La justicia cierra la v¨ªa penal a los Franco en su querella contra Mediaset, periodistas e investigadores

La Audiencia de Madrid pone fin a la guerra que declararon por la v¨ªa penal los nietos de Franco contra Mediaset Espa?a, SA, y contra todos los periodistas e investigadores que trabajaron en el reportaje La herencia de Franco, emitido el 23 de julio de 2018 dentro del programa En el punto de mira. La secci¨®n segunda del tribunal provincial desestima en un auto de seis folios fechado el pasado 30 de diciembre el recurso de apelaci¨®n presentado por seis de los hermanos Mart¨ªnez-Bordi¨² contra el sobreseimiento provisional de su querella hace medio a?o. Aquella decisi¨®n la hab¨ªa tomado la titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 39 de Madrid, Bel¨¦n S¨¢nchez Hern¨¢ndez, y ahora la apuntala definitivamente la Audiencia, por lo que queda archivado el caso penal, sin posibilidad de recurso, de las supuestas calumnias e injurias que seg¨²n la familia se vert¨ªan en aquel espacio televisivo dedicado a diseccionar los or¨ªgenes del abultado patrimonio familiar.

Los magistrados respaldan el auto de la juez de Instrucci¨®n y apelan al art¨ªculo 20.1 de la Constituci¨®n, el que que protege el derecho a ¡°expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducci¨®n¡±. Para la Audiencia, la aplicaci¨®n del tipo penal a la hora de considerar si se incurre en delito ¡°no debe resultar ni desalentadora del ejercicio de las libertades de expresi¨®n e informaci¨®n, ni desproporcionada y ce?ida al campo que la propia Constituci¨®n ha dejado fuera del ¨¢mbito protegido por el art¨ªculo 20.1¡å. Su ¡°notoria amplitud, seg¨²n se trate de libertad de expresi¨®n, o de libertad de informaci¨®n¡±, concluye el auto al que ha tenido acceso EL PA?S, ¡°amparan o propician no ya la emisi¨®n de determinados juicios personales y subjetivos, creencias, pensamientos y opiniones como las que se recogen en el reportaje denunciado, sino la narraci¨®n de determinados hechos que contiene aquel¡±.

¡°As¨ª, el examen de los hechos instruidos arroja necesariamente una suerte de encuadre de periodismo de denuncia¡±, definen los magistrados. ¡°Resulta criterio asentado por el Tribunal Supremo que las libertades de expresi¨®n y/o informaci¨®n comprenden la cr¨ªtica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige¡±, recuerdan por ¨²ltimo en su respuesta judicial a los Franco.

La querella se dirig¨ªa contra Mediaset, en la persona de su representante legal, y contra los directores del programa, Juan Serrano y Lorena Correa. Tambi¨¦n contra los reporteros Pablo de Miguel, Juan Carlos Gonz¨¢lez y Carla Sanz; y los llamados a participar en calidad de expertos en el patrimonio atesorado por el dictador. Estos eran el investigador Carlos Bab¨ªo ¡ªcoautor del libro Meir¨¢s, un pazo, un caudillo, un espolio y testigo clave del juicio que devolvi¨® el palacete gallego al Estado¡ª y los periodistas Mariano S¨¢nchez Soler ¡ªautor de La Familia Franco, SA y de Los ricos de Franco¡ª, Javier Otero Bad¨¢, que sac¨® a la luz documentaci¨®n bancaria del dictador, y Jimmy Jim¨¦nez-Arnau (exmarido de Mar¨ªa del Mar Merry Mart¨ªnez-Bordi¨², nieta de Franco y tambi¨¦n querellante).

La Audiencia declara ahora de oficio las costas de la alzada. El mismo programa y los mismos participantes fueron reclamados en su d¨ªa por la v¨ªa civil y la v¨ªa penal. El pasado junio se celebraba el juicio por la demanda civil y la jueza correspondiente dictaba sentencia a favor de Mediaset, SA, sus periodistas y los investigadores invitados. En el plazo de una semana, sin que llegase el caso a juicio, la instructora de la v¨ªa penal acordaba el archivo provisional. En ninguno de los dos caminos los Franco eran condenados al pago de las costas, algo que varios de los denunciados criticaron porque, seg¨²n su criterio, eso alentar¨ªa a los herederos del caudillo a seguir judicializando casos de libre expresi¨®n en los medios.

En el auto que ahora la Audiencia de Madrid confirma, la jueza Bel¨¦n S¨¢nchez llegaba a la conclusi¨®n de que ¡°gran parte del contenido¡± del programa objeto de querella se centraba ¡°en la persona de Francisco Franco y no en los querellantes¡±. ¡°Se hace referencia en la querella a los comentarios realizados en cuanto a la forma en que aquel hizo su fortuna, durante y despu¨¦s de la Guerra Civil; y en cuanto al pazo de Meir¨¢s, a las extorsiones a los vecinos, a los que hicieron abandonar sus casas¡±, describ¨ªa la magistrada. En el programa, explicaba la instructora, se hablaba adem¨¢s de ¡°las coacciones llevadas a cabo por el dictador, utilizando su poder, para hacerse con varias propiedades en el territorio nacional, como el palacio de Cornide [en la ciudad de A Coru?a] y otros¡±. ¡°En la mayor¨ªa de los casos¡± y ¡°en la mayor parte de las intervenciones realizadas en el programa¡±, esgrim¨ªa la instructora, los comentarios no se refer¨ªan ¡°a los ahora querellantes, sino a otras personas ya fallecidas¡±. Esta, a su juicio, era una de las razones por la que no cab¨ªan en este caso los delitos de injurias y calumnias contra los hermanos Mart¨ªnez-Bordi¨² Franco.

Otras expresiones, referidas directamente a los nietos del dictador, no ten¨ªan ¡°la entidad suficiente para ser constitutivas de los delitos de injurias y calumnias¡±, seg¨²n la responsable del juzgado de Instrucci¨®n 39 de Madrid. Entre estos comentarios recogidos en el espacio televisivo, los abogados de la familia Franco citaban, por ejemplo, el de que ¡°los nietos han puesto a la venta el pazo [de Meir¨¢s], algo que no es suyo¡±, o el de que ¡°con la recalificaci¨®n de una finca se llevaron muchos millones¡±. Tambi¨¦n se hablaba de sus ¡°grandes negocios al modo de un holding¡± y de la ¡°herencia millonaria¡± repartida. En el caso concreto de una propiedad de Francis Franco, un participante dec¨ªa que ¡°se tuvo que desahuciar a familias en M¨¢laga¡±, con ¡°excusas de que iban a hacer reformas¡±. ¡°La voluntad de informar y, en su caso, criticar una situaci¨®n concreta en relaci¨®n con el origen del patrimonio¡±, recalcaba a los Mart¨ªnez-Bordi¨² Franco la jueza, est¨¢n amparadas por ¡°el derecho a la libertad de expresi¨®n y a la informaci¨®n, recogidos en la Constituci¨®n Espa?ola¡±.