Partidos regionales y normativa electoral

El nacimiento en Catalu?a de un gran partido democr¨¢tico y de masas, como es el socialista, confirma una vez m¨¢s la preocupaci¨®n de quienes tememos que la futura normativa electoral tienda a excluir del Parlamento espa?ol a fuerzas pol¨ªticas altamente significativas.Es un lugar com¨²n entre los entendidos que los sistemas electorales, convenientemente manipulados por los grupos en el poder -y, a veces, en pacto con los predominantes de la oposici¨®n-, pueden alterar el sistema de partidos, rectificar una correlaci¨®n de fuerzas determinadas y favorecer, directa o indirectamente, a aquellos que han intervenido en la redacci¨®n del texto normativo electoral. Si aplicamos dicho lugar com¨²n a la decisiva coyuntura espa?ola actual, no es dif¨ªcil imaginar el inter¨¦s que siente el Gobierno y los grupos m¨¢s influyentes en imponer o pactar una f¨®rmula electoral que -ret¨®ricas democr¨¢ticas aparte- resulte lo m¨¢s beneficiosa posible a cada grupo. No es ofensivo recordar una obviedad: los intereses de partido incluyen naturalmente en las preferencias por una f¨®rmula electoral concreta.

Este realismo compartido y ante el que nadie ha de rasgarse las vestiduras, no es ¨®bice para que el principio democr¨¢tico de respeto a todos los sectores de opini¨®n deba prevalecer sobre los intereses de algunos de ellos, mejor situados que el resto a la hora de tomar la salida hacia las urnas. En un proceso objetivamente constituyente como es el nuestro, ser¨ªa un profundo error, de consecuencias muy peligrosas, relegar una parcela importante de la realidad pol¨ªtica a un plano tan secundario que la oculte o la prive de expresi¨®n eficaz.

Los partidos que est¨¢n surgiendo en Catalu?a o en otros pueblos, regiones y pa¨ªses de Espa?a, pueden ser, en algunos casos, tan minoritarios y personalistas como lo son determinados partidos creados en Madrid con pretensi¨®n de abarcar todo el, Estado; pero en otros, los partidos qu¨¦ cito surgen de amplias corrientes de opini¨®n, de fuertes intereses de clase y expresan con naturalidad la inequ¨ªvoca conciencia de pertenecer a un pueblo, a un pa¨ªs o a una regi¨®n definida.

?C¨®mo llevar al futuro Parlamento democr¨¢tico del Estado com¨²n la representaci¨®n de esos amplios sectores del electorado que utilizan espont¨¢neamente el cauce pol¨ªtico de partidos propios, distintos -y, a veces, diferentes- de los grandes partidos de todo el Estado? Ya he dicho antes que la tentaci¨®n de anteponer los ?tics? de poder y hegemon¨ªa de tres o cuatro ?grandes? al principio democr¨¢tico podr¨ªa engendrar una ley electoral que les librara a estos ¨²ltimos de la inc¨®moda presencia de unos hermosos rivales. A nadie le gusta perderse el substancioso poder electoral que aporta un pa¨ªs como Catalu?a, por ejemplo. ?Por qu¨¦ tendr¨ªa que administrar aut¨®nomamente un partido hermano el fondo electoral de amplias masas urbanas e industriales?

Sin embargo, esa tentaci¨®n ha de ser vencida. Hay que evitar una normativa electoral que a trav¨¦s de sofisticadas imitaciones del sistema alem¨¢n ponga limitaciones de porcentajes m¨ªnimos de votos a los peque?os partidos. Reconozco que es un t¨®pico la lucha contra la proliferaci¨®n partidista, pero en momentos constituyentes, un partido ?regional? debe llegar al Parlamento que ha de elaborar, entre otras cosas, la forma del Estado. Ser¨¢ un error computar el porcentaje obtenido por un partido de ¨¢mbito no estatal en relaci¨®n con todo el territorio del Estado. Lo importante no es ser minor¨ªa cuantitativa, sino posible mayor¨ªa cualitativa. Un gran partido catal¨¢n, o gallego o canario, etc, debe estar en las Cortes. Impedirlo es hacer separatismo centralista, cuyos frutos son despu¨¦s condenados en nombre de una supuesta grandeza de horizonte.

La responsabilidad de quien pudiera estar haciendo ya, en la sombra, la ley electoral, es enorme. La responsabilidad de los partidos que puedan estar ya hoy pactando la normativa de los pr¨®ximos comicios es asimismo muy grande. La que nos corresponde a los presuntuosamente considerados como ?expertos? es, por lo menos, la de no colaborar en esa irresponsable maniobra que podr¨ªa ser, en nombre de la democracia y de la ciencia pol¨ªtica, impedir que una parte decisiva de las fuerzas democr¨¢ticas de Espa?a participen en la futura constituci¨®n del Estado. De ese. separatismo impuesto por los ?cuarteles centrales? ser¨ªamos responsables todos.