La negociaci¨®n de la ley Electoral

UNA SANGRIENTA semana, durante la cual centros de decisi¨®n todav¨ªa no identificados intentaron in¨²tilmente hacer creer a los espa?olesque las fuerzas pol¨ªticas de derecha e izquierda est¨¢n resueltas a utilizar la violencia, fue la causa para la dilaci¨®n de medidas gubernamentales muy urgentes (entre otras, la legalizaci¨®n de todos los partidos) y el aplazamiento de la negociaci¨®n sobre la ley Electoral.Sin embargo, ya est¨¢ pr¨®xima la discusi¨®n sobre el marcojur¨ªdico de las futuras elecciones y si las reiteradas declaraciones oficiales sobre el tema son sinceras o no han sufrido modificaci¨®n en los ¨²ltimos d¨ªas, es previsible un f¨¢cil acuerdo entre Gobierno y Oposici¨®n. Las normas que deben garantizar la igualdad de las fuerzas pol¨ªticas en la concurrencla electoral, la imparcialidad de los poderes p¨²blicos, la libertad y el secreto de voto, la correcci¨®n en los escrutinios y el automatismo en la prociamaci¨®n de los resultados son, ciertamente susceptibles de diversas modulaciones t¨¦cnicas, pero no se prestan a grandes discrepancias de fondo.

Ni siquiera la cuesti¨®n que hasta,ahora m¨¢s ha preocupado a los pol¨ªticos y a la opini¨®n -la alternativa entre los distintos sistemas electorales (proporcional o mayoritario y las modalidades de uno y otro)- puede dar lugar a enfrentamientos muy duros y a forcejeos demasiado largos. Por una parte, en gran medida ha sido ya zanjada, aunque de manera muy poco afortunada y en favor del sufragio desigual, ei la ley de Reforma Pol¨ªtica aprobada el pasado 15 de diciembre. Por otra, el mapa electoral del pa¨ªs es una inc¨®gnita.

Hay, sin embargo, un tema importante y vidrioso: las incompatibilidades entre los cargos p¨²blicos ocupados en el inmediato pasado y la presentaci¨®n de sus titulares como candidatos. Pero ni siquiera esta cuesti¨®n constituye un obst¨¢culo real. Porque si el Gobierno no acepta los criterios de inelegibilidad propios de una sociedad democr¨¢tica, lo que no tendr¨¢ sentido ser¨¢ la celebraci¨®n de unas elecciones tan abiertamente condicionadas por los caciques locales y el peso del aparato del Estado. Lo mismo cabe decir de la igualdad de oportunidades de todos los partidos, sin exclusiones, o de la absurda pretensi¨®n de que la campa?a electoral sea regida por la ley de Reuni¨®n del Gobierno Arias.

En raz¨®n de esa evidente estrechez del margen de discusi¨®n posible, lo m¨¢s importante de la negociaci¨®n entre el Gobierno y la Oposici¨®n es el acuerdo previo sobre el procedimiento a seguir para la elaboraci¨®n de la ley Electoral. Forzar a los representantes de la Oposici¨®n a discutir, punto por punto, y a toda prisa, un texto preparado por la Administraci¨®n ser¨ªa una a?agaza para guardar las apariencias. Si realmente se pretende que la negociaci¨®n de la ley Electoral contribuya a la concordia nacional y garantice la celebraci¨®n de los anunciados comicios, debe desarrollarse en dos fases separadas y bien distintas. Los representantes de la Oposici¨®n tendr¨¢n que llegar primero a un acuerdo con el Gobierno sobre las pocas cuestiones abiertas a la discusi¨®n (n¨²mero m¨ªnimo de diputados por provincia, criterio de repartici¨®n de restos, listas abiertas o cerradas, una o dos vueltas para el Senado ... ), se?alando las l¨ªneas generales para su soluci¨®n. Para despu¨¦s decidir, conjuntamente con el Gobierno, la composici¨®n de una comisi¨®n puramente t¨¦cnica a la que se conf¨ªe la instrumentaci¨®n de esos acuerdos generales.