Toros en Catalu?a: mirando al Constitucional
La aprobaci¨®n definitiva de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para declarar la fiesta Bien de Inter¨¦s Cultural llevar¨ªa a una competencia compartida Estado/autonom¨ªas No supondr¨ªa la derogaci¨®n inmediata de la decisi¨®n del Parlamento catal¨¢n, que prohibi¨® las corridas
La admisi¨®n a tr¨¢mite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regulaci¨®n de la fiesta de los toros como Bien de Inter¨¦s Cultural es, sin ninguna duda, una buena noticia para la tauromaquia. En un momento de grav¨ªsima crisis econ¨®mica y art¨ªstica que se ceba sin piedad contra el espect¨¢culo taurino es de extraordinaria importancia de los poderes p¨²blicos adquieran compromisos para el fomento y el desarrollo de la fiesta de los toros.
Nadie puede ni debe negar que los toros forman parte del patrimonio hist¨®rico y cultural de este pa¨ªs, y suponen en s¨ª mismos una actividad econ¨®mica y empresarial que produce riqueza y empleo. Solo por eso, y nada menos que por eso, merecen que el Estado vele por ellos y los proteja.
Se entiende, pues, que el sector exprese su contento por lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados, pues si la ILP sale finalmente adelante, como parece previsible, algo bueno supondr¨¢ para la fiesta, tan acostumbrada desde hace a?os al silencio y la soledad de las administraciones p¨²blicas.
A partir de aqu¨ª, todo lo que se afirme est¨¢ m¨¢s relacionado con la quimera que con la realidad. Decir, como se ha repetido, que la ILP supondr¨¢ la vuelta de los toros a Catalu?a es mucho decir. Es m¨¢s, la opini¨®n jur¨ªdica m¨¢s extendida es que no volver¨¢n haya o no una nueva ley que proteja la fiesta de los toros.
Lo que parece claro, en primer lugar, es que la ILP plantea un problema cargado de complejidad y de muy dif¨ªcil soluci¨®n. Supondr¨ªa, primero, que el Estado central -el Gobierno, en este caso- recuperar¨ªa las competencias taurinas, lo que no significa que quedan derogadas las competencias auton¨®micas. Como ¡®competencias compartidas¡¯ las ha calificado el Tribunal Constitucional en otros casos parecidos. Es decir, que el Gobierno podr¨¢ legislar, pero no imponer.
En consecuencia, mantiene su validez la prohibici¨®n catalana, como ser¨ªa igualmente v¨¢lido que otra comunidad decidiera optar por el camino del Parlament.
Llegado a este punto, la eficacia de la ILP estar¨ªa supeditada al color del gobierno de cada momento hist¨®rico y de su capacidad e inter¨¦s para negociar con las distintas autonom¨ªas.
Sea como fuere, la ILP que se tramitar¨¢ en las c¨¢maras ser¨¢ un bal¨®n de ox¨ªgeno para la fiesta, pero no un b¨¢lsamo de fierabr¨¢s para los muchos males que le aquejan. Los toros, con ayuda oficial o sin ella, tendr¨¢n que ganarse por s¨ª mismos su sitio en la sociedad. La ILP no ser¨¢ nunca la soluci¨®n que necesitan.
Por cierto, los toros solo podr¨ªan volver a Catalu?a si el Tribunal Constitucional acepta el recurso de inconstitucionalidad que present¨® el Partido Popular contra la prohibici¨®n, cuya ponente es la jurista Encarna Roca, propuesta por CiU, que es una formaci¨®n pol¨ªtica que ha demostrado escaso apego a la fiesta.
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