La Ley de Propiedad Intelectual, aprobada solo con los votos del PP

El Congreso ha aprobado este jueves el tr¨¢mite definitivo de la Ley de Propiedad Intelectual, que entrar¨¢ en vigor en enero de 2015. La votaci¨®n, que cont¨® solo con el s¨ª del PP, pone un punto y aparte en un proceso que sigue abierto: el Gobierno reconoci¨® que la reforma es parcial y prometi¨® una modificaci¨®n m¨¢s profunda dentro de un a?o. A¨²n as¨ª, la ley introduce novedades, como la tasa Google o sanciones de hasta 600.000 euros para las p¨¢ginas que enlacen a contenidos piratas. Y relevantes tambi¨¦n han sido las cr¨ªticas que el texto ha recibido: del Consejo de Estado a los peros del Supremo, de las entidades de gesti¨®n, que ayer volvieron a expresar su rechazo,a la oposici¨®n.

El PP necesit¨® su mayor¨ªa absoluta para aprobar la ley: 172 votos a favor, 144 en contra y tres abstenciones. As¨ª ocurri¨® tambi¨¦n en el anterior paso del texto por el Congreso, en la Comisi¨®n de Cultura, donde los populares votaron s¨ª en solitario. La misma escena, en el Senado: el PP a favor, y los dem¨¢s en contra. De hecho, las ¨²nicas enmiendas aprobadas fueron las del partido mayoritario. No obstante, el PP siempre defendi¨® que buscar¨ªa un consenso amplio y que la puerta para negociar estaba abierta.

La oposici¨®n tacha la normativa de "desastre", "chapuza" u "oportunidad perdida"

En el debate de este jueves, la ley ha sido tachada de ¡°chapuza¡± por la oposici¨®n. Jos¨¦ Andr¨¦s Torre Mora, del PSOE, recurri¨® a S¨¦neca: ¡°Ning¨²n barco tiene buenos vientos cuando no sabe a qu¨¦ puerto se dirige¡±. Con una referencia a Chaves Nogales le contest¨® Juan de Dios Ruano G¨®mez, del PP: ¡°A las persona se las juzga o bien por sus palabras o bien por sus hechos. El grupo popular puede decir alto y claro: ¡®Dicho y hecho¡±.

Ante todo, la ley ampl¨ªa la caza contra los piratas: adem¨¢s de las p¨¢ginas de descargas (las que proporcionan contenidos que violan el copyright), se castigan las de enlaces, ¡°las que facilitan la descripci¨®n o la localizaci¨®n de obras y prestaciones que indiciariamente se ofrezcan sin autorizaci¨®n¡±, seg¨²n el texto. La ley considera la audiencia y la cantidad de obras no autorizadas al actuar contra una web; simplifica el proceso de notificaci¨®n ¡ªcon haber recibido un correo electr¨®nico el responsable de la p¨¢gina se considera avisado¡ª y eleva las multas para las p¨¢ginas reincidentes: oscilar¨¢n de 150.000 a 600.000 euros. El texto incluye la posibilidad de pedir a anunciantes y servicios de pago online que dejen de colaborar con la p¨¢gina considerada pirata.

"Dicho y hecho", defiende el Partido Popular sobre la ley

La reforma tambi¨¦n lanza la tasa Google o canon AEDE, caballo de batalla de la Asociaci¨®n de Editores de Diarios. En realidad, la medida no afecta a buscadores como Google, que expres¨® ayer en un comunicado su ¡°decepci¨®n¡±. Se refiere a los agregadores de noticias, como Google News, que tendr¨¢n que pagar una ¡°compensaci¨®n equitativa¡± a los editores por reproducir ¡°fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones peri¨®dicas o en web de actualizaci¨®n peri¨®dica y que tengan una finalidad informativa, de creaci¨®n de opini¨®n p¨²blica o de entretenimiento¡±. Esta normativa ha suscitado quejas desde la oposici¨®n hasta las asociaciones de internautas, pasando por la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia, entre otras razones por su ambig¨¹edad: ?qu¨¦ se considera un fragmento no significativo? ?Y una web con finalidad informativa?

Finalmente, la ley ratifica la compensaci¨®n por copia privada, el sistema con cargo a los Presupuestos Generales del Estado que enterr¨® el canon digital. Acota el concepto de copia privada ¡ªqueda excluido, por ejemplo, el streaming¡ª, as¨ª como la recaudaci¨®n para las entidades: de 115 millones a cinco. Queda pendiente la respuesta del Tribunal de Justicia de la UE al Supremo, que pregunt¨® si la normativa es coherente con las directivas europeas.

La ley aumenta la transparencia de las entidades de gesti¨®n y establece mayores controles sobre sus tarifas, que los usuarios de derechos (radios, televisiones, bares, etc¨¦tera) ven abusivas.