Contenidos econ¨®micos de las autonom¨ªas / y 2

Desde el otro lado, se exageran abundantemente los peligros y costes de la alegada fragmentaci¨®n del Sector P¨²blico que su descentralizaci¨®n implica, de la p¨¦rdida de ?econom¨ªas de escala?, de la dispersi¨®n de esfuerzos y objetivos. Se olvidan, al argumentar as¨ª, los costes y despilfarros de un centralismo tan patol¨®gico como el que actualmente sufre Espa?a ?A d¨®nde ir¨ªamos a parar con cincuenta Ministerios de Agricultura? Da la impresi¨®n de que, desde luego, no a una situaci¨®n peor que la actual en lo que se refiere, por ejemplo, a la extensi¨®n agraria. Alava es una provincia peque?a y su Diputaci¨®n Foral una instituci¨®n de modestas dimensiones econ¨®micas. Los alaveses llevamos mucho tiempo sin tener que lamentarlo.Pero es muy cierto que los aludidos peligros y costes existen. Hay una relaci¨®n clara entre la envergadura de las competencias que cabe atribuir a una instituci¨®n aut¨®noma y sus dimensiones. Las del conjunto espa?ol pueden ser las m¨ªnimas para no pocas finalidades. Es improbable que el pa¨ªs pueda permitirse, por ejemplo, m¨¢s de una compa?¨ªa a¨¦rea estatal con vuelos internacionales regulares. Es necesario, tambi¨¦n, que se mantenga un m¨ªnimo de coordinaci¨®n entre las actividades de las diversas Administraciones centrales y perif¨¦ricas. Cabe esperar queja coordinaci¨®n se produzca ya espont¨¢neamente: lo que entre nosotros llamar¨ªamos mancomunidades y conciertos son un fen¨®meno muy t¨ªpico de los sistemas federales o descentralizados. Se recurre adem¨¢s, en ellos, a mecanismos que imponen en alguna medida -acentuada para tareas consideradas prioritarias- esta conjunci¨®n de fines y actividades. Generalmente, ofreciendo desde el centro la financiaci¨®n parcial de lo que se considera deseable que la periferia emprenda: esta es la filosof¨ªa en los conocidos ?grants-in-aid ? norteamericanos.

A¨²n teniendo en cuenta reservas del g¨¦nero de las mencionadas, parece que, en la materia, la carga de la prueba pesa (casi) en su integridad sobre quienes se opongan a la atribuci¨®n a la periferia de competencias administrativas de contenido econ¨®mico. S¨®lo lo demostradamente inapto para la descentralizaci¨®n debiera continuar centralizado. Lo que ser¨¢ desde luego, en Espa?a infinitamente m¨¢s f¨¢cil propugnar que llevar a cabo. La Administraci¨®n Central estableci da va a defenderse con u?as y las ideas claras. No se nos hable de desintegraci¨®n del Estado cuando se trata de desprivatizarlo; no se confundan los intereses del pa¨ªs -o los de Castilla o de Andaluc¨ªa- con los de la burocracia que en ¨¦l se ha enquistado.

El sistema fiscal, en el centro de la cuesti¨®n

No hay autonom¨ªa real sin un reparto de los ingresos p¨²blicos sistem¨¢tico, no discrecional, firmemente anclado en la constituci¨®n fiscal del pa¨ªs, entre centro y periferias, sin un s¨®lido componente de autonom¨ªa presupuestaria. Se ha arg¨¹ido antes que, en una organizaci¨®n pol¨ªtica descentralizada, el sistema impositivo parece que ha de ser b¨¢sicamente unitario. Entre otras razones, porque ¨¦sta es la ¨²nica forma de lograr la condici¨®n previa de la justicia fiscal: el tratamiento igual de situaciones iguales. Lo que s¨ª exige, imprescindiblemente, la descentralizaci¨®n es que el producto -la recaudaci¨®n que genere este sistema unitario se distribuya, por principio, entre centro y periferias, y que estas ¨²ltimas puedan gastarse la mayor parte de los recursos p¨²blicos que les corresponden exactamente en lo que les d¨¦ la gana.

No hay, por otra parte, descentralizaci¨®n viable sin -para utilizar la terminolog¨ªa habitual en los an¨¢lisis del federalismo fiscal- equiparaci¨®n, sin redistribuci¨®n de los recursos p¨²blicos entre regiones ricas y pobres, o m¨¢s y menos desarrolladas, o m¨¢s y menos industrializadas. En otro caso, la descentralizaci¨®n opera, y brutalmente, en favor de las primeras.

El malentendido m¨¢s grave que puede presentarse en este punto -ciertamente cr¨ªtico- es el de suponer que el lugar (o regi¨®n) donde se recauda un impuesto otorga (a la regi¨®n) el derecho a quedarse con el producto de la recaudaci¨®n. No es as¨ª. En primer lugar, porque los impuestos son repercutibles, tanto -obviamente- los indirectos como -seg¨²n se?alan los fiscalistas- los directos. No los paga quien los paga, sino quien los soporta y se soportan, de manera muy difusa, por el conjunto de los ciudadanos del conjunto del pa¨ªs. En segundo lugar, porque las polarizaciones de riqueza en unas u otras regiones son de muchas formas imputables a la utilizaci¨®n por ellas de los recursos y mercados que les ofrecen las dem¨¢s. En consecuencia, todas las organizaciones pol¨ªticas federales y descentralizadas contempor¨¢neas distribuyen, entre las entidades perif¨¦ricas, los recursos fiscales a ellas atribuidos, siguiendo (aunque a menudo de forma muy complicada) un criterio equiparador. Con ser criterio burdo, ¨¦ste suele encontrarse, principalmente, en el n¨²mero de habitantes de cada entidad. No se peque, en este extremo, de excesiva suspicacia perif¨¦rica. Muy probablemente, en Espa?a, la gran beneficiaria del m¨¦todo opuesto -de una suerte de ?adscripci¨®n territorial? del producto del impuesto- resultar¨ªa la villa, provincia o, incluso, regi¨®n de Madrid.

Con tal equiparaci¨®n no basta -puesto que en rigor no supone, o apenas, redistribuci¨®n- en una econom¨ªa afectada por desequilibrios econ¨®micos regionales tan fuertes como los espa?oles. Estos desequilibrios exigir¨ªan, para que la descentralizaci¨®n fuera en Espa?a viable, adem¨¢s y por lo menos, la financiaci¨®n conjunta, a cargo del centro, de las periferias interesadas y de las dem¨¢s, de proyectos (voluminosos pero sensatos) de desarrollo regional.