¡®Tarifazo¡¯ a la propiedad intelectual

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que entr¨® en vigor en enero de 2015, no ha conseguido amainar los seculares conflictos entre usuarios y entidades de gesti¨®n de derechos. Emisoras de radio, cadenas de televisi¨®n, hoteles, Universidades, bares, grandes promotores musicales o peque?os organizadores de fiestas populares est¨¢n obligados a compensar a los autores por el uso de su repertorio. En la mayor¨ªa de los casos han visto c¨®mo se han disparado los precios, desatando el descontento y la amenaza de nuevos litigios.

Un informe de la Secci¨®n Primera de la Comisi¨®n de Propiedad Intelectual (CPI) sobre las tarifas generales presentadas en 2016 revela que solo en el 60,5% de los casos se han podido hacer comparaciones con las tasas anteriores. El resultado es que en el 29,3% no se han producido variaciones y en el 31,2% los precios han tendido al alza. Las subidas m¨¢s relevantes han reca¨ªdo en el sector hotelero y el audiovisual.

Los operadores han echado n¨²meros y calculan que la SGAE, la principal sociedad recaudadora, ha incrementado entre un 20% y un 34% los precios de radio, y ha elevado casi un 20% las tasas a la televisi¨®n. Por si fuera poco, la SGAE remiti¨® hace dos semanas una notificaci¨®n anunciando un aumento extra en torno al 18% que ha puesto en pie de guerra a las televisiones privadas, que tendr¨ªan que desembolsar 99 millones de euros, 27 m¨¢s que con las tasas de 2015.

Tanto la ley como la orden ministerial posterior especifican que los precios deben ser ¡°equitativos y no discriminatorios¡±. Pero los usuarios asisten a incrementos ¡°abusivos¡±, hasta el punto de que algunas entidades intentan cobrar derechos por la utilizaci¨®n de discos en radios, televisiones, bares o discotecas, una remuneraci¨®n ¨²nica en Europa, que figuraba en la Ley de Propiedad Intelectual de 1987, derogada en 2006.

Este derecho no existe en el contexto internacional, pero ahora AGEDI-AIE lo reivindica. Su aprobaci¨®n depende de la Secci¨®n Primera de la CPI. ¡°Nos hemos reunido con todas las entidades de gesti¨®n y con representantes de las principales asociaciones de usuarios y hasta la fecha solo una entidad ha reclamando nuestra intervenci¨®n para determinar tarifas¡±, explica Julio Costas, presidente de este organismo, que tiene atribuidas funciones de mediaci¨®n y arbitraje.

Tradicionalmente, las entidades han operado en el mercado en un r¨¦gimen de monopolio legal, provocando una larga historia de conflictividad. La reforma aspiraba a poner paz en el sector, pero las espadas siguen en alto. La Asociaci¨®n Espa?ola de Radiodifusi¨®n Comercial (AERC) interpuso a principios de a?o una demanda ante el juzgado de lo Mercantil de Madrid contra las tarifas generales aprobadas el 30 de junio de 2016 por AGEDI-AIE. Argumentan que han puesto precio a derechos inexistentes y cuestionan el tratamiento de la ¡°m¨²sica de cat¨¢logo¡± y el uso de la m¨²sica en Internet (webscasting o podcasting).

Junto a subidas de la SGAE, las radios sostienen que AGEDI-AIE ha aumentado las tarifas entre el 60% y el 150%. ¡°El sector ten¨ªa muchas esperanzas en una reforma en la que, por primera vez, se establece un sistema objetivo para determinar las tarifas con criterios claros para su c¨¢lculo que deber¨ªa haber conducido a su reducci¨®n. Pero seguimos igual que antes¡±, dice el presidente de la AERC, Rafael P¨¦rez del Puerto.

Por la m¨²sica, las entidades cobran una tarifa general (un porcentaje de los ingresos de las cadenas), independientemente del uso o la relevancia que tenga en la parrilla. Se da la paradoja de que emisoras generalistas pagan m¨¢s que radiof¨®rmulas donde la m¨²sica es el principal ingrediente.

Frente a las posiciones de los radiodifusores, Antonio Fern¨¢ndez, presidente de Adepi (agrupaci¨®n de las ocho entidades de gesti¨®n), afirma que las tarifas son ¡°publicas y transparentes y cumplen estrictamente los criterios que dice la ley. Si no, no hubieran sido aprobadas por la Secci¨®n Primera¡±. Fern¨¢ndez recuerda que se abri¨® un periodo de negociaci¨®n en el que no fue posible llegar a acuerdos y enfatiza que, como consecuencia de este enquistamiento, las radios han retenido los pagos y cuestionado la legitimidad del ¨®rgano colegiado para mediar y arbitrar. Los desencuentros entre la AERC y las entidades no son nuevos. En 2015, Competencia ya resolvi¨® que el aumento de tarifas era ¡°abusivo, inequitativo y desproporcionado¡±. Y mult¨® a AGEDI con 1,2 millones de euros y a AIE con 1,5millones. Las sanciones han sido recurridas.

¡°La ley abri¨® muchas expectativas¡±, observa Carolina Pina, abogada socia de Garrigues, quien reclama: ¡°Certeza para que quien paga sepa a qui¨¦n paga y por qu¨¦¡±, adem¨¢s de procedimientos de arbitraje ¡°neutrales, ¨¢giles y eficientes¡±. Insiste en que las tarifas han de ser equitativas y acordes con el uso del repertorio y plantea que debe haber reciprocidad, ya que algunas remuneraciones existen en Espa?a pero no en otras jurisdicciones.

Tras la reciente e inesperada subida, las televisiones (principales pagadoras de la SGAE) auguran una etapa nada pac¨ªfica. ¡°El sistema de recaudaci¨®n est¨¢ basado en un monopolio de origen. Se lleg¨® a una soluci¨®n salom¨®nica seg¨²n la cual las televisiones pagan un porcentaje de su facturaci¨®n, independientemente del uso de los derechos¡±, resume Andr¨¦s Armas, secretario general de Uteca, asociaci¨®n que integra a Antena 3 y Telecinco, entre otras. Pero ahora, la tecnolog¨ªa permite ¡°identificar lo que se usa. Y es probable que una parte muy significativa del repertorio representado por una entidad no se use¡±, dice.

Tambi¨¦n los canales p¨²blicos se quejan. ¡°Las auton¨®micas pagamos en funci¨®n de las subvenciones que recibimos e independientemente del uso que hagamos¡±, expone el secretario general de la Forta, Enrique Laucirica, quien defiende la necesidad de ¡°pelear contra los abusos que ampara la Ley de Propiedad Intelectual¡±.

Mediaset abunda en este aspecto: ¡°El 1 de enero sabemos que vamos a tener que pagar un porcentaje (entre el 5% y el 6%) de nuestros ingresos brutos a las entidades. Es una tarifa que no tiene en cuanta la intensidad de uso. Da igual que utilicemos un fonograma o un mill¨®n¡±. Atresmedia asegura que las entidades han aplicado subidas ¡°generalizadas y desproporcionadas¡± y a?ade que, seg¨²n la ley, ¡°a los autores se les retribuye en funci¨®n del valor que aportan sus derechos a los negocios¡±. Sin embargo, ¡°las entidades utilizan argumentaciones econ¨®micas sofisticadas y aplican subidas que no se justifican¡±.

Los operadores de telecomunicaciones se suman a las cr¨ªticas. ¡°El nuevo marco legal aspiraba a racionalizar y objetivar las tarifas, pero se est¨¢ produciendo el efecto contrario al deseado y las tarifas, en especial en el ¨¢mbito digital, est¨¢n sufriendo unos incrementos desproporcionados¡±, dicen fuentes del sector. Estas compa?¨ªas abogan por ¡°articular mecanismos que busquen equilibrio entre la inversi¨®n de los players en la adquisici¨®n y producci¨®n de contenidos y la gesti¨®n obligatoria de los derechos de propiedad intelectual por parte de las entidades de gesti¨®n¡±.

Sobre el peso de la m¨²sica en el modelo tarifario, algunas sociedades de gesti¨®n de derechos opinan que est¨¢ sobrevalorada. ¡°Es el mundo al rev¨¦s: el 90% de lo que paga una televisi¨®n por derechos de autor acaba yendo a la m¨²sica, y eso es una barbaridad¡±, se lamenta Abel Mart¨ªn, director general de AISGE. Califica de ¡°at¨ªpico¡± que una pel¨ªcula o una serie pague m¨¢s por la banda sonora que por el gui¨®n o el trabajo del director y de los actores. ¡°Falta mucho por avanzar para que el valor de las cosas se ajuste al valor del mercado¡±, concluye.