El fiscal y la filtraci¨®n

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre lo encontrado en los ordenadores y tel¨¦fonos m¨®viles del fiscal general del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, no aporta pruebas sobre el delito de revelaci¨®n de secretos por el que est¨¢ siendo investigado en el Tribunal Supremo. Elaborado con los datos obtenidos en el registro de su despacho desarrollado el 30 de octubre durante 11 horas, el informe contiene, al menos, dos datos relevantes. Por un lado, los correos electr¨®nicos analizados acreditan que Garc¨ªa Ortiz recibi¨® el documento en el que Alberto Gonz¨¢lez Amador, pareja de Isabel D¨ªaz Ayuso, reconoc¨ªa sus delitos 20 minutos despu¨¦s de que se difundiera la primera informaci¨®n sobre dicho correo ¡ªcon citas textuales¡ª en la Cadena SER.

Por otro lado, el instituto armado hall¨® ¡°cero mensajes¡± en el tel¨¦fono m¨®vil del fiscal general correspondientes a los d¨ªas que se investigan. La explicaci¨®n que este peri¨®dico ha obtenido es que hab¨ªa cambiado de tel¨¦fono recientemente y borrado los mensajes del viejo dispositivo siguiendo una directriz de Protecci¨®n de Datos. Esta circunstancia abona la sospecha de culpabilidad del fiscal general porque supone la desaparici¨®n de la hipot¨¦tica prueba. Corresponde a la Fiscal¨ªa explicar fechas y detalles de ese cambio y borrado de m¨®vil cuando ya estaba abierta la investigaci¨®n, aunque nadie pudiera anticipar que el juez instructor del caso, ?ngel Hurtado, iba a ordenar una medida tan extraordinaria como un registro en su despacho y la clonaci¨®n del tel¨¦fono.

Una actuaci¨®n tan invasiva contra un alto cargo del Estado como la dictada por el magistrado del Supremo no se hab¨ªa dado jam¨¢s en democracia. Y mucho menos para investigar un supuesto delito que no parece entrar en la categor¨ªa de los de gravedad incontestable ¡ªterrorismo, por ejemplo¡ª, donde est¨¢n justificadas acciones tan dr¨¢sticas. Bien al contrario, lo que se investiga es una filtraci¨®n a la prensa. Y nunca juez alguno hab¨ªa recurrido a ella tratando de indagar en una filtraci¨®n, algo cotidiano en Espa?a.

Sea como fuere, el informe de la Guardia Civil acredita ahora que Garc¨ªa Ortiz recibi¨® el correo sobre Gonz¨¢lez Amador tras su difusi¨®n en la radio y que la nota publicada por la Fiscal¨ªa trataba de responder al bulo difundido por Miguel ?ngel Rodr¨ªguez, jefe de gabinete de la presidenta D¨ªaz Ayuso.

Como es conocido, Alberto Gonz¨¢lez Amador hab¨ªa ofrecido al fiscal que investiga su caso un acuerdo para admitir dos delitos contra la Hacienda p¨²blica, pagar una multa de medio mill¨®n de euros y rebajar as¨ª el castigo a solo ocho meses de c¨¢rcel. Sin embargo, Rodr¨ªguez utiliz¨® el intercambio de mensajes entre el investigado y el fiscal para ¡ªhurtando el verdadero origen de ese di¨¢logo¡ª difundir la falsedad de que todo hab¨ªa sucedido al rev¨¦s: que hab¨ªa sido la Fiscal¨ªa la que hab¨ªa ofrecido un pacto y que esa oferta se hab¨ªa retirado por ¡°¨®rdenes de arriba¡±.

La informaci¨®n falsa, difundida por medios afines al PP, fue contestada 12 horas m¨¢s tarde por el fiscal general del Estado a trav¨¦s de la nota en la que se restauraba la verdad. El enredo jur¨ªdico que acorrala a Garc¨ªa Ortiz contribuye a tapar un esc¨¢ndalo mayor: el Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido la actuaci¨®n de un defraudador fiscal confeso. Y para esa defensa, no ha escatimado esfuerzos de personas pagadas con dinero p¨²blico.