Por una moral civil

Existe una serie de temas ¨ªntimamente ligados con el pleno ejercicio de las libertades individuales que rara o superficialmente aparecen en los debates p¨²blicos. Son cuestiones que ata?en a lo que llamar¨ªamos una moral civil y que son sistem¨¢ticamente silenciadas o frivolizadas. El matrimonio civil, el divorcio, la cuesti¨®n del aborto, el tratamiento cient¨ªfico y no teol¨®gico de la contraconcepci¨®n, la reconsideraci¨®n de leyes patriarcales y falocr¨¢ticas como las que ata?en al matrimonio, entre otros, son asuntos de primer¨ªsimo inter¨¦s social que curiosamente soslayan los pol¨ªticos.Hace pocos d¨ªas era el ministro de la Gobernaci¨®n, Manuel Fraga, quien abordaba parte del temario en declaraciones a la prensa venezolana, afirmando que se mostraba partidario del matrimonio civil y de un divorcio moderado dentro de una separaci¨®n amistosa entre la Iglesia y el Estado.

La clave de estos asuntos reside efectivamente en que la Iglesia y el Estado asuman sus competencias espec¨ªficas sin interferirse. O, m¨¢s concretamente, que el Estado asuma sus propias responsabilidades en materia de moral civil, hasta ahora dimitidas en favor de una moral p¨²blica estrictamente religiosa.

Dentro de esta moral civil, que debe rescatarse, es prioritario el establecimiento del divorcio. Es obvio que el matrimonio cat¨®lico es indisoluble, pero el matrimonio civil es un contrato, y un contrato civil, y como tal debe poder romperse. Una revisi¨®n racional de la legislaci¨®n en este aspecto, cuidando siempre la protecci¨®n de los hijos menores, nos parece m¨¢s que recomendable, urgente.

La cuesti¨®n del aborto, cuya despenalizaci¨®n es reclamada por los incipientes movimientos femeninos de liberaci¨®n, ofrece visos m¨¢s complicados. El derecho a la vida sigue siendo desde luego algo irrenunciable entre los propios derechos humanos. En cualquier caso, la ausencia de enfoque para estos problemas que la comunidad civil padece -al margen la estricta doctrina cat¨®lica- y la falta de un di¨¢logo real y sin complejos en torno al tema, s¨®lo favorece la existencia de redes clandestinas dedicadas al negocio delictivo del aborto. El puritanismo de nuestra sociedad, especialmente de la bien acomodada, de una hipocres¨ªa notable al no ajustar muchas veces sus actos a sus ideas y declaraciones, es muy de se?alar a este respecto.

El tema de la contraconcepci¨®n adquiere en este pa¨ªs tintes tragic¨®micos. Las clases econ¨®mica y culturalmente desfavorecidas acumulan descendencia y necesidades, siendo unos pocos matrimonios premiados simb¨®licamente con desfasadas recompensas al exceso de natalidad. La p¨ªldora, en tanto, se consume en dosis a nivel europeo gracias al m¨¦dico amigo o inteligente o al farmac¨¦utico tolerante. Y ese consumo se lleva a cabo bajo ,una apocal¨ªptica lluvia de recomendaciones de ra¨ªz teol¨®gica en las que se barruntan todo tipo de peligros f¨ªsicos y morales para la mujer espa?ola.

Todo ello choca adem¨¢s farisaicamente con el trato social que en este pa¨ªs recibe la madre soltera, objeto de discriminaci¨®n y vejaciones en su vida laboral y social.

El rescate de esta moral civil a que aludilmos, nos llevar¨ªa a un desglose infinito de situaciones todav¨ªa objeto de persecuci¨®n social o judicial desde perspectivas -a la postre- s¨®lo religiosas. Tal es as¨ª el injusto tratamiento social que en nuestro pa¨ªs recibe el homosexualismo.

La prostituci¨®n, m¨¢xime en un pa¨ªs de matrimonio tard¨ªo por razones de nivel econ¨®mico, no vamos a estimarla ni conveniente ni necesaria, pero tampoco nos atreveremos a defender la existencia de un centro penitenciario dedicado a peripat¨¦ticas. Centro, por lo dem¨¢s, discriminatorio cuando no existe otro an¨¢logo para sus hom¨®logos masculinos crecidos al sol del boom tur¨ªstico.

De la legislaci¨®n, de ra¨ªz napole¨®nico, del matrimonio espa?ol poco cabe decir por harto sabido. Lentamente va reform¨¢ndose el C¨®digo Civil, pero contin¨²an existiendo situaciones relativas al adulterio, a la patria potestad de la prole, a la utilizaci¨®n del patrimonio familiar, al cambio de residencia o al mero hecho de escoger trabajo, medievalmente discriminatorias para la mujer.

Ya hemos escrito que el desglose de los puntos de una moral civil a asumir por el Estado es extenso y trabajoso. Nunca se clarificar¨¢ mientras las relaciones entre la Iglesia y el Estado no sean menos intercondicion antes y la primera entienda que esta necesaria moral civil, asumida y defendida por el Estado, redundar¨ªa en definitiva en beneficio de una m¨¢s exacta moral religiosa de sus fieles.