Un alud de reacciones encontradas

Cr¨ªticas antes, durante y despu¨¦s. El conflicto entre el Ministerio de Cultura, Educaci¨®n y Deporte y las entidades de gesti¨®n ha sido una constante de la reforma de la ley de Propiedad Intelectual. As¨ª que ayer no iba a ser una excepci¨®n. El Consejo de Ministros aprob¨® el texto que ahora pasar¨¢ por el Parlamento. Y las entidades, c¨®mo no, lo criticaron ¨¢speramente. Con ellas, la Secretaria de Educaci¨®n y Cultura del PSOE, Mar Villafranca, que habl¨® de ¡°un paso m¨¢s en la senda del maltrato a la cultura¡± del Gobierno de Rajoy.

Incluso antes de valorar el texto en s¨ª, las quejas ten¨ªan que ver con el proceso previo. ¡°Ha sido una ley impuesta, m¨¢s que consensuada¡±, aseguraba Rafael S¨¢nchez, presidente de Egeda, presidente de Egeda, la entidad que gestiona los derechos de los productores audiovisuales. Pr¨¢cticamente todas las fuentes consultadas hac¨ªan el mismo relato: el Ministerio propon¨ªa un texto, abr¨ªa el plazo para las alegaciones, las recib¨ªa y no las ten¨ªa en cuenta. Una de las fuentes concreta que su ¨²ltima reuni¨®n formal con el secretario de Estado de Cultura fue el 30 de diciembre. Sostiene que Lassalle les prometi¨® que pronto tendr¨ªan el texto de la ley. No volvieron a saber nada.

El texto no solucionar¨¢ algunos? problemas y se queda corto en cuestiones esenciales Carlota Navarrete, directora de la Coalici¨®n de Creadores

¡°Nos parece una frivolidad hacer una ley sin contar con los sectores implicados. Hay puntos important¨ªsimos por los que no nos han preguntado¡±, afirmaba Ram¨®n Colom, presidente de FAPAE (federaci¨®n de asociaciones de productores audiovisuales de Espa?a). ¡°Echamos en falta mecanismos que facilitaran la participaci¨®n de los afectados¡±, sosten¨ªan fuentes de Cedro. De hecho, ninguno de los responsables de las entidades de gesti¨®n hab¨ªa tenido acceso hasta la tarde de ayer al texto. De ah¨ª que solo valoraran las pautas que ofreci¨® el ministro Wert en una rueda de prensa y en un comunicado. Aun as¨ª, expresaron su frustraci¨®n sobre todo por la medida que m¨¢s enfrenta Gobierno y entidades de gesti¨®n: la compensaci¨®n por copia privada.

El sistema en s¨ª es cosa antigua. Una vez enterrado el canon digital, en 2011 el Gobierno aprob¨® una compensaci¨®n, con cargo a los Presupuestos del Estado, para las entidades de gesti¨®n: ocho millones, respecto a los 115 de hasta entonces. La novedad de ayer, que tampoco gusta a las entidades, es la definici¨®n de qu¨¦ es copia privada. ¡°Era necesario acotar este concepto. Permanecen amparadas las reproducciones de CD o DVD comprados y las grabaciones de fuentes de televisi¨®n o radio para un visionado o escucha posteriores. El tratamiento de la copias digitales queda remitido a los correspondientes contratos de licencia¡±, informaba un comunicado difundido por el ministerio. Las dem¨¢s ser¨¢n consideradas como copias il¨ªcitas.

La ley establece los ¨¢mbitos il¨ªcitos (los que quedan fuera de la definici¨®n de copia privada), pero no los persigue Rafael S¨¢nchez, presidente de Egeda

¡°Quedan fuera las copias de copias, las de un CD prestado o de una canci¨®n descargada de iTunes¡±, pon¨ªa algunos ejemplos Antonio Guisasola, presidente de Promusicae y de Adepi, la Asociaci¨®n para el desarrollo de la propiedad intelectual. Y S¨¢nchez suger¨ªa que el Ministerio ha reducido el ¨¢mbito de la copia privada para justificar una menor compensaci¨®n.

La cr¨ªtica va dirigida tambi¨¦n hacia la decisi¨®n de cargar la cantidad a los Presupuestos del Estado. ¡°Es una subvenci¨®n enmascarada al lobby tecnol¨®gico¡±, defend¨ªa Noem¨ª Planas, de UFI (Uni¨®n Fonogr¨¢fica Independiente). Se refer¨ªa a que, a falta de poder cobrar a todos los que copien, ¡°las entidades que ponen a disposici¨®n de los usuarios los equipos [para la copia] deben ser los que la financien¡±.

Positiva, en cambio, es su valoraci¨®n de la sorpresa de la reforma: la compensaci¨®n equitativa que el Gobierno quiere que los agregadores de noticias (como Google News) que usen fragmentos no significativos de "informaci¨®n, opini¨®n o entretenimiento" paguen a los editores. La m¨¢s feliz, claro, la Asociaci¨®n de Editores de Diarios Espa?oles (AEDE), que ve satisfecha una reivindicaci¨®n hist¨®rica. "Es el paso m¨¢s importante que ha dado un Gobierno en Espa?a para la protecci¨®n de la prensa", alegaba Luis Enr¨ªquez, presidente de AEDE.

Y bien se recibi¨® tambi¨¦n entre las entidades la orden de aumentar su transparencia. La ley fija un cuadro de infracciones y un cat¨¢logo de obligaciones, que incluyen la rendici¨®n anual de cuentas y la realizaci¨®n de auditor¨ªas. Demasiado fresco es el recuerdo de los esc¨¢ndalos en la SGAE, que en un comunicado se mostraba ¡°totalmente a favor¡±.

Muchas m¨¢s pol¨¦micas suscita la creaci¨®n de una ventanilla ¨²nica. B¨¢sicamente, la ley impone a las entidades un plazo de cinco meses para constituir ¡°una persona jur¨ªdica privada¡± que centralice la facturaci¨®n y pago de los usuarios del derecho de propiedad intelectual. Una vez vencido el plazo, de ello se encargar¨¢ la Comisi¨®n de Propiedad Intelectual. Varias de las fuentes coinciden en que, en anteriores borradores, al cabo de los cinco meses la tarea recaer¨ªa sobre la SGAE y apuntan a esta como una de las causas del par¨®n de ¨²ltima hora por el que el texto no se present¨® en el anterior Consejo de Ministros.

¡°Pedimos que sea voluntaria y que sea solo para los lugares abiertos al p¨²blico (bares, restaurantes, discotecas) donde sea necesario. Y, en todo caso, sin un pacto de tarifas es imposible que funcione¡±, apuntaba Abel Mart¨ªn, presidente de Aisge (entidad de gesti¨®n de los derechos de directores de escena, dobladores, actores y bailarines). ¡°Positiva¡±, con matices, era la opini¨®n sobre la ventanilla de Antonio Mar¨ªa ?vila, secretario general de la federaci¨®n de gremios de editores de Espa?a. Y Jos¨¦ Manuel G¨®mez Bravo, Director de Propiedad Intelectual del Grupo PRISA (propietario de este diario), sostuvo que "habr¨¢ de regular necesaria y eficazmente la protecci¨®n de los derechos de propiedad intelectual, la persecuci¨®n eficaz de las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual y los de an¨¢loga naturaleza".

?vila a?ad¨ªa que en ¡°la lucha contra la pirater¨ªa va por buen camino, aunque se puede mejorar sustancialmente¡±. En concreto, la ley castiga ahora tambi¨¦n las webs de enlaces y establece sanciones econ¨®micas de hasta 300.000 euros por ¡°incumplimientos reiterados de los requerimientos de retirada de contenidos il¨ªcitos¡±. Para Carlota Navarrete, directora de la Coalici¨®n de Creadores e Industrias de Contenidos, no bastaba. ¡°Los miembros de la comisi¨®n antipirater¨ªa siguen siendo nombrados por los ministerios, mientras que deber¨ªan ser expertos independientes¡±, se lamentaba Navarrete, adem¨¢s de subrayar que los 150 contenidos retirados, en los dos a?os que la Comisi¨®n de la ley Sinde lleva act¨²ando, ¡°son escasos en un universo de cientos de miles¡±.

Con informaci¨®n de Roc¨ªo Garc¨ªa y Winston Manrique.