Secretos oficiales

Con arreglo a la ley este peri¨®dico ser¨ªa secuestrado si publicara la noticia de que el se?or Francisco Mac¨ªas, presidente de Guinea Ecuatorial, se ha fracturado un tobillo al caer por las escaleras de su palacio. A tal extremo conducir¨ªa la aplicaci¨®n de una ley tan discutiblemente democr¨¢tica como la de Secretos Oficiales.No parece probable que sea un catarro presidencial o la composici¨®n del Gobierno, guineano o las cifras del intercambio comercial entre Espa?a y Guinea, las cuestiones que los espa?oles no deben conocer so pena de poner en grave riesgo la seguridad del Estado o el inter¨¦s de la colectividad.

La seguridad del Estado espa?ol o la convivencia nacional en modo alguno pueden peligrar porque los espa?oles lean las noticias que sobre Guinea publican todos los peri¨®dicos del mundo, menos los espa?oles. Lo que aqu¨ª podr¨ªa verse en serio aprieto es la reputaci¨®n o el inter¨¦s de algunos personajes espa?oles relacionados de alguna manera con la reciente historia de Guinea y a quienes el secreto ampara generosamente.

A la postre, que al pueblo espa?ol le est¨¦ vedada la informaci¨®n sobre lo que ocurre en el ¨²nico pa¨ªs africano de habla espa?ola s¨®lo es la an¨¦cdota reveladora de un modo de gobernar: aqu¨¦l en que el Gobierno no tiene la obligaci¨®n de explicar sus decisiones ante unas Cortes representativas.

Lo grave es la multiplicaci¨®n de esta an¨¦cdota y la utilizaci¨®n del noble objetivo de la protecci¨®n del Estado con fines pol¨ªticos contingentes: amparar una gesti¨®n administrativa desafortunada o una conducta individual abusiva.

La ley de Secretos Oficiales debe ser derogada. En materias de informaci¨®n el poder Ejecutivo debe reducir al m¨ªnimo su margen de discrecionalidad y someter sus decisiones en la materia a un control imparcial.

La ley de Secretos Oficiales, es adecuada a la situaci¨®n pol¨ªtica en que fue creada, hace ocho a?os: entonces, cuando el sistema de poder personal entraba en su fase de decadencia, sinti¨® el R¨¦gimen la necesidad de arbitrar unos instrumentos de emergencia para mantener la delicada situaci¨®n. La ley de Prensa hab¨ªa entreabierto en 1966 la primera ventana a la libertad de informaci¨®n y el a la m¨¢s autoritaria del Gobierno quiso cerrarla, dos a?os despu¨¦s, con la ley de Secretos Oficiales. Ahora la situaci¨®n es distinta: no presenciamos el final de un sistema sino el comienzo de otro. No es hora de resolver emergencias sino de buscar la estabilidad. Hay que desterrar vestigios de excepcionalidad, y optar con valor por la transparencia informativa.

De otro modo -dicho sea con todos los respetos-, la ley de Secretos mas bien parec¨ªa hoy un sistema de cortinas de humo que una verdadera norma jur¨ªdica.

Cuando un Gobierno como el actual, pone en duda por boca de su ministro de Informaci¨®n, la virtualidad de la ley de Prensa (ver declaraciones en p¨¢g. 8), da un paso hacia la democracia. Cuando ese mismo Gobierno renueva el secreto oficial sobre Guinea, y no levanta el que pesa sobre las actuaciones judiciales en relaci¨®n con los malos tratos a los detenidos, no hace otra cosa que dar un paso atr¨¢s en su credibilidad.