La, cuesti¨®n del divorcio

SEGUN UN informe dela fundaci¨®n FOESSA, que publ¨ªcaxnos en este mismo n¨²mero, el 71,6 por 100 de los espa?oles desea la implantaci¨®n del divorcio civil en Espa?a.El problema del divorcio reviste en nuestro pa¨ªs caracter¨ªsticas peculiares., Siendo el Estado espa?ol conlesional y doctrina de la Iglesia de Roma la indisolubilidad del matrimonio, las leyes civiles queregulan ¨¦ste y las leyes constitucionales que lo amparan -impiden.de manera seria una resoluci¨®n urgente y v¨¢lida al problema.

Y sin embargo, seg¨²n datos manejados por la Asociaci¨®n de Mujeres Separadas, hay en la actualidad en Espa?a, al menos, cuatrocientos mil matrimonios separados de hecho, y otros cien mil m¨¢s, legalmente. En total, un mill¨®n de espa?oles -probablemente muchos de ellos oficialmente cat¨®licos- a los que la legislaci¨®n les obliga a llevar una vida irregular y compleja.

No es preciso dramatizar aqu¨ª sobre las secuelas que la legislaci¨®n matrimonial y familiar en Espa?a origina. Nuestro C¨®digo Penal prev¨¦ severas penas para los casos de matrimonio ilegal, abandono de familia y adulterio, que en muchas ocasiones vienen determinados de origen por desavenencias conyugales de fondo.

El matrimonio civil entre espa?oles sigue exigiendo apostas¨ªa p¨²blica de la religi¨®n cat¨®lica, y es tan indisoluble para los tribunales como el can¨®nico. Este, v¨¢lido a efectos civiles, no s¨®lo resulta m¨¢s c¨®modo, por dec¨ªrlo de alg¨²n modo, incluso para los agn¨®sticos o apartados de la fe o no practicantes, sino que parad¨®jicamente es la ¨²nica v¨ªa que encuentra el espa?ol con medios econ¨®micos para poder divorciarse.

En efecto, mientras la legislaci¨®n civil no acepta el divorcio, la can¨®nica admite la anulaci¨®n del matrimonio rato y consumado si se demuestra que en el momento del sacramento alguno de los c¨®nyuges -ministros del mismo- no cre¨ªa en el v¨ªnculo o se aduce coacci¨®n f¨ªsica o moral. La pr¨¢ctica demuestra que los tribunales de la Rota,conceden anulaciones de este tipo s¨®lo a base de tiempo y que las causas resulten caras.para los litigantes, que tienen que pagar cuantiosas minutas a los abogados. Pero la anulaci¨®n equivale a un divorcio aut¨¦ntico, pues deja la v¨ªa expedita para un nuevo matrimonio.

La confesionalidad del Estado ha sido rechazada por la propia Iglesia a partir del Concilio Vaticano II. El Estado espa?ol, en consecuencia, y en su legislaci¨®n civil, debe limitarse a regular la instituci¨®n del matrimonio exclusivamente desde su ¨¢mbito, abandonando el aspecto religioso a las distintas confesiones admitidas por ley y, por supuesto, a la Iglesia de Roma.

La cuesti¨®n del divorcio, que sin duda amenaza con politizarse un d¨ªa no muy lejano si no se resuelve pronto, resulta prioritaria a nuestro juicio en la resoluci¨®n de los temas que afectan a la convivencia civil y democr¨¢tica de los espa?oles. M¨¢xime si se tienen en cuenta las cifras que los institutos de opini¨®n dan sobre los deseos de los espa?oles al respecto.