Pasaportes y permisos de conducir

AL FIRMAR el Pacto de Derechos Civiles y Pol¨ªticos, ya aprobado por las Naciones Unidas, el Gobierno espa?ol asume ante la sociedad internacional las mismas obligaciones que hab¨ªa contra¨ªdo, d¨ªas antes, ante el propio pa¨ªs, a trav¨¦s de la Declaraci¨®n Program¨¢tica. Ambos documentos contribuir¨¢n a poner de relieve la tensi¨®n existente entre los valores y principios oficialmente aceptados y proclamados, por un lado, y las pr¨¢cticas y comportamientos que desmienten su letra y atentan contra su esp¨ªritu, por otro.Sabemos que la tarea no va a resultar f¨¢cil, y mucho nos temernos que tampoco r¨¢pida. Bajo el franquismo, tuvieron que pasar cerca de tres d¨¦cadas para que se promulgara la ley de Libertad Religiosa, y todav¨ªa est¨¢ pendiente el candente problema de los objetores de conciencia, y ni siquiera planteado el del divorcio. La igualdad ante los Tribunales se halla recortada por la multiplicidad de fueros especiales y la ausencia de unidad jurisdiccional. El r¨¦gimen penitenciario est¨¢ lejos de aplicar un ?tratamiento humanitario a las personas privadas de libertad?.

Hasta que el tema fue declarado materia reservada, la prensa reprodujo en los ¨²ltimos meses numerosos testimonios de que la tortura no es, desgraciadamente, cosa del pasado.

La libertad de expresi¨®n es ahora mayor que antes, pero todav¨ªa son grandes las trabas administrativas para la creaci¨®n de peri¨®dicos, sigue vigente el impreciso, art¨ªculo 2 de la ley de Prensa y contin¨²an siendo consideradas como ?propaganda ilegal? las publicaciones de algunos partidos. Los primeros frutos de la pol¨ªtica reformista la ley de Reuni¨®n, la ley de Asociaciones y la reforma de los art¨ªculos pertinentes del C¨®digo Penal- se demoraron durante meses y est¨¢n por debajo de los m¨ªnimos democr¨¢ticos que garantizan adecuadamente los derechos p¨²blicos subjetivos correspondientes. Para la celebraci¨®n de elecciones mediante sufragio universal, igual, directo y secreto son necesarios varios pasos previos: la reforma de las Cortes, la promulgaci¨®n de una ley electoral y la fijaci¨®n de los ¨¢mbitos en que aqu¨¦llas ser¨¢n efectivas.

Las invocaciones a la prudencia, los problemas t¨¦cnico-jur¨ªdicos para derogar unas leyes y promulgar otras, la dificultad de someter a una estricta disciplina a los funcionarios que abusan de sus poderes: tales ser¨¢n los argumentos que se esgrimir¨¢n para calmar las impaciencias de quienes lo exigen ?todo y ahora?.

Con independencia de distinguir lo que en estas explicaciones haya de pretexto o de fundadas razones, existen restricciones a las libertades y privaciones de derechos que han sido dictadas por v¨ªa administrativa y cuya inmediataanulaci¨®n no tiene por qu¨¦ demorarse ni un solo d¨ªa.

As¨ª, la denegaci¨®n del pasaporte contin¨²a siendo un acto discrecional del Gobierno.

?Por qu¨¦? De nada sirve esa medida para impedir que los terroristas o los militantes de los partidos ilegales entren o salgan del pa¨ªs: lo hacen a su entera conveniencia y sin mayores problemas. Los ¨²nicos perjudicados son aquellos ciudadanos a los que la Administraci¨®n ha castigado (la medida es claramente punitiva, no precautoria) a no viajar tranquila y pac¨ªficamente al extranjero.

Otro caso de arbitrariedad, que en este caso linda con el rid¨ªculo, es la imposibilidad pr¨¢ctica en la que se encuentran las personas con antecedentes polic¨ªacos de cualquier ¨ªndole (y, por tanto, tambi¨¦n pol¨ªticos) para sacar el permiso de conducir, dado que uno de los documentos de necesaria presentaci¨®n es un certificado de buena conducta expedido por las comisar¨ªas. Tambi¨¦n en esta disposici¨®n el prop¨®sito punitivo y el esp¨ªritu de represalia es evidente. ?C¨®mo se justifica que un estudiante o un trabajador con antecedentes pol¨ªticos sean condenados de por vida a no poder conducir un autom¨®vil o un cami¨®n?

Tal vez otras medidas democratizadoras o simplemente liberalizadoras tengan que demorarse algunas semanas o unos pocos meses por el rango de ley de la disposici¨®n que las ponga en vigor. Pero la concesi¨®n autom¨¢tica de pasaporte (y la atribuci¨®n exclusivamente a los Tribunales de la potestad de retirarlos en funci¨®n de procesos pendientes) y la anulaci¨®n de la obligatoriedad del certificado de buena conducta para conseguir el permiso de conducir son decisiones que pueden adoptarse a nivel ministerial y en cuesti¨®n de pocos d¨ªas.