Juicio a la banda acusada de meter coca¨ªna en el coche de un hist¨®rico ecologista para destruir su reputaci¨®n

El acoso y persecuci¨®n que sufren los ambientalistas en Espa?a subi¨® un gran escal¨®n hace siete a?os, cuando una banda introdujo supuestamente coca¨ªna en el coche del hist¨®rico ecologista andaluz Juan Clavero para tenderle una trampa y meterlo entre rejas. Muy lejos a¨²n de los asesinatos de activistas por la tierra que desde hace a?os corroe Am¨¦rica Latina, el caso constat¨® que en Espa?a la lucha por los caminos rurales acarrea una oposici¨®n con m¨¦todos mafiosos y un alto coste personal.

Este martes arranca en la Audiencia de Jerez de la Frontera (C¨¢diz) el juicio contra una banda de cuatro hombres que en 2017 ocult¨® presuntamente 47 gramos de coca¨ªna y cuatro de hach¨ªs en la furgoneta de Clavero para lograr su detenci¨®n y destruir su reputaci¨®n, labrada durante d¨¦cadas de lucha ecologista. La Fiscal¨ªa de C¨¢diz pide para los cuatro procesados un a?o y medio de c¨¢rcel por un delito de denuncia falsa, petici¨®n de condena que las acusaciones particular y popular elevan a siete a?os de prisi¨®n por denuncia falsa, simulaci¨®n de delitos, detenci¨®n ilegal y organizaci¨®n criminal.

¡°Pas¨¦ miedo y me asust¨¦ porque en principio pens¨¦ que me hab¨ªan tendido la trampa los guardias civiles, porque con maneras muy chulas el teniente me ordenaba y nunca me pidi¨® la identificaci¨®n. Luego en el calabozo de Ubrique me quitaron las gafas y me apuntaron con dos focos para no poder dormir, por si me intentaba suicidar. Si los primeros d¨ªas lo pas¨¦ muy mal, luego hubo una gran cooperaci¨®n ciudadana para desentra?ar la trama¡±, recuerda ahora Clavero.

La vista oral suscita gran expectaci¨®n por el ins¨®lito plan urdido contra un ecologista de 70 a?os y exdirector del parque natural de la Sierra de Grazalema. La trama urdida sali¨® mal porque tras su detenci¨®n inicial, Clavero fue liberado del cargo de tr¨¢fico de drogas por otro juez, y porque m¨¢s tarde la Guardia Civil deshizo los pasos que hab¨ªan dado los cuatro hombres para supuestamente meter la coca¨ªna en su coche, con contundentes pruebas de cargo, incluidos v¨ªdeos y mensajes telef¨®nicos que enviaron sin demasiada pericia y prevenci¨®n para no ser descubiertos.

Los ecologistas hab¨ªan peleado durante a?os en la comarca de Sierra de C¨¢diz por lograr el paso p¨²blico por los caminos p¨²blicos destinados a la trashumancia, uno de los cuales atraviesa la finca La Bre?a del Agua, cerca de Zahara de la Sierra. Para desactivar esta batalla, se piensa que el exgerente de dicha finca, dos empleados suyos y un cuarto c¨®mplice activaron un plan junto a un amigo guardia civil para de un plumazo convertir a Clavero en narcotraficante. Supuestamente, el 26 de agosto de 2017, uno de ellos se hizo pasar por activista ambiental en una manifestaci¨®n por la recuperaci¨®n del camino, y todos avisaron al instituto armado de que en el coche del ecologista hab¨ªa droga escondida. En una curva, una patrulla detuvo el autom¨®vil y si en un principio no hallaron la coca¨ªna, el agente repregunt¨® a su contacto y este le indic¨® el sitio exacto donde la hab¨ªa dejado la banda, bajo el asiento del copiloto.

Ahora el ministerio p¨²blico pide una indemnizaci¨®n de 20.000 euros por da?os morales y declara responsable civil subsidiario a la entidad due?a de la finca, Bre?a del Agua Investments SL. Sin embargo, la acusaci¨®n particular ejercida por Clavero y la popular que mantiene Ecologistas en Acci¨®n elevan la gravedad del relato del ministerio p¨²blico. Ambos sostienen que adem¨¢s de una denuncia falsa, formaron una organizaci¨®n criminal al concertarse para urdir el plan, simularon delitos y provocaron la detenci¨®n ilegal de Clavero, que pas¨® una noche en el calabozo. Y consideran que la indemnizaci¨®n debe ser de 70.000 euros.

¡°Clavero fue privado de libertad de manera ilegal durante un d¨ªa y tuvo que asistir engrilletado al registro de su domicilio realizado por ocho guardias civiles ante su mujer y su hija (¡­) Pretend¨ªan perjudicar y denostar su imagen p¨²blica y consideraci¨®n, as¨ª como su honorabilidad y conseguir su encarcelamiento (¡­) La pr¨¢ctica totalidad de los medios de comunicaci¨®n, audiovisuales y escritos, se hicieron eco de la detenci¨®n del representante de Ecologistas en Acci¨®n¡±, reza el escrito de acusaci¨®n de la v¨ªctima del montaje.

El exgerente de la finca y principal implicado, Jos¨¦ Miguel Herrera, llam¨® al jefe de la patrulla del Seprona en Ubrique para avisarle de que ten¨ªa un infiltrado que sab¨ªa que los ecologistas transportaban droga para venderla en unas fiestas locales. El abogado de Clavero, Juan Domingo Valderrama, sospecha que el jefe policial colabor¨® con la banda porque en su atestado inicial no incluy¨® detalles que luego en su declaraci¨®n ante el juez instructor ¨Dque investig¨® la trama¨D s¨ª desgran¨®. ¡°No hizo constar las llamadas previas y me parece que el guardia civil incurri¨® en una ocultaci¨®n total¡±, critica. La Comandancia de la Guardia Civil en C¨¢diz confirma que tras resultar investigado durante la instrucci¨®n, no hubo sanci¨®n disciplinaria y el agente pidi¨® el traslado desde Sierra, en C¨¢diz, hasta Sevilla, que sus superiores le concedieron.

Hasta llegar a la vista oral, los cuatro procesados se han negado a declarar en fase de instrucci¨®n, a pesar de la contundencia de las pruebas en su contra. Mientras, el millonario belga Marnix Galle, propietario de la finca La Bre?a del Agua y otras tres propiedades que suman 2.000 hect¨¢reas en Sierra, echa balones fuera y se considera ajeno a las supuestas maniobras de sus empleados. ¡°Los hechos est¨¢n motivados por la larga disputa entre el antiguo propietario de la finca y el movimiento ecologista local. Nunca he sido llamado por el juez y no soy sospechoso de ning¨²n comportamiento incorrecto¡±, alega por correo electr¨®nico Galle, consejero delegado de Immobel, primera inmobiliaria belga con presencia en seis pa¨ªses, entre ellos Espa?a.

La batalla de Galle por prohibir a los vecinos serranos y activistas el paso por esta v¨ªa pecuaria continu¨® en los tribunales, donde interpuso una demanda civil contra el Ayuntamiento de Grazalema. Sin embargo, el pasado mayo se avino a iniciar una negociaci¨®n con el Consistorio y Ecologistas en Acci¨®n para fijar su trazado definitivo, ahora pendiente de los t¨¦cnicos de la Diputaci¨®n de C¨¢diz, encargados de la topograf¨ªa del camino.

¡°A los implicados los despidieron de la finca, pero con generosas indemnizaciones. Nunca en mi vida se me habr¨ªa ocurrido pensar que iban a intentar hundir mi vida y desactivar a Ecologistas en Acci¨®n. Despu¨¦s de todo, tuvimos mucha suerte porque tanto la reuni¨®n previa como la llamada telef¨®nica clave est¨¢n grabadas por las dos ¨²nicas c¨¢maras de seguridad que hay en el pueblo¡±, relata Clavero a¨²n con asombro.

A la espera de que el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE ratifiquen la Ley de Demandas Estrat¨¦gicas contra la Participaci¨®n P¨²blica conocida como anti-SLAPP (Strategic Lawsuits against Public Participation), este caso demuestra c¨®mo las grandes empresas utilizan cualquier recurso ¨Dtambi¨¦n il¨ªcitos¨D para tumbar a la iniciativa ciudadana que combata sus intereses.

¡°Es una estrategia creciente en el mundo de las demandas estrat¨¦gicas para forzar a los activistas a que se lo piensen dos veces. Sin llegar a los extremos de Latinoam¨¦rica, donde se juegan la vida, estos tipos tendieron una emboscada a Clavero para destrozar su imagen p¨²blica, lo que hicieron fue monstruoso y tendr¨¢n que responder por sus actos¡±, valora Jaime Doreste, abogado de Ecologistas en Acci¨®n en el proceso.