Vuelve a pedir la dimisi¨®n de Rafael D¨ªaz Llanos
La junta general extraordinaria de la delegaci¨®n de Pontevedra del Colegio Central de Economistas acord¨® ayer solicitar la inmediata dimisi¨®n de Rafael Diaz Llanos, presidente del Consejo General de Colegios de Economistas, y la de todos los miembros que componen la mesa permanente del citado organismo. Con la manifestaci¨®n de su m¨¢s en¨¦rgica repulsa por la medida de invalidar las recientes elecciones, la delegaci¨®n gallega se suma al millar de asociados que han solicitado la convocatoria de inmediatas elecciones.
La citada mesa permanente, por su parte, acaba de enviar una circular a los colegiados en la que contesta a la de la junta electa -candidatura Unitaria y Democr¨¢tica- en cinco puntos. La nota se refiere al ?deseo indubitado de la Mesa? de que puedan celebrarse pr¨®ximas elecciones. Pero la Mesa afirma que, para ello, es necesario que se proceda a la legalizaci¨®n inmediata del ¨¢mbito territorial por parte de Presidencia del Gobierno, ?a cuyo efecto se eleva el correspondiente escrito y expediente rogando la m¨¢xima urgencia en la tramitaci¨®n?. La presentaci¨®n de este escrito fue adelantada por EL PAIS el pasado 6 de mayo, sin que a¨²n se tenga noticia del estado de las gestiones.La legalizaci¨®n que solicita el se?or D¨ªaz Llanos, a trav¨¦s de la mesa, es la que ellos mismos propusieron el 20 de febrero de 1975, que adjudica al colegio central, a efectos electivos, 17 provincias. No acepta, en este sentido, la tesis de la propia Presidencia de que concede al central 45 provincias, de acuerdo con una orden ministerial de hace varios a?os. En su nota, el consejo general parece indicar que no aceptar¨¢ una celebraci¨®n de elecciones que no responda a su criterio.
La junta electa, por su parte, ha informado a EL PAIS que ?imponer esta condici¨®n previa a la celebraci¨®n de elecciones constituye una nueva maniobra dilatoria para evitar que el Colegio Central cuente con una junta representativa?. Y han a?adido: ? Suponer que la Presidencia del Gobierno, en breve plazo, va a aprobar por decreto el reparto territorial acordado por el Consejo, no habi¨¦ndolo hecho en el m¨¢s de un a?o transcurrido desde aquella decisi¨®n, es, realmente insostenible?. Y m¨¢s, teniendo en cuenta que la decisi¨®n que en este asunto tomara la actual junta de oficio de Madrid podr¨ªa ser contestada en el futuro.
La posici¨®n de la citada junta electa -que sigue estudiando la interposici¨®n del correspondiente recurso contencioso- administrativo ante el Tribunal Supremo- es someterse a inmediatos comicios para que se normalice la situaci¨®n del colegio de Madrid. En base a este criterio, aceptan la decisi¨®n de territorialidad que permita convocar m¨¢s r¨¢pidamente las elecciones, aunque propugnan la necesidad de que los ¨¢mbitos de cada colegio se corresponda con las ?nacionalidades y regiones del Estado espa?ol?.
La conclusi¨®n de todo este asunto viene a reforzar la posibilidad de que no puedan convocarse los comicios con la prontitud que desean los colegiados y necesita la corporaci¨®n, paralizada desde hace dos a?os.
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