Dos d¨¦cadas y 50 sentencias despu¨¦s, el hotel del Algarrobico sigue en pie

Despu¨¦s de casi dos d¨¦cadas y medio centenar de pronunciamientos judiciales, el esqueleto del hotel del Algarrobico sigue intacto en la playa de Carboneras (Almer¨ªa), en el Parque Natural de Cabo de Gata. La raz¨®n, la negativa del Ayuntamiento de este municipio almeriense, que otorg¨® la licencia para levantar el complejo en 2003, a cumplir con todas las sentencias que han constatado su ilegalidad (20, en total). Ante esta constante obstrucci¨®n, el Tribunal Superior de Justica de Andaluc¨ªa (TSJA) dio esta semana al consistorio un ultim¨¢tum de 10 d¨ªas para que aporte documentaci¨®n que acredite que su Plan General de Ordenaci¨®n Urbana incluye la calificaci¨®n de ¡°suelo no urbanizable y de especial protecci¨®n¡± de la zona donde se levanta el edificio, una obligaci¨®n impuesta en 2016 por el TSJA y ratificada por el Tribunal Supremo en 2018, que no se ha ejecutado en todo este tiempo. En paralelo, este viernes se sentaron en el banquillo los 28 activistas de Greenpeace que hace 10 a?os marcaron el edificio con un punto negro en protesta por que a¨²n se mantuviera en pie. La acusaci¨®n, ejercida por la promotora Azata del Sol, les pide un a?o de c¨¢rcel a cada uno de ellos por un delito de desobediencia.

En la sentencia de 2018 cuyo cumplimiento reclama el TSJA ahora, el Supremo confirmaba otra del alto tribunal andaluz de 2016 y obligaba al Ayuntamiento de Carboneras a clasificar el paraje de El Algarrobico como suelo no urbanizable en su PGOU. Un a?o antes, el TS, tambi¨¦n ratificando otro fallo del TSJA de 2016, establec¨ªa que el enclave es un espacio protegido, no urbanizable, algo que ya hab¨ªa declarado en 2016. ¡°Pero es que ya en 2012 se public¨® en el Bolet¨ªn Oficial de la la Junta una sentencia del TSJA que declaraba El Algarrobico como espacio protegido y que Carboneras no recurri¨®¡±, advierte Jos¨¦ Ignacio Dom¨ªnguez, el abogado de los grupos ecologistas que llevan dos d¨¦cadas luchando contra esta mole. En 2021, el TSJA daba una de cal y otra de arena: obligaba a Carboneras a iniciar el expediente de revisi¨®n de oficio de la licencia, pero negaba la posibilidad de demoler el edificio mientras ese t¨ªtulo no se anulara.

¡°El Ayuntamiento tiene el firme compromiso de acatar las sentencias¡±, asegura en conversaci¨®n telef¨®nica el alcalde de Carboneras, Salvador Hern¨¢ndez. El regidor de Ciudadanos explica que su intenci¨®n es que ¡°en el pleno en el que se aprueben los Presupuestos municipales se inicien los tr¨¢mites para la revisi¨®n de oficio de la licencia y se realice una declaraci¨®n en la que se reconozca que los terrenos no son urbanizables¡±. Ese pleno, de acuerdo con Hern¨¢ndez, tendr¨¢ que esperar a que se subsane la falta de secretario general en el consistorio, un tr¨¢mite que, si se cumplen los plazos, retrasar¨ªa el acatamiento de las sentencias pendientes hasta junio.

Hasta ahora, el Ayuntamiento de Carboneras ¨Ddonde en este tiempo han gobernado socialistas, independientes y el PP, hasta que hace unas semanas fue apeado por una moci¨®n de cenSola presentada por PSOE y Ciudadanos¨D no ha cumplido ninguno de estos mandatos judiciales. ¡°Es una tomadura de pelo intolerable¡±, sostiene Dom¨ªnguez. Es la vigencia de la licencia la que impide que puedan entrar las m¨¢quinas a demoler ese mamotreto de 21 plantas y 411 habitaciones, que es en un icono del urbanismo salvaje y especulativo, pese a que estas y otras muchas sentencias han confirmado que la mole es ilegal por haberse levantado dentro del Parque Natural Cabo de Gata, en terreno no urbanizable, y por estar construido a 14 metros del mar, vulnerando la Ley de Costas.

El ¨²ltimo fallo relevante emitido por el TS en 2022 establece que, en tanto que el Ayuntamiento de Carboneras no cumpla con la sentencia de 2018 que le obligaba a modificar su normativa urban¨ªstica, los terrenos siguen siendo urbanizables. ¡°El Ayuntamiento tiene dos opciones: anular la licencia directamente, como le exige la sentencia de 2021, o modificar primero el PGOU y luego anular la licencia, como le ha demandado esta semana el TSJA, pero no hace nada¡±, explica el abogado. Para soslayar esa reticencia a revisar de oficio su PGOU ¡ªcon el PP se llev¨® a pleno, pero el PSOE se opuso¨D, Greenpeace ha decidido llevar esta mara?a judicial interminable hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El pasado febrero present¨® un recurso contra el fallo del Supremo de 2022, alegando que no se puede supeditar una sentencia firme a la voluntad de un ayuntamiento de cumplirla y advirtiendo de que, de facto, el PGOU pod¨ªa considerarse anulado desde 2012, cuando la sentencia del TSJA declar¨® al Algarrobico espacio protegido. ¡°Cuando una sentencia modifica una norma de car¨¢cter general, como el PGOU, y se le da publicidad, se considera que ya est¨¢ modificada¡±, sostiene el abogado de Greenpeaca.

Los acusados niegan haber realizado la pintada

Hasta ahora, como reconoce Dom¨ªnguez, la ¨²nica decisi¨®n judicial que ha tenido efecto real fue la paralizaci¨®n cautelar decretada por un juzgado de primera instancia de Almer¨ªa en 2006. El 23 de febrero de aquel a?o se paraliz¨® cualquier actividad f¨ªsica en el recinto, y empez¨® a moverse la maquinaria judicial. Pero los tribunales no han sido el ¨²nico frente de los ecologistas ¨Daunque al final todo confluya en ellos¨D. Greenpeace ha liderado decenas de acciones para llamar la atenci¨®n sobre la ilegalidad del hotel y la abulia de las administraciones para borrarlo del enclave natural.

Una de ellas tuvo lugar el 11 de mayo de 2014, cuando 28 activistas se?alaron con un punto negro el edificio en la que se pod¨ªa leer ¡°Hotel Ilegal¡±. Este viernes, 10 a?os despu¨¦s, se ha iniciado el juicio contra todos ellos por delitos de da?os y desobediencias, a instancias de la promotora, Azata del Sol. Aunque la Fiscal¨ªa pidi¨® el sobreseimiento y el archivo del caso, la acusaci¨®n reclama pena de prisi¨®n de un a?o para cada uno de ellos y 24 meses de multa. Durante la primera sesi¨®n, los acusados han reconocido que participaron en la protesta, pero que no formaron parte del grupo de personas que hizo la pintada y accedi¨® al edificio. Otra de las l¨ªneas de la defensa ha sido alegar que no se puede da?ar lo que est¨¢ en ruinas, ha explicado a este diario Luis Berraquero, responsable de Greenpeace en Andaluc¨ªa.

Otras opciones que la Junta no explora

Mientras el Ayuntamiento no mueva ficha, en teor¨ªa tampoco pueden hacerlo ni el Gobierno central ni la Junta de Andaluc¨ªa, que en 2011 suscribieron un acuerdo por el que el primero asum¨ªa los gastos del derribo y el segundo el coste el de la restauraci¨®n de la zona. El presidente andaluz, el popular Juan Manuel Moreno, ha hecho del derribo del Algarrobico una prioridad para cimentar su perfil de defensor del medio ambiente, pero que qued¨® en evidencia con el apoyo a la ley de ampliaci¨®n de regad¨ªos de Do?ana. Para ese fin ha reservado en los presupuestos una partida de poco m¨¢s de un mill¨®n de euros. ¡°Eso es pura demagogia, porque la Junta, si quisiera, tambi¨¦n podr¨ªa impulsar su desaparici¨®n¡±, puntualiza Dom¨ªnguez.

As¨ª se lo traslad¨® Berraquero este jueves al consejero de Medio Ambiente, Ram¨®n Fern¨¢ndez-Pacheco, durante una reuni¨®n en la que abordaron el hotel del Algarrobico. ¡°Esta es una situaci¨®n parecida a la de Do?ana, tantos a?os perdidos est¨¢n suponiendo un coste tremendo y hay que hacer cosas proactivas, no bastan las buenas palabras ni los gestos reservar un mill¨®n de euros¡±, explica Berraquero a este diario. El Gobierno andaluz tiene, seg¨²n le traslad¨® el activista al consejero dos v¨ªas para ello.

Por una parte, ejecutar el derecho de retracto sobre los terrenos del Algarrobico que le reconoci¨® el Supremo en 2016, de nuevo confirmando otra sentencia del TSJA de 2013. ¡°Esto permite a la Junta abonar la cantidad que pag¨® el comprador por la compra de un terreno en el parque natural¡±, explica Dom¨ªnguez. El problema es que con esta maniobra la administraci¨®n adquiere la propiedad, pero no la posesi¨®n, que sigue en manos de Azata del Sol. ¡°Para ello tendr¨ªan que iniciar un pleito por lo civil, pero la Junta, pese a haber depositado el dinero de la compra, que son unos 2,3 millones de euros, no ha hecho nada¡±, contin¨²a. La otra v¨ªa es hacer uso de la expropiaci¨®n que recoge una de las leyes estrella del Ejecutivo de Moreno, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio. ¡°Hay un art¨ªculo pensado para moles como la del Algarrobico construidas de manera manifiestamente ilegal, pero tampoco la ha puesto en marcha¡±, explica Dom¨ªnguez.

Uno de los motivos que el abogado cree que puede justificar todos los incumplimientos del Ayuntamiento es el miedo a las indemnizaciones, pese a que la Audiencia Nacional ha reiterado en dos ocasiones que Azata del Sol no tiene derecho a compensaci¨®n econ¨®mica porque conoc¨ªa de la ilegalidad de la licencia. Esos fallos han sido recurridos ante el Supremo ¡ªlos recursos tanto del Ayuntamiento como de la promotora tambi¨¦n explican tanto tiempo perdido¨D. Esos procedimientos son los que siguen a¨²n abiertos, junto con la ejecuci¨®n de la sentencia de 2018 para modificar el PGOU, que ahora reclama el TSJA, la anulaci¨®n de la licencia, impuesta por el TSJA en 2021 y una anulaci¨®n de un amago de modificaci¨®n del PGOU, que llev¨® acabo el anterior gobierno municipal del PSOE en un pleno convocado en abril de 2023, solo 48 horas despu¨¦s de que el alto tribunal andaluz amenazara al alcalde con multas de 700 euros cada 20 d¨ªas si no cumpl¨ªa con las sentencias sobre el Algarrobico. ¡°Se anul¨® porque se estipulaba que se clasificaban los terrenos como protegidos por efectos sobrevenidos, cuando una sentencia de 2012 ya hab¨ªa declarado que estaban protegidos desde 1994. El TSJA lo anul¨® y nos devolvi¨® a la casilla de salida, pero es que la Junta ahora ha vuelto a pedir que se anule lo que ya se ha declarado anulado¡±, indica Dom¨ªnguez.

Es el pen¨²ltimo ejemplo de los rocambolescos giros judiciales para tratar de derribar ese esperpento medioambiental a cuya construcci¨®n no han renunciado los promotores. ¡°Las tres gr¨²as que siguen en pie son el s¨ªmbolo de que quieren seguir con la obra¡±, advierte Dom¨ªnguez.

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