La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n se opone a la devoluci¨®n del Atl¨¦tico a Gil "porque no le pertenece"

El Fiscal Anticorrupci¨®n considera que devolver "la libre administraci¨®n de un patrimonio que indiciariamente no les pertenece y del que en el pasado han hecho una gesti¨®n por la que se encuentran imputados" no es procedente.

Devolver a Gil el control del club "ser¨ªa tanto como hacer depositario y beneficiario al imputado de cualquier delito contra la propiedad del productor il¨ªcito de su conducta delictiva", se?ala el fiscal, que a?ade que "corresponde ahora al magistrado instructor ser coherente con sus propias resoluciones" y que "la intervenci¨®n judicial debe ser mantenida".

Castresana dice que "la constataci¨®n de que, durante el periodo de intervenci¨®n, los imputados no han reincidido en las conductas anteriores, no puede llevar a la conclusi¨®n de que hay que alzar la medida, sino todo lo contrario: es la demostraci¨®n de su eficacia".

"No se trata de premiar a los imputados por no haber delinquido mientras han estado vigilados. Se trata de mantener la vigilancia para asegurarse de que no reinciden", agrega.

El fiscal admite que "probablemente es cierto", como se?al¨® Romasanta, que el Atl¨¦tico es el ¨²nico club de Espa?a sometido a intervenci¨®n judicial, pero a?ade que "no es menos cierto que se trata del ¨²nico club, que sepamos, que se encuentra en la situaci¨®n de que quienes pretenden ser sus propietarios en un 95% no lo son en realidad".

Adem¨¢s, como Romasanta dijo en su informe que a las mejoras que ha experimentado el Atl¨¦tico "no es ajeno" el hecho de la intervenci¨®n, y dado que los resultados econ¨®micos y empresariales del a?o de intervenci¨®n judicial "parecen excelentes", Castresana se pregunta "?por qu¨¦ el interventor interesa entonces que se alce una medida que est¨¢ resultando tan saludable para la empresa?".

El fiscal afirma tambi¨¦n que el informe de Romasanta "rebasa ostensiblemente los t¨¦rminos del encargo conferido por el Juzgado", y que al proponer el levantamiento de la intervenci¨®n y la adopci¨®n de medidas alternativas "asume, de hecho, una posici¨®n de parteprocesal que corresponde a la postulaci¨®n de los imputados".

Rechaza, por tanto, la sustituci¨®n de la intervenci¨®n por un "control financiero posterior", que califica que "ilusorio" porque "dicho control tendr¨ªa que realizarse sobre la informaci¨®n financiera que facilitaran los imputados, quienes precisamente est¨¢n imputados por haber falseado sistem¨¢ticamente las cuentas del club desde 1992".

Asimismo, asegura que "sorprende" que un miembro de la Intervenci¨®n General del Estado como Romasanta diga que, debido a la intervenci¨®n judicial, el Atl¨¦tico "act¨²a en desventaja dentro del sector", y se pregunta "?qu¨¦ estima el interventor que podr¨ªa o deber¨ªa hacer el Atl¨¦tico que no pueda hacer por estar intervenido?".

Castresana justifica su petici¨®n de mantener la intervenci¨®n diciendo que las acciones del Atl¨¦tico en poder de los Gil, que representan aproximadamente el 95% del capital social del club y de las que presuntamente se apropiaron sin pagar su precio, "son el cuerpo del delito (...) y como tal corresponde al Juzgado su conservaci¨®n a resultas del procedimiento".

Por ¨²ltimo, recuerda que, hace s¨®lo once d¨ªas, al concluir la investigaci¨®n, el juez estim¨® indiciariamente acreditadas "m¨²ltiples conductas delictivas de los imputados", por las que acusa a Gil, a su hijo Miguel Angel y al vicepresidente del club Enrique Cerezo de delitos societarios, de apropiaci¨®n indebida, falsedad documental y otorgamiento de contratos simulados.