El obispo de Barbastro sienta en el banquillo al obispo de Lleida por 111 obras de arte

Las ciudades de Lleida y Barbastro est¨¢n separadas por apenas 65 kil¨®metros de distancia, pero pertenecen a dos comunidades distintas ¨CCatalu?a y Arag¨®n¨C y a dos di¨®cesis eclesi¨¢sticas diferentes desde que en junio de 1995 el Vaticano aprobara la creaci¨®n de la Di¨®cesis de Barbastro-Monz¨®n. Desde ese momento, m¨¢s de un centenar de parroquias dejaron de pertenecer al obispado de Lleida y pasaron al de nueva creaci¨®n. En ese momento tambi¨¦n comenz¨® la reclamaci¨®n del patrimonio que se conservaba hasta entonces en el Museo Diocesano Comarcal de Lleida. Tras un cuarto de siglo las reclamaciones contin¨²an. Este jueves comienza un juicio civil en el Juzgado n¨²mero 1 de Barbastro (Huesca), en el que, por primera vez, se sentar¨¢n en el banquillo dos altos cargos de la iglesia: el obispo ?ngel Javier P¨¦rez Pueyo, de Barbastro-Monz¨®n, como demandante, y el prelado Salvador Gim¨¦nez Valls, de Lleida, como demandado.

En febrero de 2018, 43 parroquias oscenses dieron un poder a su obispado para demandar a su equivalente leridano y al Museo de Lleida por retener durante 24 a?os 111 obras de arte, entre las que figuran altares, retablos, pinturas, esculturas, urnas y cruces. El pleito va m¨¢s all¨¢ del terreno religioso, ya que el Gobierno de Arag¨®n se ha sumado a la demanda de la di¨®cesis de Barbastro y la Generalitat de Catalu?a es una parte demandada como parte del patronato del Museo Diocesano de Lleida. No es la primera vez que estos objetos, conocidos como "bienes de la Franja Oriental de Arag¨®n" son objeto de litigio en los tribunales. Despu¨¦s de varios fallos siempre a favor de Arag¨®n ¨Cen 1998 de la Nunciatura Apost¨®lica y en 2006 por la Congregaci¨®n de Obispos¨C, hace 13 a?os, en abril de 2007, el Supremo Tribunal de la Signatura Apost¨®lica sentenci¨® en un decreto, en resoluci¨®n firme, a favor de las demandas de las parroquias escindidas y orden¨® que el obispado de Lleida entregara las 111 obras al de Barbastro-Monz¨®n en el plazo de 30 d¨ªas. Pero nunca lleg¨® a cumplirse. Entre otras cosas porque el mismo juzgado de Barbastro que ahora sienta en el banquillo a los dos obispos deneg¨® en 2010 la ejecuci¨®n del decreto apost¨®lico (que hab¨ªa solicitado el obispado de Barbastro-Monz¨®n y la Comunidad de Arag¨®n) por entender que un juzgado civil no puede ordenar que se cumplan en Espa?a las sentencias del Vaticano.

El motivo alegado por el obispo de Lleida para no devolver las obras es que la iglesia solo es propietaria del 5% del Museo Diocesano Comarcal de Lleida. El resto pertenece a las otras administraciones que forman parte del patronato: Generalitat de Catalu?a, Ayuntamiento y Diputaci¨®n de Lleida. Tambi¨¦n que las 111 obras (como las 1.810 del museo leridano) est¨¢n catalogadas como bienes culturales catalanes desde marzo de 1999 y son una colecci¨®n indivisible, por lo que es la Generalitat la que ha de descatalogarlas y entregarlas.

Desde la Diputaci¨®n General de Arag¨®n se asegura que la denuncia civil que ahora se juzga nada tiene que ver con las diferencias pol¨ªticas manifiestas entre los Gobiernos del socialista Javier Lamb¨¢n en Arag¨®n y el nacionalista Quim Torra en Catalu?a. Estas divergencias resultan evidentes en el otro conflicto patrimonial que enfrenta a las dos comunidades: el de los bienes del monasterio de Villanueva de Sijena; pol¨¦mica que en primera instancia ha dado la raz¨®n a Arag¨®n pero que Catalu?a ha recurrido a instancias superiores. Coincidencia o no, la denuncia del obispado se present¨®, con el respaldo de la Junta de Arag¨®n, en febrero de 2018, durante la aplicaci¨®n del 155 por el que la Generalitat estaba intervenida por el Estado.

Est¨¢ previsto que las sesiones de la vista duren dos d¨ªas, jueves y viernes, en la que declarar¨¢n, adem¨¢s de los dos obispos, cerca de una veintena de expertos y peritos de las dos partes que explicar¨¢n los informes que han aportado al juez. En la primera resoluci¨®n de 1998 que obligaba a devolver las piezas se dec¨ªa que estaban ¡°a t¨ªtulo de dep¨®sito y no de propiedad, mientras la di¨®cesis de L¨¦rida no pruebe lo contrario en cada caso¡±. En la vista ser¨¢ fundamental el trabajo publicado en 2018 por Carme Berlab¨¦, conservadora del Museo de Lleida, que estudi¨® por primera vez en profundidad la formaci¨®n del museo. Entre los documentos figuran 352 cartas intercambiadas entre cuatro obispos y los p¨¢rrocos de las iglesias que hablan de la adquisici¨®n de las obras. Tambi¨¦n los t¨ªtulos de propiedad de 83 de las 111 obras que se reclaman y que legitiman a los responsables de Lleida ante el juez. De las 28 restantes Lleida reconoce la propiedad aragonesa.

En esta documentaci¨®n aparece el obispo de Lleida Josep Meseguer que, entre 1890 y 1905, adquiri¨® 434 piezas del museo, entre las que est¨¢n casi todas las que est¨¢n en litigio, a los p¨¢rrocos de la di¨®cesis (antes de su escisi¨®n) siguiendo las directrices y normas can¨®nicas establecidas a finales del siglo XIX por el papa Leon XIII para proteger el patrimonio de las diferentes di¨®cesis. Las mismas normas que se siguieron por obispos de la mayor¨ªa de museos diocesanos espa?oles. Sin embargo, desde el obispado aragon¨¦s de Barbastro aseguran que estas compras no caben en el derecho can¨®nico ya que no es posible que un obispo compre un bien a un p¨¢rroco y esta ser¨¢ una de las alegaciones en la que fundamentar¨¢n su demanda.

En la capital de la comarca del Somontano esperan todas estas obras desde finales de 2010. Ese a?o se inaugur¨® un nuevo museo para la di¨®cesis con un hueco para estas piezas; sobre todo para las m¨¢s destacadas, entre ellas el frontal de San Vicente Tresserra, el frontal y la arqueta de San Hilario de Buira, el retablo de Montanuy, la tabla de San Martin de Lascuarre o la Virgen de Zaid¨ªn, entre otras muchas. Seg¨²n el peritaje de uno de los t¨¦cnicos de la parte leridana que ha trascendido el valor total de las obras ascender¨ªa a 7,6 millones de euros, gastos de conservaci¨®n y restauraci¨®n durante todos estos a?os, aparte.

Este pleito que ahora comienza se alargar¨¢ en el tiempo, porque sea la que sea la sentencia del juzgado de primera instancia, obispados y gobiernos auton¨®micos recurrir¨¢n a instancias superiores hasta que haya una sentencia firme. Y de eso pueden pasar entre seis y ocho a?os, seg¨²n fuentes judiciales.