La demolici¨®n del Algarrobico enfrenta de nuevo al Gobierno y la Junta tras el choque por Do?ana
El Ejecutivo de Moreno considera una ¡°deslealtad¡± la v¨ªa de la expropiaci¨®n iniciada por el Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica
![La vicepresidenta tercera y ministra para la Transici¨®n Ecol¨®gica y el Reto Demogr¨¢fico, Sara Aagesen (y el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, al inicio de la reuni¨®n que ambos han mantenido en San Telmo para abordar el acuerdo de Do?ana.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/T7XRMMOY3GAU7QB43H6I2G5X7U.jpg?auth=e38fcc7da05278367374a11f95824ba83ec24adc6be6d1bdb3be83ae02b261dd&width=414)
![Eva Saiz](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F4aad0c57-f8f4-4101-b14a-47afc76a6a88.jpg?auth=23c4ef3d56d09b4dd709c693771fb39bd8df8b29310c10999e1914cc57adb115&width=100&height=100&smart=true)
Cuando parec¨ªan suturar las heridas que el conflicto que la ley de ampliaci¨®n de regad¨ªos en Do?ana abri¨® entre el Gobierno de Espa?a y la Junta de Andaluc¨ªa, otro s¨ªmbolo medioambiental andaluz ¨Den este caso de atentado urban¨ªstico contra un paisaje natural¨D, el hotel del Algarrobico, en el parque natural de Cabo de Gata (Almer¨ªa), ha vuelto a enfrentar a ambas administraciones. El anuncio de la vicepresidenta primera y secretaria general del PSOE andaluz, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, de iniciar los tr¨¢mites de la expropiaci¨®n para acometer su demolici¨®n, ha pillado por sorpresa al Ejecutivo del popular Juan Manuel Moreno, que en estos a?os ha defendido la v¨ªa de la anulaci¨®n de la licencia de obras, que corresponde al Ayuntamiento de Carboneras y que lleva una d¨¦cada sin ejecutar, como la m¨¢s r¨¢pida para acabar con esa construcci¨®n.
¡°Es una deslealtad¡±, se?al¨® el martes la portavoz de la Junta, Carolina Espa?a, sobre la iniciativa del Gobierno, minutos despu¨¦s de que la ministra de Transici¨®n Ecol¨®gica, Sara Aagesen, informara de que el Consejo de Ministros hab¨ªa acordado la declaraci¨®n de utilidad p¨²blica de los terrenos en los que se asienta El Algarrobico, el paso previo para la adopci¨®n del acuerdo de urgente ocupaci¨®n, que iniciar¨ªa los tr¨¢mites hasta la efectiva expropiaci¨®n. El Estado es competente para expropiar el 40% del suelo y del 60% deber¨ªa encargarse la Junta porque ¡°el edificio est¨¢ fuera de dominio p¨²blico, en terrenos privados parcialmente afectados por la servidumbre de protecci¨®n¡±, indic¨® Aagesen, y es el Gobierno andaluz quien puede adentrarse m¨¢s all¨¢ de ese l¨ªmite. Al Ejecutivo de Moreno no le ha gustado verse se?alado en un proceso que, recuerda, inici¨® un Ayuntamiento socialista y que cont¨® con el aval de una Junta que tambi¨¦n dirig¨ªa el PSOE.
Porque en este nuevo frente, m¨¢s all¨¢ de qu¨¦ v¨ªa es m¨¢s expeditiva para hacer desaparecer un edificio que lleva varado en la playa dos d¨¦cadas por la mara?a judicial y la desidia institucional, subyace un pulso pol¨ªtico por qui¨¦n consigue atribuirse el m¨¦rito de haber acabado con esa aberraci¨®n urban¨ªstica. Moreno se hab¨ªa arrogado esa iniciativa e incluso apel¨® a un pacto como el de Do?ana para demoler el Algarrobico, aunque en este tiempo no ha adoptado ninguna medida concreta al respecto. Ahora es Montero, la nueva l¨ªder de la oposici¨®n en la comunidad, quien ha tomado la delantera.
Ambas administraciones han apelado estos d¨ªas al protocolo de protecci¨®n de la playa de Algarrobico que firmaron en 2011 ¨Den el que el Gobierno asume los costes de la demolici¨®n y la Junta los de desescombro y adecuaci¨®n del arenal¨D. El Ejecutivo central, para dirimir all¨ª los pasos a seguir tras el cambio de estrategia para demoler el hotel, y el andaluz, para recordar que, en la ¨²ltima reuni¨®n del comit¨¦ de seguimiento de ese protocolo, de marzo del a?o pasado, la representante del Miteco se posicion¨® a favor de ¡°la necesidad de que recaiga la nulidad de la licencia urban¨ªstica otorgada por el Ayuntamiento de Carboneras, para poder continuar¡± con ¡°la demolici¨®n del edificio¡±, de acuerdo con el acta de ese encuentro.
Esa es la v¨ªa que defiende la Junta de Andaluc¨ªa que ha renunciado a ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre los terrenos que el Tribunal Supremo le reconoci¨® en 2016 y para el que consign¨® 2,3 millones de euros en los juzgados, y a la v¨ªa de la expropiaci¨®n. ¡°Nuestro gabinete jur¨ªdico considera que la f¨®rmula m¨¢s r¨¢pida es la de restablecer la legalidad urban¨ªstica de la playa, que pasa por que el Ayuntamiento cumpla con la sentencia¡±, afirm¨® en mayo del a?o pasado el entonces consejero de Sostenibilidad, Ram¨®n Fern¨¢ndez Pacheco.
En 2021, el TSJA oblig¨® al Ayuntamiento de Carboneras a iniciar el expediente de revisi¨®n de oficio de la nulidad de la licencia de obras, un tr¨¢mite que ha venido incumpliendo desde entonces, pese a los sucesivos ultimatos del alto tribunal, el ¨²ltimo el pasado mes de diciembre. La Junta, que recuerda que el consistorio est¨¢ gobernado por Ciudadanos y PSOE, el mismo partido que otorg¨® la licencia en 2003, calcula que, de cumplirse con la sentencia, el Algarrobico podr¨ªa demolerse en seis meses y duda de que la tramitaci¨®n de la expropiaci¨®n vaya a desarrollarse en los cinco meses que ha fijado el Gobierno, porque entiende que los recursos que pueda interponer la constructora Azata eternizar¨ªan el proceso en los tribunales.
Pero no est¨¢ tan claro que la v¨ªa m¨¢s r¨¢pida sea la de la revisi¨®n de oficio por parte del Ayuntamiento. ¡°Para ello, el consistorio tiene que dictar el acto administrativo, que requiere un dictamen previo del Consejo Consultivo, despu¨¦s exigir a la empresa que asuma la demolici¨®n, esperar dos meses a que cumpla y, si no lo hace, es el Ayuntamiento quien tendr¨ªa que asumir la ejecuci¨®n subsidiaria que tiene un coste inasumible para esa administraci¨®n. Para que ese gasto lo realizar¨¢n el Gobierno y la Junta, se tendr¨ªa que firmar un convenio para darle cobertura jur¨ªdica¡±, indica Roberto Gal¨¢n, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla. Gal¨¢n apunta, adem¨¢s, que en el caso de la expropiaci¨®n, ser¨ªa muy complicado, con todas sentencias que han declarado la ilegalidad del hotel, que un tribunal suspendiera los tr¨¢mites, si Azata llegara a recurrir, y tampoco afectar¨ªa un litigio sobre el justiprecio a pagarle a la empresa, porque tambi¨¦n se dirimir¨ªa por otra v¨ªa.
¡°La opci¨®n del Gobierno parece m¨¢s operativa, pero para ello, lo m¨¢s conveniente ser¨ªa que las dos administraciones fueran de la mano¡±, indica el profesor. De momento, la Junta no se ha pronunciado sobre si, llegado el caso, ella tambi¨¦n acometer¨ªa los tr¨¢mites de la expropiaci¨®n de los terrenos sobre los que tiene competencias.
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