Los fantasmas de la dictadura

Xavier Andr¨¦s Flores, nacido en Saint-Nazaire (Francia) en 1924. Espa?ol exiliado desde abril de 1948. Doctor en Letras y Ciencias Humanas (Sorbona, 1971), doctor en Historia Econ¨®mica (idem, 1965), diplomado de la Escuela de AItos Estudios (idem, 1960). Durante veinticinco a?os ha sido funcionario internacional al servicio de diversos organismos: Comit¨¦ Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME), Unesco, ONU, OIT. Experto asesor de la OIT y del Instituto de las Naci¨®nes Unidas para el Desarrollo Social

Cada dictadura fabrica sus propios fantasmas para colocar entre el poder y el pueblo una pantalla que le impida a ¨¦ste ver y juzgarla realidad como es. Quiz¨¢ porque toda la realidad social, por los desequilibrios que entra?a, tiene algo de escandaloso y revolucionario. Corregir esos desequilibrios es la finalidad misma de la democracia. Congelarlos, aprovecharse de ellos y atribuir su existencia a presuntos y fantasmag¨®ricos enemigos, es el papel cr¨®nico de las dictaduras. Lo tremendo es que despu¨¦s de haber inventado sus fantasmas, el sistema acaba por creerse su propia propaganda. Las dificultades del proceso actual de transici¨®n radican en gran parte, aunque no en su totalidad, en este penoso fen¨®meno. Harto sabido es que los problemas de nuestro pa¨ªs, enjuiciados desde la perspectiva del R¨¦gimen se deb¨ªan -y a¨²n se deben para algunos- a los llamados ?enemigos de Espa?a?, divididos, para mayor comodidad, en dos categor¨ªas principales: los de ra¨ªz ex¨®gena, o sea, los ?pa¨ªses envidiosos de nuestra historia? cuya principal tarea es urdir ?complots contra Espa?a?, y los de origen end¨®geno; exiliados pol¨ªticos y enemigos del interior. Ahora descubren algunos con asombro con qu¨¦ solicitud se disponen los pa¨ªses ?enemigos? a fomentar el ingreso de Espa?a en el Mercado Com¨²n, siempre que se ajuste, como ellos a lo pactado en el Tratado de Roma. Se descubre tambi¨¦n que, en definitiva, lo que hemos estado pidiendo los exiliados, por ejemplo en la hist¨®rica reuni¨®n de Munich celebrada en junio de 1962, coincide en l¨ªneas generales con los prop¨®sitos verbales del Gobierno actual, con la salvedad de que entonces se persegu¨ªa y desterraba a los culpables de haber expuesto ideas con las que hoy desayuna cada ministro.

Pero, aunque en la fraseolog¨ªa oficial se advierte un cambio de tono, ideas y prop¨®sitos, quedan todav¨ªa muchos fantasmas que arrinconar en la alacena de los tristes recuerdos. Para ello, hay que ver las cosas como son, llamarlas por su nombre, sopesar su importancia y no empe?arse en seguir creyendo que son como uno se imaginaba que eran por autosugesti¨®n propagand¨ªstica. Dos ejemplos de esta actitud regresiva brillan por su presencia en el momento pol¨ªtico actual: la reciente reforma del C¨®digo Penal, aprobada por las Cortes y la aplicaci¨®n de ese indulto a cuentagotas que se ha dado en llamar amnist¨ªa.

La reforma del C¨®digo Penal, en particular la del art¨ªculo 172, est¨¢ presente en el ¨¢nimo de todos. Sus defectos t¨¦cnicos y sus consecuencias jur¨ªdicas fueron analizadas, breve pero acertadamente, por los profesores Garc¨ªa Vald¨¦s, Rodr¨ªguez Mourullo y Stampa Braun en EL PAIS del 15 de julio pasado. Su repercusi¨®n en la vida pol¨ªtica est¨¢ a la vista de todo observador sensato: vivimos una situaci¨®n de total incoherencia entre lo que se legisla, lo que .se dice y lo que se hace. Pero antes de referirme a esta grave consecuencia de la reforma quiero subrayar hasta qu¨¦ punto los fantasmas del pasado preponderaron en las decisiones adoptadas, especialmente en el punto quinto del art¨ªculo 172. Este punto, tal como lo aprob¨® el Pleno de las Cortes, por mayor¨ªa de 245 votos, incluido el Gobierno, dice que son il¨ªcitas las asociaciones que ?sometidas a una disciplina internacional, se propongan implantar un sistema totalitario?. A primera vista, lo que choca a cualquier dem¨®crata acostumbrado a la terminolog¨ªa pol¨ªtica utilizada en los pa¨ªses occidentales, es el empleo del calificativo ?totalitario? en un texto legal, pues, habida cuenta de la finalidad perseguida, parece que nadie se ha percatado de que tal palabra no es de raigambre marxista y s¨ª en cambio, de origen fascista. Pas¨® de Italia a Espa?a para incorporarse al punto seis de la Falange (?Nuestro Estado ser¨¢ un instrumento totalitario al servicio de la integridad Patria?) y luego al pre¨¢mbulo del Fuero del Trabajo (?... el Estado Nacional en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad patria ... ?). Huelga recordar cu¨¢n ardientemente defendieron entonces esta definici¨®n los m¨¢s distinguidos juristas del R¨¦gimen, por ejemplo don Ignacio Mar¨ªa de Lojendio en su R¨¦gimen politico del Estado Espa?ol, publicado en 1942.

Si se entiende por sistema totalitario un r¨¦gimen de partido ¨²nico, de sindicato ¨²nico, de prensa controlada y censurada, carente de las libertades p¨²blicas de los pa¨ªses democr¨¢ticos, cabe preguntarse si no es ¨¦se el tipo de r¨¦gimen que hemos tenido en Espa?a durante cuatro decenios, a menos que lo hayamos so?ado, y c¨®mo quienes propugnaron y mantuvieron un sistema totalitario pueden hoy estar en contra del totalitarismo, -sin especificar al menos, en aras de la precisi¨®n de la ley, a qu¨¦ totalitarismo se refieren. Con la ley en la mano, se hubiera podido decretar al d¨ªa siguiente de la reforma la ilicitud del Movimiento, encarnaci¨®n del partido ¨²nico oficial que hemos tenido y seguimos teniendo hasta ahora, y que ha ejercido el monopolio pol¨ªtico como ?consecuencia elemental de los derechos adquiridos en la ocupaci¨®n del poder? (Lojendio, op. cit., p. 273). En cambio, si nos atenemos al texto de la ley, ser¨¢ dif¨ªcil prohibir a un partido comunista que propugna la pluralidad democr¨¢tica y se declara independiente de toda obediencia internacional, y s¨ª se podr¨ªa prohibir al PSOE y a algunos grupos dem¨®cratas cristianos por estar vinculados a sus internacionales respectivas.

Frente a la versi¨®n aprobada del punto 5, del art¨ªculo 172, se presentaron otras dos, una mucho m¨¢s clara y radical y otra mucho m¨¢s acorde con el momento pol¨ªtico actual. La versi¨®n m¨¢s radical, presentada fuera de las normas reglamentarias y por ello rechazada, propugnaba la ilicitud de ?los grupos, asociaciones o partidos comunistas, nacionales o internacionales?. Con sentido com¨²n hizo observar el ponente de la Comisi¨®n de Justicia que el C¨®digo defin¨ªa tipos penales y no conten¨ªa la condena de ninguna persona o asociaci¨®n, exclusivamente por llevar un determinado nombre. La versi¨®n de recambio presentada a t¨ªtulo de sugerencia por la Comisi¨®n de Justicia y, como acabamos de se?alar, m¨¢s conforme con el momento pol¨ªtico, declaraba ll¨ªcitas las asociaciones que ?por, su objeto, programa, actuaci¨®n o circunstancias alenten a la dignidad o a la libertad humanas, o sean contrarias al pluralismo asociativo como medio para la participaci¨®n pol¨ªtica?. Aunque jur¨ªdicamente discutible, por cuanto conceptos como la dignidad o la, libertad pertenecen m¨¢s al campo de la filosof¨ªa del derecho y del derecho pol¨ªtico que al derecho penal propiamente dicho, esta versi¨®n ten¨ªa la gran ventaja de reflejar, no s¨®lo el anhelo profundo de la mayor¨ªa del pa¨ªs, sino tambi¨¦n los fines democr¨¢ticos y pluralistas expresados por el propio Gobierno. Lo sorprendente es que ¨¦ste se abstuvo en su votaci¨®n, en tanto que dio su voto a la versi¨®n aprobada, mostrando as¨ª cu¨¢nto pueden todav¨ªa los fantasmas del pasado frente a la terminolog¨ªa democr¨¢tica, fresca y reciente, que adorna los discursos oficiales sobre el porvenir del pa¨ªs.

Esta dicotom¨ªa entre los prop¨®sitos y los hechos se refleja a diario en una realidad que desborda todas las ficciones jur¨ªdicas. El Partido Comunista de Espa?a campea a sus anchas por doquier, interviene en reuniones y congresos con figuras de primer plano que no ocultan su identidad, y mantiene contactos -?oficiosos? seg¨²n el propio PC- con emisarios del Gobierno, que ma?ana ser¨¢n oficiales a menos que retrocedamos a la ¨¦poca de las catacumbas. As¨ª, lo que es ilegal en la ley es l¨ªcito de facto en la calle. Esta inadecuaci¨®n de la ley con la realidad, siempre grave en un Estado de derecho, puede llevarnos a una verdadera esquizofrenia pol¨ªtica, en el sentido lato de la palabra, y acarrear una interminable prolongaci¨®n de la inseguridad jur¨ªdica en que vivimos.

Los dem¨®cratas que llevamos decenios en el exilio reivindicando la democracia y el respeto de las libertades y de los derechos humanos, no nos planteamos as¨ª el problema del Partido Comunista. Quienes estamos radicalmente en contra de toda dictadura, sea comunista o de cualquier otro signo, consideramos que la soluci¨®n no es prohibir tal o cual partido sino implantar una constituci¨®n pol¨ªtica que obstaculice todo intento de golpe de Estado o aventura subversiva y, sobre todo, una pol¨ªtica social avanzada para que ninguna clase se sienta preferida y atienda el cantar de las sirenas dictatoriales, que por desgracia nunca han faltado en nuestro pa¨ªs. Las reflexiones sobre el pasado, en particular sobre la guerra civil, no son materiales id¨®neos para edificar el porvenir cuando se les da una vigencia que no tienen. Si admitimos que muchos servidores del R¨¦gimen, que defendieron el totalitarismo de anta?o, han evolucionado o lo est¨¢n haciendo hacia un concepto democr¨¢tico de la sociedad pol¨ªtica, sea por aut¨¦ntico convencimiento o porque no ven otra salida, ?en virtud de qu¨¦ presunci¨®n se ha de negar la evoluci¨®n del Partido Comunista, proclamada por ¨¦l, hacia la pluralidad democr¨¢tica, y su abandono de toda obediencia internacional? Es m¨¢s, si sus prop¨®sitos no fueran sinceros y se destapara con otras intenciones, ser¨ªa el propio PC quien se desacreditar¨ªa ante una masa ciudadana ansiosa de democracia y libertad, que no vacilar¨ªa en expulsarlo de su seno.

Acabar con las catacumbas y los s¨®tanos, construir una vida p¨²blica abierta en la cual sepamos qui¨¦n es qui¨¦n y cu¨¢nto pesa de verdad -?representa el PC un 10, un 15 % de la masa electoral?- es el inexcusable deber, al nivel del Gobierno y a la escala modesta del ciudadano, que se impone en este pa¨ªs. De momento, no podemos decir que caminamos por la buena senda. Otro hecho que nos demuestra cu¨¢nto imperan los fantasmas del pasado sobre una visi¨®n de la realidad es la ?amnist¨ªa? recientemente promulgada.

No discutiremos aqu¨ª el contenido del decreto ley, harto analizado ya por prensa, y se?alaremos tan s¨®lo los temores retrospectivos e infundados que perturbaron su elaboraci¨®n.- Frente a la amnist¨ªa otorgada por Franco a sus partidarios en la ley de 23 de septiembre de 1939, en virtud de la cual se consideraron como no delictivos hasta los homicidios de car¨¢cter pol¨ªtico-social cometidos desde el 14 de abril de 1931 hasta el 18 de julio de 1936 por personas de ideolog¨ªa coincidente con el Movimiento Nacional, la amnist¨ªa concedida ahora no es un ejemplo de gran generosidad. A fines de agosto, los resultados de esta amnist¨ªa se cifraban en unos doscientos excarcelados en Espa?a y en unos centenares de pasaportes expedidos en el extranjero despu¨¦s de un vaiv¨¦n de consultas y un cortejo de protestas que llegaron hasta la ocupaci¨®n del consulado general de Espa?a en Par¨ªs. La cifra de los excarcelados y la lentitud con que van saliendo de las c¨¢rceles es bien reveladora de ese ?quiero y no quiero? que es el alma misma del decreto. Pero lo m¨¢s revelador es el tr¨¢mite impuesto a los consulados para la expedici¨®n de pasaportes, como si fuera a atravesar de nuevo los Pirineos el ej¨¦rcito republicano que sali¨® de Espa?a en 1939.

De hecho, se ha promulgado la amnist¨ªa c¨®mo si acabara de terminarse la guerra civil y no estuvi¨¦ramos en 1976. Llevo a?os diciendo que a Espa?a volver¨¢n de mil a dos mil personas como m¨¢ximo. A esta hip¨®tesis, fundada en la observaci¨®n directa del exilio y que hasta ahora no desmiente el n¨²mero de pasa portes solicitados, hubiera podido llegar el propio Gobierno si hubiese hecho un estudio escueto de la realidad. Veamos las cifras: entre febrero y mayo de 1939 salieron de Espa?a, seg¨²n el censo establecido por el Ministerio del Interior franc¨¦s, 527.843 refugiados, incluidos mujeres y ni?os. Regresaron a Espa?a unos 100.000 en los meses siguientes. Al producirse la liberaci¨®n de Francia, en noviembre de 1944, quedaban en Francia unos 350.000 espa?oles (1).

No es f¨¢cil estimar hoy la cifra exacta de los exiliados espa?oles, porque bastantes recobraron el pasaporte y en no pocos casos han conservado el titre de voyage de refugiado para no perder los derechos que su estatuto les confiere. Seg¨²n el Office Fran?ais de Protecci¨®n des R¨¦fugi¨¦s, que me ha suministrado su estimaci¨®n, los exiliados espa?oles son hoy unos 40.000. Pero no es la cifra actual lo que importa. Lo fundamental, lo tr¨¢gico, es que han pasado treinta y siete a?os y ¨¦ste es el hecho que debi¨® considerarse al promulgar el decreto. En su gran mayor¨ªa la di¨¢spora espa?ola no necesita ya ninguna amnist¨ªa porque est¨¢ en el cementerio. Entre los que quedan, los j¨®venes de veinte a?os en 1936 son hoy abuelos sexagenarios. Los pol¨ªticos de entonces murieron pr¨¢cticamente todos, desde Aza?a, que fue uno de los primeros hasta Alvarez del Vayo hace poco m¨¢s de un a?o. Salvo contadas excepciones -La Pasionaria, Santiago Carrillo, Jos¨¦ Maldonado, Fernando Valera, Julio Just, Victoria Kent, Margarita Nelken, Federica Montseny, Enrique L¨ªster y Josep Tarradellas-, el exilio es u n desierto pol¨ªtico a nivel de dirigentes hist¨®ricos. En cuanto a la llamada ?militancia?, los ardientes combatientes de la guerra civil andan entre los sesenta y los ochenta a?os, tienen hijos y nietos que son en gran parte franceses, mexicanos o de otras nacionalidades, y por la modestia de sus situaciones -no olvidemos que en el exilio no hubo Soficos ni Matesas-, el volver a Espa?a, como no sea de vacaciones, les plantear¨ªa un verdadero problema: deshacer una vida rehecha a duras penas, alejarse de familiares que no nacieron en Espa?a ni la conocen, buscar vivienda y medios de subsistencia en nuestra patria, que ya cuenta con 800.000 parados, y todo ello para terminar quiz¨¢ sinti¨¦ndonos terriblemente desarraigados. Tal es el pat¨¦tico problema del exilio sobre el cual no se ha querido reflexionar.

De ah¨ª que tanta precauci¨®n, tanta parquedad en la administraci¨®n de la amnist¨ªa, como si una decena de ancianos pol¨ªticos y unas mil o dos mil personas corrientes y molientes que pudieran regresar a Espa?a plantearan un problema de orden p¨²blico en un pa¨ªs de treinta y tantos millones de habitantes, nos revelen lo que al principio he se?alado: que los fantasmas de la guerra civil siguen poblando las mentes de los que la ganaron o heredaron la victoria.

No s¨®lo los dos hechos expuestos aqu¨ª -la reforma del C¨®digo Penal y la amnist¨ªa- son reveladores de este fen¨®meno. Otros muchos podr¨ªan analizarse, pero basten ?stos para se?alar que con miedo, con la mirada hacia atr¨¢s como si a¨²n estuvieran los campos de Espa?a en ruinas y nuestro pueblo no hubiera madurado, no se puede caminar serenamente hacia el futuro.

Si en la reforma del C¨®digo Penal se hubiera aprobado al menos la sugerencia de la Comisi¨®n de Justicia para el punto quinto del art¨ªculo 172 y si en la amnist¨ªa se hubiera obrado con la generosidad que tuvo Franco para sus partidarios en 1939, hoy podr¨ªamos pensar que, por fin, los fantasmas del pasado hab¨ªan quedado definitivamente superados.

(1) V¨¦ase a este respecto la obra de Antonio Vilanova, Los olvidados - Los exiliados espa?oles en la segunda guerra mundial, Ruedo Ib¨¦rico, Par¨ªs 1969.