Y a los usuarios... ?qui¨¦n les ampara?

Esto de las diferencias horarias hace que nos desayunemos con los restos de la leg¨ªtima protesta en la red contra la SOPA y la PIPA y nos cenemos con la orden de cierre de Megaupload. Las redes sociales, que si de algo van sobradas es de guasa sandunguera, mientras observaban los ataques DOS de Anoymous como quien come pipas en el f¨²tbol, se compadec¨ªan por el infinito n¨²mero de familiares que van a tener que volver a hacer de la conversaci¨®n una actividad cotidiana. Dentro del terreno de la especulaci¨®n futurista sobre qu¨¦ va a ser del universo conocido sin Megaupload, se encuentra la pregunta de sus usuarios de pago sobre qu¨¦ va a pasar con sus contenidos leg¨ªtimos almacenados en esa nube y de c¨®mo los van a recuperar junto con el pago adelantado de unos servicios que no van a recibir. Y hablo de especulaci¨®n porque en este caso se dan variables que, por el momento, no permiten una contestaci¨®n sencilla. Por un lado, nos encontramos con un fen¨®meno parecido al de Forum Filat¨¦lico: un juez penal decide imputar a los gestores de una empresa por una serie de delitos que, de facto, cierran la empresa de manera inmediata, pero no se ocupa de los efectos colaterales, esto es, de qui¨¦n la va a gestionar y de qu¨¦ va a pasar con sus clientes, su dinero y sus propiedades. Por el otro, nos encontramos con que el juez del caso (el Gran Jurado) no est¨¢ en la calle G¨¦nova de Madrid, sino en Alexandria, Virginia, sede de Carpathia, uno de los principales proveedores de almacenamiento de Megaupload, hecho este usando para reclamar la jurisdicci¨®n del caso.

Y de pronto todos tenemos que especializarnos en derecho estadounidense para saber c¨®mo y a qui¨¦n reclamar cuando la empresa con la que contratamos sigue existiendo en la teor¨ªa de los documentos legales pero ha quedado inoperativa por causas "ajenas a su voluntad": sus gestores detenidos o en busca y captura, sus sedes digitales (los dominios desde los que operaban) y sus bienes embargados, y los contenidos y el dinero de los clientes en el limbo legal, ese adonde van los muertos por hachazo judicial hasta que alguien decida que hacer con ellos. Hacer recomendaciones que vayan m¨¢s all¨¢ de localizar las condiciones de contrataci¨®n, los justificantes de pago y volver a iniciar la pesada pero imprescindible pr¨¢ctica de tenerlo todo redundado.

Lo que si es cierto es que el consumidor final de los productos de Internet, a diferencia de los de inversiones en sellos, va a tener que acostumbrarse a analizar los riesgos legales de quedar fuera de la protecci¨®n de los tribunales espa?oles.

Mientras aprendemos a leernos y guardarnos las condiciones de uso, deber¨ªamos empezar a considerar y hacer considerar a nuestros gobiernos y legisladores el problema que supone que la jurisdicci¨®n americana y sus leyes se hayan convertido en una jurisdicci¨®n universal en los temas de Internet. Muchos son los culpables, empezando por las instituciones europeas que no han conseguido arrancar la gesti¨®n de la DNS y de los registros de dominios de EE UU o de las empresas que contin¨²an usando infraestructuras o dise?os de hace 30 a?os, permitiendo que la gesti¨®n t¨¦cnica de la red y sus servicios sea estadounidense. Si las cuestiones de Internet requieren de esta universalidad jurisdiccional, no es aceptable que pivoten alrededor de la legislaci¨®n de un solo pa¨ªs.