Muchos problemas sin resolver

El Gobierno ha decidido en el ¨²ltimo Consejo de Ministros remitir a las Cortes un proyecto de ley que modifica la actual Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Enjuiciamiento Civil, ley que viene siendo exigida no solo por las industrias culturales sino por muchos sectores de la sociedad espa?ola.

Sin embargo se trata de una reforma parcial, que deja muchos de los problemas sin resolver, como por ejemplo c¨®mo hacer efectiva la compensaci¨®n remuneratoria de la excepci¨®n educativa, con una excesiva remisi¨®n a futuros desarrollos reglamentarios.

No obstante, el texto resuelve tres problemas: la pirater¨ªa, las entidades de gesti¨®n y la copia privada.

Posiblemente, el m¨¢s urgente es el de la pirater¨ªa, a la luz de la penosa situaci¨®n que se vive en Espa?a en las pr¨¢cticas digitales. En este sentido, el proyecto, a mi juicio, avanza propuestas razonables pero que necesitan ser perfeccionadas en el tr¨¢mite parlamentario. Solo se considera infracci¨®n las desviaciones m¨¢s significativas, pero infracciones son todas las que la ley se?ale sean o no significativas, aunque se deban de perseguir prioritariamente las m¨¢s importantes.

La ¨²nica medida eficaz es el bloqueo de las p¨¢ginas piratas, y este se deja a la discrecionalidad de la Comisi¨®n de Propiedad Intelectual, ¨®rgano que devendr¨¢ clave en el funcionamiento y aplicaci¨®n de la nueva ley y en la creaci¨®n de un mercado digital ordenado, pero que si no se le dota de las suficientes garant¨ªas t¨¦cnicas y de medios materiales y personales adecuados, que hoy por hoy no tiene, convertir¨ªa en agua de borrajas todas las medidas que el proyecto plantea.

Es necesario que las p¨¢ginas de enlace y los buscadores sean responsables. No es riguroso ni jur¨ªdicamente correcto alegar: ¡°no sab¨ªa que esos contenidos eran ilegales¡±. La ley debe establecer su responsabilidad. Si estos aspectos mejoran en el tr¨¢mite parlamentario, seguro que empezaremos a reducir la pirater¨ªa.

El proyecto de ley hace un meritorio esfuerzo en mejorar y procurar la trasparencia entre las entidades de gesti¨®n. Me gustar¨ªa que ese esfuerzo, justo y necesario, se trasladara a otros sectores productivos. Sin embargo el proyecto no establece criterios m¨ªnimos para que se puedan establecer pol¨ªticas tarifarias coherentes y razonables, sin grandes desviaciones de precios y no se establece un arbitraje obligatorio ante la Comisi¨®n de Propiedad Intelectual, por lo que puede ocurrir que tengamos mayor trasparencia en la organizaci¨®n de las entidades de gesti¨®n pero sin embargo se tengan pol¨ªticas tarifarias opacas.

Por lo que se refiere a la copia privada, me parece negativo el alejamiento del modelo europeo y que sea el contribuyente y no el mercado el que deba pagar, debiendo reflexionarse sobre esta medida que solo favorece a la industria tecnol¨®gica.

Antonio Mar¨ªa ?vila es director ejecutivo de la Federaci¨®n de Gremios de Editores de Espa?a.