Las elecciones municipales, tambi¨¦n urgentes

El aplazamiento de las elecciones municipales -previstas inicialmente para noviembre pasado- se est¨¢ mostrando cada vez m¨¢s como un hecho negativo para la situaci¨®n pol¨ªtica y ciudadana en muchos municipios espa?oles. La victoria de la teor¨ªa de que era mejor celebrar las elecciones generales antes que las municipales puede tener dos consecuencias graves: en primer lugar, que esas elecciones generales pueden ser sometidas a mayor manipulaci¨®n y en segundo, la serie de abusos e irregularidades a nivel municipal que se est¨¢n produciendo, durante esta pr¨®rroga. Una mejor soluci¨®n hubiera sido seguramente unas elecciones municipales en su. fecha, por un per¨ªodo corto de mandato para los elegidos, lo que habr¨ªa producido por lo menos una renovaci¨®n parcial en los ayuntamientos y, como consecuencia, unas corporaciones m¨¢s neutrales ante las elecciones y sobre todo un mejor control sobre la gesti¨®n de los ayuntamientos respecto a temas como especulaci¨®n, urbanismo, servicios, etc¨¦tera. Acerca del primer argumento no hay mucho que insistir ya que la mayor¨ªa de los grupos pol¨ªticos -tanto reformistas como de la oposici¨®n- estaban de acuerdo en aplazar estas elecciones. De todas formas pienso que hubiera sido mejor decir claramente que la raz¨®n de este aplazamiento no eran sus ventajas, sino la imposibilidad de atender simult¨¢neamente a los dos niveles de elecciones por parte de los partidos pol¨ªticos. No parece beneficioso que las elecciones generales se celebren con las actuales corporaciones, sobre todo en los pueblos, donde aqu¨¦llas disfrutan de influencias en las juntas municipales y poseen un control sociol¨®gico de la poblaci¨®n; una aut¨¦ntica fiscalizaci¨®n democr¨¢tica de las elecciones en muchos de los 8.000 municipios espa?oles va a presentarse muy dif¨ªcil por la necesidad de un importante n¨²mero de interventores, que no siempre van a estar disponibles.

Es sin embargo necesario tratar m¨¢s a fondo el segundo problema: los abusos e irregularidades que se est¨¢n cometiendo en este per¨ªodo, precisamente porque los interesados son conscientes de que se trata de la ¨²ltima oportunidad para campar por sus respetos; la impunidad est¨¢ basada unas veces en la inoperancia de las corporaciones y otras en su complicidad. Se asiste a una verdadera campana predatoria y de rapi?a sobre muchos puntos del suelo espa?ol. A veces esta presi¨®n se realiza sobre los municipios m¨¢s despoblados e indefensos. Hay que tener tambi¨¦n en cuenta que nada es m¨¢s enga?oso que la seudodemocracia, situaci¨®n que se plantea en muchos municipios donde formalmente se vota pero por se?ores que tienen escasa o nula representatividad. Se pueden esgrimir incluso votaciones con alg¨²n voto en contra para cubrir las apariencias pero que en realidad no son precedidas por un verdadero debate ni, sobre todo, de una real posibilidad de que los caciques directos o indirectos de los municipios corran peligro de ver derrotadas sus mociones, proyectos e iniciativas.

Otras veces no existe ni esa fachada de pluralidad; pr¨¢cticamente siempre se da la unanimidad que se produce incluso en casos impensables como es la liquidaci¨®n del patrimonio municipal guardado durante siglos; como ejemplo, valga Soria, donde todos los concejales, por unanimidad, han estado de acuerdo en desprenderse de una parte importante de este patrimonio para entregarlo al discutido Centro de Investigaci¨®n de la Junta de Energ¨ªa Nuclear. Lo escandaloso no es que se conceda o no, sino la unanimidad de los concejales cuyo primer deber es defender a ultranza en nombre del pueblo el patrimonio municipal- en entregarlo a manos extra?as, sean cuales fueren. Caso semejante de unanimidad es el de los cincuenta alcaldes de Avila que, bajo la batuta del gobernador han dicho que s¨ª a la pol¨ªtica de entrega de terrenos municipales para la construcci¨®n de urbanizaciones que van a proliferar a todo lo largo de la vertiente norte de la sierra de Gredos.

En cambio, los que hoy d¨ªa se han constituido en algunos casos como verdaderos defensores de los intereses municipales son los vecinos que no tienen pr¨¢cticamente poder ni v¨ªas jur¨ªdicas para defenderlos. Por eso a veces su ¨²nico medio de acci¨®n es una cierta presi¨®n en la calle y en la opini¨®n p¨²blica. Son tambi¨¦n muchas veces ignorados e incluso perseguidos por las autoridades municipales que ven en ellos a unos denunciadores de su incuria y su inacci¨®n, delitos que hasta la aparici¨®n de la asociaciones de vecinos pasaban m¨¢s desapercibidos. Incluso con la ley actual de Pt¨¦gimen Local, si estas elecciones se hubieran celebrado; un grupo nuevo de concejales hubiese podido entrar en muchas corporaciones y por lo menos habr¨ªa sido posible oponerse a las infracciones y abusos m¨¢s importantes y tomar algunas nuevas iniciativas que condujesen a una concepci¨®n totalmente distinta de lo que ha sido en los ¨²ltimos decenios la actividad municipal.

En el peligroso interregno actuaI en el que el control municipal, en un gran n¨²mero de municipios sobre todo peque?os, es escaso e incluso c¨®mplice de irregularidades, los grupos ciudadanos quiz¨¢ s¨®lo puedan aspirar a una cosa, pero importante e imprescindible: oponerse y bloquear todos los proyectos urban¨ªsticos abusivos o ilegales decididos a espaldas de tos verdaderos intereses de los vecinos. Hay que aguantar como sea las embestidas finales hasta que accedan a representantes de los ciudadanos los concejales y alcaldes que defiendan verdaderamente los intereses generales y el bien p¨²blico de sus convecinos.