El Gobierno recurre el decreto de Camps que permite los derribos en El Cabanyal

El Ministerio de Cultura tiene competencias plenas para dictaminar que el plan urban¨ªstico del barrio valenciano de El Cabanyal, que prolonga una de las grandes avenidas de la ciudad hasta el mar a costa del derribo de parte de su trama hist¨®rica, supone un expolio al patrimonio hist¨®rico. As¨ª lo establece el informe del Consejo de Estado pedido por el Gobierno y as¨ª lo defender¨¢ el recurso de inconstitucionalidad que ha decidido presentar el Ejecutivo contra el decreto ley que aprob¨® el Gobierno valenciano para intentar burlar la suspensi¨®n del plan. La presentaci¨®n del recurso por el conflicto de competencias con el Consell de Francisco Camps incluir¨¢ la petici¨®n de que se suspenda el decreto ley valenciano, y en consecuencia la ejecuci¨®n del plan municipal, mientras el Tribunal Constitucional decide.

El Gobierno entiende que el decreto ley aprobado contra la orden ministerial de suspensi¨®n del plan "menoscaba las competencias sobre protecci¨®n contra el expolio del patrimonio hist¨®rico que corresponden al Estado". No se justifica "la extraordinaria y urgente necesidad" que exige la Constituci¨®n para aprobar un decreto ley, sostiene el Ejecutivo. Adem¨¢s, infringe "las exigencias de la seguridad jur¨ªdica" al convalidar con car¨¢cter retroactivo el plan que impulsa la alcaldesa Rita Barber¨¢.

El departamento que dirige ?ngeles Gonz¨¢lez-Sinde suspendi¨® a principios de mes el plan municipal de derribar m¨¢s de 450 edificios en El Cabanyal por suponer un expolio del patrimonio hist¨®rico. En contestaci¨®n, el Ejecutivo valenciano aprob¨® un decreto ley para invalidar la orden ministerial y permitir a la alcaldesa de Valencia, Rita Barber¨¢, continuar con el proyecto, que se aprob¨® en 2001. El Gobierno espa?ol anunci¨® poco despu¨¦s la presentaci¨®n de un recurso ante el Tribunal Constitucional para el que primero era necesario el dictamen del Consejo de Estado analizado esta ma?ana en el Consejo de Ministros.

Horas antes, el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, ha comentado el informe del Consejo de Estado. El documento niega la "urgencia" y "necesidad" para que el Consell aprobase un decreto ley. "Es patente las vulnerabilidad de los supuestos invocados por la Generalitat", dice el texto. Y va m¨¢s all¨¢. "La existencia o no de expoliaci¨®n es algo que compete a la Administraci¨®n General del Estado, de modo que la Generalitat no puede pretender que el Estado carezca de atribuciones", seg¨²n Peralta. El delegado del Gobierno ha recordado, citando de nuevo el dictamen, que en este conflicto no se trata de jerarqu¨ªas de un decreto ley sobre una orden ministerial, sino de competencias. "Y el ministerio la ten¨ªa y la Generalitat, no", ha destacado. "Desde luego el decreto ley (de la Generalitat Valenciana) carece de competencia y legitimidad para declarar y ordenar" que el plan municipal "no podr¨¢ verse menoscabado por los actos o acuerdos de otras administraciones p¨²blicas". El dictamen, elaborado por la Comisi¨®n Permanente del Consejo de Estado, ha sido aprobado por unanimidad.

El Consell, por boca del vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, ha criticado antes de conocerse la decisi¨®n del recurso contra el decreto la "agresi¨®n" del Ejecutivo frente a las "leg¨ªtimas competencias" de los valencianos, y ha criticado que se quiera "atentar" contra el "leg¨ªtimo y estatutario derecho" de los valencianos a ejercer sus competencias. El vicepresidente ha adelantado que van a poner "a disposici¨®n de la legitimidad de los derechos" del Gobierno de la Generalitat todos los medios jur¨ªdicos para defender sus derechos y competencias, en defensa del "progreso de la ciudad de Valencia" y de un "avance evidente" que tiene "un apoyo mayoritario dentro del barrio".

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, ha afirmado tras conocerse la decisi¨®n del Ejecutivo que es "el mayor ataque a los valencianos desde que Felipe V aboli¨® los fueros". La alcaldesa de Valencia, Rita Barber¨¢, tambi¨¦n ha reaccionado al anuncio del recurso, que considera "claramente de injerencia, invasi¨®n y abuso de poder". La alcaldesa ha afirmado que el Gobierno "utiliza todos los instrumentos de la Administraci¨®n del Estado al servicio de su conveniencia sin el m¨¢s m¨ªnimo rubor", pero ha sentenciado que va a seguir adelante "agarrada a las competencias que tienen Ayuntamento y Generalitat".

Por su parte, la plataforma vecinal Salvem El Cabanyal, que defiende desde hace una d¨¦cada que se rehabilite el barrio en vez de destruir casas para una avenida, ha solicitado al Ayuntamiento que suspenda todas las actuaciones del plan. Especialmente el tr¨¢mite de expropiaci¨®n de viviendas en la calle de San Pedro, para el que han sido citados ya varios vecinos. Un juzgado aval¨® recientemente varias licencias de derribos en esa calle por estar situada fuera de la zona declarada Bien de Inter¨¦s Cultural (BIC), pero la orden del ministerio abarca tambi¨¦n el resto de actuaciones del plan municipal. Los vecinos preparan una manifestaci¨®n para el domingo en defensa de un nuevo plan que implique la demolici¨®n de viviendas.