Sigue la ocupaci¨®n de fincas en el Alentejo portugu¨¦s
Una finca de 578 hect¨¢reas ha sido ocupada por los trabajadores agr¨ªcolas alentejanos. La propiedad, denominada ?Charneca?, situada en Mourao, en el consejo de Evora, est¨¢ evaluada por el Ministerio de Agricultura en unos 61.000 puntos, lo que la sit¨²a por encima de los 50.000 que dispone la ley de Reforma Agraria para las expropiaciones de fincas. La ocupaci¨®n de la propiedad se produjo sin incidentes, pero tambi¨¦n sin intervenci¨®n de las autoridades del Ministerio de Agricultura.Es esta la primera vez que los trabajadores agr¨ªcolas ocupan una propiedad desde la ca¨ªda del Gobierno de Vasco Gonzalves. Hace unas semanas, las autoridades decidieron terminar con las ocupaciones ilegales de fincas que no alcanzaban los 50.000 puntos. Los sindicatos agr¨ªcolas de la regi¨®n del Alentejo, de fuerte influencia comunista, colaboraron en la desocupaci¨®n de aquellas, pero manifestaron que exig¨ªan la expropiaci¨®n inmediata de las 400.000 hect¨¢reas a¨²n en manos privadas, alcanzadas por la ley de Reforma Agraria. Al parecer, los sindicatos han tomado la decisi¨®n de tomarse la justicia por su mano y han comenzado ya la ocupaci¨®n de nuevas tierras, despu¨¦s de asegurarse previamente que la propiedad estaba incluida en las ?fincas expropiables?. Los ocupantes de la Finca ?Charneca? han manifestado que se integar¨¢n en la Cooperativa agr¨ªcola ? 12 de Septiembre?, a la que ya pertenecen varias fincas ocupadas legalmente.
Por su parte los agricultores del Norte, organizados en la CAP (Confederaci¨®n de Agricultores de Portugal), han vuelto a realizar una reuni¨®n en R¨ªo Maior (centro del pa¨ªs), al final de la cual han urgido al Gobierno para que termine con la ley de Reforma Agraria, a la que denominan ?ley de Expropiaciones Agr¨ªcolas?.
Mientras tanto, dos jueces militares de Lisboa se han negado a iniciar un proceso contra un ayudante de ch¨®fer de la PIDE (polic¨ªa pol¨ªtica salazarista) por considerar que la ?ley sobre los pides? es anticonstitucional. Otro de los jueces consider¨®, sin embargo, que la ley se ajustaba completamente a la Constituci¨®n. El caso deber¨¢ pasar al Tribunal Supremo de Justicia Militar y posteriormente, a la Comisi¨®n Constitucional que preside Melo Antunes.
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