El Constitucional avala el env¨ªo de los ¡®papeles de Salamanca¡¯ a Catalu?a

Se acab¨® el litigio por los papeles de Salamanca. El Tribunal Constitucional ha dado la puntilla definitiva a uno de los asuntos que m¨¢s pol¨¦mica despert¨® a prop¨®sito de algo de apariencia tan inocente como unos documentos. En una sentencia del pasado 31 de enero de la que ha sido ponente el magistrado Pablo P¨¦rez Tremps, se desestima el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Castilla y Le¨®n contra varios art¨ªculos de la ley de 2005, que contemplaba la restituci¨®n a la Generalitat de Catalu?a de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil, y que durante la dictadura franquista fueron depositados en Salamanca. Esta documentaci¨®n, en el momento de la devoluci¨®n, estaba custodiada en el Archivo de la Guerra Civil. La misma ley recurrida contemplaba la conversi¨®n de este archivo en el Centro Documental de la Memoria Hist¨®rica, como as¨ª ocurri¨®.

El alto tribunal considera que la norma persegu¨ªa "una finalidad razonable" y "no se muestra desprovista de todo fundamento". Aunque pueda discreparse de la soluci¨®n planteada, el fallo concluye que no puede calificarse de "arbitraria la transferencia de la documentaci¨®n ope legis [de pleno derecho] a Catalu?a frente al restablecimiento de un procedimiento distinto para el resto de las Comunidades Aut¨®nomas".

El Ayuntamiento de Salamanca, cuyo alcalde es Alfonso Fern¨¢ndez Ma?ueco, tambi¨¦n secretario general del PP en Castilla y Le¨®n, considera que el traslado a Catalu?a de los documentos "no ha cumplido la ley". El consistorio salmantino "acatar¨¢ la sentencia", pese a que en este asunto "no se cumplen los requisitos establecidos en la propia ley para su devoluci¨®n", ha explicado la instituci¨®n en una comunicaci¨®n. En su comunicado ha invocado a Montesquieu para decir: "Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa".

Razonamientos de la Junta

En su recurso, la Junta de Castilla y Le¨®n planteaba, entre otros razonamientos, que la restituci¨®n da?aba la integridad del archivo ("se ve seriamente mutilado convirti¨¦ndose en un archivo parcial o un almac¨¦n parcial de restos documentales") salmantino y supon¨ªa "una expoliaci¨®n al suponer la perturbaci¨®n del cumplimiento de la funci¨®n social que a los fondos y al Archivo General de la Guerra Civil les corresponde".

La sentencia del Constitucional llega poco m¨¢s de un a?o despu¨¦s de que el Tribunal Supremo diese otro varapalo a la administraci¨®n de Castilla y Le¨®n, que no se ahorr¨® llamar a la puerta de cuanta instancia judicial -y con cuanto argumento jur¨ªdico encontr¨®- para tratar de revertir la salida de material hacia Catalu?a. En noviembre de 2011, el Supremo dio la raz¨®n al Ministerio de Cultura, que se hab¨ªa negado a declarar Bien de Inter¨¦s Cultural (BIC) el edificio donde est¨¢ el archivo (el Colegio de San Ambrosio). Esta petici¨®n ten¨ªa como finalidad proteger la integridad del archivo e impedir la salida de documentaci¨®n.

Tambi¨¦n la Audiencia Nacional aval¨® a finales de 2008 el env¨ªo de documentos y rechaz¨® la petici¨®n del Ayuntamiento de Salamanca para anularla. En aquella resoluci¨®n tambi¨¦n rechazaba presentar una cuesti¨®n ante el Tribunal Constitucional al considerarla que se ajustaba a la Carta Magna.

El retorno de papeles a Catalu?a se supervis¨® por una comisi¨®n mixta -y fue avalado por el Patronato del Centro Documental de la Memoria Hist¨®rica- y se realiz¨® en varias entregas. En los ¨²ltimos a?os, adem¨¢s de documentos oficiales han salido legajos de propietarios catalanes particulares y organizaciones sindicales y pol¨ªticas. De todo el material hay copia digitalizada en el Centro Documental de la Memoria Hist¨®rica de Salamanca, que en los ¨²ltimos a?os ha engrosado sus fondos con colecciones y archivos destacados de la ¨¦poca de la Rep¨²blica, la Guerra Civil y la dictadura.

Tras la aprobaci¨®n de la ley en 2005, el traslado de los papeles a Catalu?a se convirti¨® en una gran bronca pol¨ªtica entre administraciones y partidos, que utilizaron la movilizaci¨®n social para tratar de influir en las decisiones. La pugna ha sido tal que en los ¨²ltimos a?os se han sucedido reiteradamente fallos judiciales (casi siempre a favor de la devoluci¨®n de los documentos), pero la trascendencia de la sentencia dictada por el Constitucional podr¨ªa ser el punto final a la batalla.