Denuncia por supuesta detenci¨®n ilegal de los empleados de una editorial

Emilio Olcina Aya, editor, apoderado de Editorial Fontamara, SA, de Barcelona, seg¨²n poder otorgado por el notario Carlos Fern¨¢ndez-Casta?eda, ha presentado ante el Juzgado de guardia de la Ciudad Condal denuncia por los delitos de detenci¨®n ilegal previstos y penados en los art¨ªculos 184 y 191, p¨¢rrafo 3, del C¨®digo Penal, contra los funcionarios de la Brigada de Investigaci¨®n Social que resultaren responsables de los hechos relacionados en el escrito de denuncia. El primero de los art¨ªculos citados castiga al funcionario p¨²blico que practicare ilegalmente cualquier detenci¨®n y el segundo establece que incurrir¨¢ en la pena de suspensi¨®n y multa el funcionario p¨²blico que con ocasi¨®n de l¨ªcito registro de papeles y efectos de un s¨²bdito espa?ol, cometiere cualquier vejaci¨®n injusta contra las personas o da?o innecesario en sus bienes.Seg¨²n el denunciante, en las primeras horas del pasado d¨ªa 23 de julio se personaron en los locales de Editorial Fontamara, SA, sitos en la calle de Entenza, 116, cinco inspectores de polic¨ªa, a los que m¨¢s tarde se a?adieron otros m¨¢s al mando del que se identific¨® como Mariano Bello Provincial, quienes exhibieron un mandato de entrada y registro expedido por el jefe superior de polic¨ªa de Barcelona en uso de las facultades que le concede el decreto-ley de prevenci¨®n del terrorismo, en sus apartados vigentes. En los locales se encontraban en ese momento el denunciante y la empleada de la editorial Isabel Varela, a los que se unieron m¨¢s tarde los empleados y colaboradores Yolanda Marco Serra, Jes¨²s Blanco Cerrada, Antonio Santos Cubedo y Jos¨¦ Eugenio Stoute Tachar. Los funcionarios de polic¨ªa registraron durante seis horas los locales de la editorial, ocupando gran cantidad de efectos y materiales de los que, seg¨²n el denunciante, no se ha podido hacer un balance completo, pero cuya requisa ha originado la paralizaci¨®n casi completa de las actividades de la empresa.

Tras el registro, el denunciante y los empleados de la editorial fueron conducidos a la Jefatura Superior de Polic¨ªa, donde se les comunic¨® que estaban detenidos, sin que les fuera comunicado el motivo de la detenci¨®n. Todos ellos permanecieron en los locales policiales hasta las 10.30 del d¨ªa 25 de julio, tiempo durante el cual prestaron declaraci¨®n, sin que en los interrogatorios fueran acusados de actividad delictiva alguna.

En el escrito de denuncia se solicita de la autoridad judicial que efect¨²e las diligencias que estime oportunas en aras de la averiguaci¨®n de los hechos y siga los tr¨¢mites preceptivos hasta la completa delimitaci¨®n de las responsabilidades a que los mismos hubieren dado lugar.