La ley de los secretos para siempre

Los historiadores brit¨¢nicos pueden hurgar en los papeles m¨¢s escondidos de la guerra de las Malvinas (1982) ¡ªacaban de salir a la luz los documentos privados que Margaret Thatcher conserv¨® y que prueban las disensiones en el seno de los conservadores¡ª pero los espa?oles no pueden ni echar un ojo a documentos de guerras bastantes anteriores, como la de Ifni (1957-58) o el conflicto civil de 1936-39, que se custodian en archivos militares y que en su d¨ªa fueron clasificados por tratarse de informaci¨®n sensible.

La anterior ministra de Defensa, Carme Chac¨®n, trat¨® de remediar en parte esta opacidad al proponer la desclasificaci¨®n de 10.000 documentos, relativos a episodios comprendidos entre 1936 y 1968, que ya no representaban riesgo alguno para la seguridad del Estado. Los papeles se refer¨ªan a aspectos como los campos de concentraci¨®n y batallones de trabajo creados por el r¨¦gimen franquista al inicio de la posguerra, la pol¨ªtica del Protectorado espa?ol en Marruecos, proyectos para la construcci¨®n de armamento anteriores a 1968, la organizaci¨®n de unidades militares durante la Guerra Civil, operaciones en Sidi Ifni, dotaciones de buques de guerra italianos y alemanes durante la Segunda Guerra Mundial en puertos espa?oles o planes de fortificaciones en Baleares y Ceuta, entre otros.

Su iniciativa no lleg¨® a buen puerto ya que las elecciones generales frustraron que el asunto llegase al Consejo de Ministros, si bien el procedimiento qued¨® listo, seg¨²n fuentes del anterior equipo de Defensa. ¡°El trabajo interno se dej¨® hecho¡±, indicaron, antes de achacar a una cuesti¨®n de ¡°calendario¡± la paralizaci¨®n de la medida.

El t¨ªmido af¨¢n de transparencia hist¨®rica se agu¨® en la actual legislatura. ¡°El nuevo ministro entrante, Pedro Moren¨¦s, no necesit¨® mucho tiempo para decidir que, si el PSOE no hab¨ªa considerado oportuno desclasificarlos, no ser¨ªa ¨¦l quien decidiera hacerlo¡±, se?ala Francisco Espinosa, uno de los tres historiadores, junto a Mirta N¨²?ez D¨ªaz-Balart y Manuel ?lvaro N¨²?ez, que solicitaron a Defensa el acceso a toda la informaci¨®n en junio de 2012. No estaban solos, respaldaban su petici¨®n un centenar de historiadores y juristas, incluidos Paul Preston, Josep Fontana, ?ngel Vi?as, Carlos Jim¨¦nez Villarejo, Matilde Eiroa, Ricardo Robledo o Ana Mart¨ªnez Rus.

El intercambio burocr¨¢tico entre Defensa y los historiadores, asesorados por Eva Moraga, abogada experta en acceso a la documentaci¨®n p¨²blica, concluy¨® finalmente a comienzos de este a?o con un acuerdo de la Secretar¨ªa General T¨¦cnica de Defensa, que inadmit¨ªa el recurso de alzada de los historiadores Espinosa, N¨²?ez y ?lvaro al considerar que se dirig¨ªa contra un escrito que no era objeto de impugnaci¨®n. Con ¨¦l se cierra, al menos de momento, la posibilidad de que los historiadores puedan acceder a toda esa documentaci¨®n para sus proyectos de investigaci¨®n sobre el siglo XX espa?ol. Solo cabr¨ªa un recurso contencioso-administrativo, que no est¨¢ claro que vaya a ser interpuesto de momento. ¡°Tendremos que reunirnos y ver qu¨¦ se puede hacer a partir de ahora porque es incre¨ªble que existan reparos para que podamos investigar en determinadas ¨¢reas¡±, se?ala Mirta N¨²?ez, directora de la c¨¢tedra de Memoria Hist¨®rica de la Universidad Complutense. La negativa del actual equipo de Defensa a liberar del apartado de material secreto a esos 10.000 documentos se trasluce del texto en el que rechazaron el recurso de alzada.

Por un lado afirman que no existi¨® tal informe a favor de la desclasificaci¨®n de la etapa de Carme Chac¨®n: ¡°No exist¨ªa ninguna exteriorizaci¨®n formalizada por parte de los sucesivos responsables del Ministerio de propuesta, informe o resoluci¨®n encaminada a someter al Consejo de Ministros la desclasificaci¨®n de documentos relativos al periodo indicado¡±. En s¨ªntesis: no existi¨® ning¨²n escrito, aunque este peri¨®dico se hizo eco en diciembre de 2011 de la decisi¨®n de Defensa.

Por otro lado, recuerdan que se trata de material clasificado ¡°al que no afectaban los tiempos establecidos en la ley reguladora del Patrimonio Hist¨®rico Espa?ol¡± (50 a?os tras el acontecimiento). La Ley de Secretos Oficiales, que data de 1968, tiene un efecto an¨®malo en comparaci¨®n con otras democracias occidentales: el cerrojazo sobre un documento es para siempre salvo que se ordene desclasificar el documento por el Gobierno (o, seg¨²n la ley, la Junta de Jefes de Estado Mayor, ¨®rgano que ya ni siquiera existe). Los historiadores contempor¨¢neos tienen pues un limitado campo de actuaci¨®n para desarrollar su trabajo, ya que sus b¨²squedas de informaci¨®n se detienen siempre ante el muro del secreto oficial. En la pr¨¢ctica, el acceso a la documentaci¨®n reservada de los archivos militares depende a menudo de la arbitrariedad de sus responsables.

La abogada Eva Moraga considera que la ley deber¨ªa establecer el tiempo m¨¢ximo de la clasificaci¨®n de un documento. ¡°No puede ser que sea perenne y si el Gobierno de turno no decide desclasificarlo, nunca podr¨¢ salir a la luz¡±, se?ala. La segunda puntualizaci¨®n legal que deber¨ªa introducirse, en su opini¨®n, afectar¨ªa a los documentos con su condici¨®n de reservados en vigor. ¡°A¨²n siendo clasificados deber¨ªan ser de acceso en caso de que exista un inter¨¦s p¨²blico mayor para difundirlos¡±, a?ade.

La posici¨®n de Defensa, con independencia del color del ministro de turno, suele ser ¡°opaca¡±, seg¨²n la abogada. ¡°Consideran que las peticiones afectan al ministerio y, por lo tanto, a la seguridad nacional¡±, a?ade. O a las relaciones internacionales. Algo que en EE UU debe preocupar menos porque la desclasificaci¨®n de documentos puede sacar a la luz informaci¨®n tan comprometida para su pol¨ªtica internacional como fue la difusi¨®n del activo apoyo de Richard Nixon y Henry Kissinger para derrocar al chileno Salvador Allende en 1973.