En busca de un desarrollo "a la brasile?a"

La Junta de Comandantes en Jefe, compuesta por el general Jorge Videla (Ej¨¦rcito), el almirante Emilio Massera (Marina) y el brigadier Orlando Agosti (Aeron¨¢utica), se hizo cargo del gobiern¨® argentino al mismo tiempo que las estad¨ªsticas oficiales registraban una virtual suspensi¨®n de pagos y la violencia pol¨ªtica arrojaba un muerto cada cinco horas.Ante los hechos consumados, la opini¨®n p¨²blica s¨®lo atin¨® a especular sobre la suerte que correr¨ªa el pa¨ªs. El general Viola, jefe del Estado Mayor Conjunto, se hab¨ªa encargado de alimentar este clima. En sus ediciones anteriores al golpe, el semanario ?Ultima Clave? public¨® las declaraciones de un ?an¨®nimo? militar que defini¨® las caracter¨ªsticas que tendr¨ªa el pr¨®ximo alzamiento. El nuevo gobierno, afirm¨®, tratar¨ªa de conservar todas las libertades, siempre y cuando ¨¦stas fueran compatibles con una severa pol¨ªtica destinada a ?recuperar el pa¨ªs?. Asimismo descart¨® la aplicaci¨®n, de los modelos chilenos o brasile?os, por su elevado costo social, y desestim¨® el r¨¦gimen peruano, por no ajustarse al desarrollo econ¨®mico argentino.

Sin embargo, al cabo de m¨¢s de un mes de administraci¨®n castrense, a ning¨²n observador pol¨ªtico se le escapa que ?el nuevo modelo? fue dise?ado de acuerdo a las directivas emanadas del Departamento de Estado norteamericano.

?Una aut¨¦ntica bendici¨®n?

Tal apreciaci¨®n, que en los primeros d¨ªas de abril podr¨ªa haberse calificado de apresurada, hoy no es m¨¢s que la cruda interpretaci¨®n de la realidad. Con el. pretexto de evitar la publicaci¨®n de noticias alarmistas o de que se alimenten falsas versiones, los primeros bandos militares restringieron dr¨¢sticamente la libertad de prensa. Posteriormente comenzaron a funcionar en todo el territor¨ªo Consejos de Guerra regidos por el c¨®digo de justicia castrense y se dispuso la pena de muerte para los delitos que van desde la alteraci¨®n del orden hasta los atentados contra la fuerza p¨²blica o los bienes de la comunidad. Apoyadas en estas disposiciones las tropas irrumpieron en los loca les de los sindicatos, en la Confederaci¨®n General del Trabajo y en las sedes partidarias. Un nuevo decreto, firmaldo por la Junta de Comandantes, hab¨ªa dispuesto la suspensi¨®n de todas las actividades pol¨ªticas y sindicales, a la vez que prohib¨ªa la existencia de agrupaciones izquierdistas.

A esta altura de los aconteci mientos a nadie extra?¨® que la embajada norteamericana manifestara la simpat¨ªa que sent¨ªa Washington hacia el r¨¦gimen instaura do el 24 de marzo en Argentina. Con una celeridad inusitada -de mor¨® menos de treinta y seis horas-, la Casa Blanca reconoci¨® al nuevo gobierno mientras los influyentes diarios ?New York Times? y ?Washington Post? calificaban el golpe de Estado como ?una aut¨¦ntica bendici¨®n?.

El plan de recuperaci¨®n nacional

La constituci¨®n de gabinete ministerial que acompa?ara la gesti¨®n del presidente Videla revel¨® con precisi¨®n la orientaci¨®n pol¨ªtica del r¨¦gimen. S¨®lo basta mencionar que en la cartera de Econom¨ªa fue nombrado el doctor Mart¨ªnez de Hoz, conocido latifundista que preside la compa?¨ªa ACINDAR, brazo sider¨²rgico de la U.S. Stell, en tanto que, a trav¨¦s de la Western. Telegraph (grupo ITT), su apellido aparece ligado a la Banca Morgan. Como era de esperar, el proyecto de Mart¨ªnez de Hoz no hace m¨¢s que recoger las concepci¨®nes antiproteccionistas elaboradas por la ?Escuela de Chicago?. As¨ª, en el orden interno c¨®mo en el externo, las medidas m¨¢s destacadas del programa pueden resumirse de la siguiente manera:

-Derogaci¨®n de la Ley de control de inversiones Extranjeras.

-Supresi¨®n del sistema de nacionalizaci¨®n de dep¨®sitos bancarios.

- Traspaso de la industria petrol¨ªfera a la esfera privada (debido a la inexistencia de capitales nacionales independientes que pudieran hacerse cargo de la explotaci¨®n petrolera, ¨¦sta pasar¨ªa a manos de las compa?¨ªas multinacionales).

- Control privado del comercio exterior de carne y granos (principal rubro de exportaci¨®n).

- Reforma del sistema impositivo, con el fin ole suprimir los grav¨¢menes que pesan sobre Ias ganancias, la actividad lucrativa y el enriquecimiento patrimonial.

- Aumento de los incentivos para las inversiones particulares en las empresas estatales, hasta lograr su total privatizaci¨®n.

- Mercado libre de cambio y regulaci¨®n de los ?capitales negros?.

En s¨ªntesis, sumado a otras disposiciones de parecido tenor, es evidente que el programa de Mart¨ªnez de Hoz no tiene otro objetivo que el de emular el ?desarrollismo brasile?o?. Montado ¨¦ste sobre una econom¨ªa en ruinas -la deuda externa ronda los diez mil millones de d¨®lares mientras las reservas no superan los 300 millones-, de hecho logr¨® despertar un creciente inter¨¦s en los c¨ªrculos financieron internacionales. en cuesti¨®n de horas, el Fondo Monetario Internacional libr¨® el cr¨¦dito de 127 millones de d¨®lares que. infructuosamente hab¨ªa gestionado el justicialismo desde la Casa Rosada. Asimismo, la Banca privada norteamericana ya previ , para el curso del presente a?o, la inversi¨®n de otros cuatrocientos millones en el parque industrial argentino.

Las primeras consecuencias

La afluencia de capital for¨¢neo fue garantizada por el gobierno militar emitiendo diversos decretos que afectan sensiblemente la vida laboral. Clausurado el Congreso, los uniformados modificaron la Ley de Contratos de Trabajo, restringiendo los derechos obreros hasta el punto de autorizar los despidos libres. presidente Videla va a permitir pr¨®ximamente la creaci¨®n de organizaciones sindicales ?apol¨ªticas?. y autorizar¨ªa la pluralidad gremial para resquebrajar la unidad del movimiento obrero.

Pero, a pesar de ello, los primeros focos de resistencia han comenzado a interponerse en el camino escogido por. los militares. La pol¨ªtica de liberaci¨®n de precios y congelamiento salarial auspiciada por el gobierno no fren¨® la espiral inflacionaria, que en el mes de marzo marc¨® un aumento del 50 por 100 en los productos de primera necesidad.

Por el contrario, s¨®lo contribuy¨® a fomentar el descontento popular, que gest¨® el repentino avasallamiento de los derechos de los trabajadores. No hab¨ªan transcurrido los primeros veinte d¨ªas desde la asunci¨®n. del nuevo, gobierno cuando el Ej¨¦rcito y la polic¨ªa tuvieron, que intervenir para sofocar, a punta de metralleta, las huelgas que estallaron en el cord¨®n industrial de Buenos Aires. Obviamente, ala par de los millares de detenidos que arrojan las cotidianas batidas de los organismos de seguridad, los dirigentes de los conflictos obreros, de ?provocadores marxistas?, fueron encarcelados, a la espera de que un tribunal militar decida su suerte.