Ciento veintis¨¦is procuradores acusan al Gobierno de ilegalidad

Ciento veintis¨¦is procuradores en Cortes han dirigido un escrito al presidente de la C¨¢mara para que lo eleve al Gobierno, en el que solicitan que "todos los ¨®rganos de la Administraci¨®n act¨²en bajo el principio del m¨¢s escrupuloso acatamiento de la legalidad vigente", seg¨²n informa la agencia Logos. Este escrito viene a sumarse al que recientemente enviaron al presidente del Consejo Nacional 55 consejeros nacionales, en el que solicitaba que el Consejo fuese o¨ªdo en los proyectos reformistas.

El escrito comienza diciendo que ?las transgresiones al orden legal, consecuencia de la presi¨®n a que fue sometido el Gobierno en los momentos iniciales de su gesti¨®n parec¨ªa deb¨ªa remitir a medida que se restablec¨ªa el orden pac¨ªfico de la convivencia, pero tal esperanza se ha visto frustrada?. Los procuradores se?alan que, en los ¨²ltimos tiempos, la trascendencia de las agresiones se hace cada d¨ªa m¨¢s evidente y repercute de manera inmediata en la conciencia social, sobre todo por la acogida que tienen en los medios de comunicaci¨®n social. ?Lo peor del caso es -dicen- que este clima de-confusi¨®n viene siendo en alguna medida resultado de declaraciones y manifestaciones de algunos miembros del Gobierno, contradictorias tambi¨¦n entre s¨ª y, sobre todo, carentes de la claridad necesaria para saber lo que realmente se pretende." ?En lo que se refiere a la reforma sindical -a?aden- los defectos procedimentales son todav¨ªa m¨¢s acusados. Seg¨²n el discurso del presidente del Gobierno ante las Cortes, la reforma sindical deb¨ªa ser promovida por el Congreso Sindical; posteriormente el ministro de Relaciones Sindicales manifest¨® que tal reforma deb¨ªa arrancar de la legalidad. Ni el Congreso Sindical se ha reunido, ni tampoco la permanente, aunque se han pronunciado discursos, en que cada cual ha expresado criterios sobre lo que a su juicio la reforma sindical debiera tener.?

El Congreso de la UGT, un ataque a la legalidad

?As¨ª las cosas -dicen m¨¢s adelante- el Congreso de la Uni¨®n General de Trabajadores (UGT), autorizado gubernativamente, viene a constituir otra pieza de dif¨ªcil engranaje dentro de este proceso de reforma. Representantes ilegales unidos a otros representantes extranjeros, adoptaron decisiones y acuerdos que vulneran todo principio de,lelgalidad y, especialmente, atacan a la legitimidad que es el sustento de todas las instituciones.?

?La unidad sindical, tal como las Leyes Fundamentales la configura, queda conculcada y vulnerada por tales acuerdos del Congreso, que no solamente se reducen al campo de lo laboral, sino que evidentemente se plasman en decisiones de tipo pol¨ªtico que han culminado en declaraciones que postulan el rompimiento de la unidad, de la Patria y la vuelta a la Rep¨²blica. Y todo ello en asambleas en las que, pu?o en alto, presididas bajo el retrato de Pablo Iglesias, se ha cantado La Internacional, protegidos, amparados y admitidos oficialmente.?

Quien autorizase el Congreso -afirman- y el uso que de esa autorizaci¨®n se hizo, incurri¨® en una ilegalidad.?

En el escrito se cita el art¨ªculo del diario Pueblo en que se recordaba a que se compromete el juramento que presta quien ocupa alg¨²n cargo p¨²blico, ?juramento que no debe ser recordado y ¨¦xigido solamente a los directores generales?.

Con mayor motivo debe ser recordado y exigido -a?aden- a quienes ostenten puestos de superior responsabilidad. Tal juramento implica el respetar las leyes, ¨²nica f¨®rmula de evitar el arbitrismo y el respeto a todo Estado de derecho.

Se consienten actos intolerables

?Las leyes reguladoras del derecho de reuni¨®n -a?aden - no han sido modificadas. En virtud de esas normas han sido sometidos a prisi¨®n quienes se titulaban representantes de organizaciones ilegales de trabajadores. Ahora resulta que el imperio de las mismas normas, no s¨®lo se tolera, sino que expresamente se autoriza oficialmente a reunirse a quienes se titulan representantes de organizaciones ilegales y se consienten adopten acuerdos evidentemente intoIerables. Pero es que, adem¨¢s, se ha autorizado esta reuni¨®n, pero se han denegado otras que, probablemente hubieran tenido menos gravedad y repercusi¨®n en la conciencia social. El ¨¢rbitrismo es manifiesto",

?Mientras el Tribunal Supremo dicta sentencias condenatorias. contra quienes se declaran miembros de estas organizaciones ilegales, el, Gobierno, por la v¨ªa de los hechos, viene a reconocer la legalidad de las mismas. Y entonces no hay Estado de derecho que pueda resistir esta flagrante distorsi¨®n de la realidad, ya que habr¨¢ que preguntarse ahora cu¨¢l es la posici¨®n en que se deja a esos magistrados y tribunales a quienes la Ley les exige sancionen las infracciones.?

"La gravedad pol¨ªtica de todos estos hechos -agregan- se agiganta si tenemos en cuenta adem¨¢s, que a trav¨¦s de esta actividad se est¨¢ comprometiendo al propio presidente del Gobierno, a las Instituciones y a la m¨¢s alta magistratura del Estado."

Los procuradores se refieren a continuaci¨®n a la reforma pol¨ªtica y sindical y dicen que ?estas han de pasar necesariamente por las Cortes y ¨¦stas tienen la facultad de pronunciarse libremente. La reciente modificaci¨®n en la tramitaci¨®n de los proyectos de ley declarados urgentes, supone una limitaci¨®n sensible de los derechos de los procuradores e incide en la Ley Constitutiva de las Cortes?.

?La presi¨®n que se viene ejerciendo a trav¨¦s de las declaraciones de los ministros sobre la libertad de decisi¨®n de las instituciones, Congreso Sindical y Cortes, resulta evidente: las Cortes no han solicitado la ¨²ltima pr¨®rroga; ha sido el Gobierno el que la ha pedido.?

?El presidente del Gobierno, en su discurso ante las Cortes record¨® cu¨¢l era la responsabilidad del Gobierno y sus atribuciones. Y recab¨® para s¨ª la plena responsabilidad, ya que el Rey no estaba comprometido ni pod¨ªa comprometer la Instituci¨®n en ninguna de las pol¨ªticas que sus Gobiernos asumieran. Los intentos de endosar al Rey la responsabilidad de la reforma declar¨¢ndole motor de la misma, presupone una manifiesta contradicci¨®n y un af¨¢n de protegerse y de irresponsabilizarse de una obligaci¨®n que, por ley, compete ¨²nica y exclusivamente al Consejo de Ministros. A la gallard¨ªa del presidente del Gobierno no se le corresponde con manifestaciones p¨²blicas de este tipo".

El escrito concluye que, convencidos como est¨¢n de que lo que han expuesto afecta gravemente al futuro de Espa?a, comunican al piesidente su queja, razonada y profunda.