos; otra podr¨ªa ser un descuento de las transferencias de Presupuestos Generales del Estado hacia los consistorios d¨ªscolos, algo complejo, o un recurso contencioso-administrativo.

Carmen Duce, coordinadora de la campa?a Clean Cities ¡ªque agrupa a Ecologistas en Acci¨®n, Ecodes, ConBici, ISGlobal y Salud por derecho¡ª, critica estos casos sangrantes. ¡°Nos parece muy preocupante y muy serio que haya ciudades que no quieran instarla una ZBE, que es incumplir la ley. Si yo tengo que cumplir las leyes, ?por qu¨¦ estos alcaldes no? Est¨¢n teniendo una actitud de desobediencia y es grav¨ªsimo¡±.

Diferentes entidades ecologistas est¨¢n estudiando denunciar en los tribunales a las urbes incumplidoras. Patxi Ram¨ªrez, portavoz de Ecologistas en Acci¨®n Arganda, apunta: ¡°Que una administraci¨®n se declare en rebeld¨ªa ante una ley, aunque no tenga consecuencias legales, no es l¨®gico. Deber¨ªa ser el Estado el que denunciara a los ayuntamientos insumisos. En cualquier caso, nosotros tambi¨¦n estamos estudiando si llevar el caso a los tribunales, aunque tenemos que verlo bien, porque los gastos judiciales son elevados¡±.

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