Los movimientos ciudadanos en torno al problema de la vivienda son imparables

Podr¨ªamos resumir la interpretaci¨®n sobre el sentido del nuevo plan de la vivienda social afirmando que el Estado, ante la excesiva dispersi¨®n de intereses de los distintos sectores que intervienen en la producci¨®n de viviendas, act¨²a directamente sobre el sector para resolver una contradicci¨®n social, el problema, de la vivienda, que a lo largo de los ¨²ltimos cuarenta a?os se ha ido configurando como uno de los factores de crisis m¨¢s graves que sufre el pa¨ªs. Contradicci¨®n que, por otra parte, tiene su reflejo en las luchas cada vez m¨¢s intensas, que se desarrollan en los barrios populares de los grandes n¨²cleos urbanos del pa¨ªs y que constituyen un elemento importante de tensi¨®n social, ya que aglutinan a capas amplias de la poblaci¨®n en torno a reivindicaciones que hoy desbordan su marco inicial y tienden a cuestionar la propia gesti¨®n capitalista de la ciudad.Esta intervenci¨®n del Estado sobre el cuerpo social se completa con otra que afecta directamente a las relaciones de producci¨®n: el sector de la construcci¨®n en manos de la iniciativa privada, y ante la inhibici¨®n encubierta del Estado, se ha desarrollado con ?mportantes vicios estructurales proporcionando elevadas ganancias y atrayendo, en consecuencia, un volumen cada vez m¨¢s importante de capitales que han dejado de invertirse en otras ramas de actividad.

Esta situaci¨®n ha originado tensiones de diverso tipo. Por una parte, entre distintas. fracciones del capital a la hora de capitalizar sus ?nversiones: entre propietarios de suelo y promotores, y el capital inmobiliario y el capital financiero. Por otra parte, entre la tendencia dominante que ha ido adquiriendo el capital monopolista, independientemente de que se manifieste a nivel inmobiliario, industrial, financiero o en la adquisici¨®n de suelo, frente al capital controlado por la peque?a y mediana burgues¨ªa que durante un largo periodo ha venido jugando un importante papel dentro de este sector y hoy se encuentra en trance de ser desplazado.

A t¨ªtulo de ejemplo extraemos unos p¨¢rrafos particularmente significativos de un documento de la junta general ordinaria de Inmobiliaria Urbis, SA, del 24 de abril de 1976:

?Nada tienen que oponer las empresas a la socializaci¨®n del suelo, si es viable; pero, en el supuesto de que se considere necesaria su colaboraci¨®n, deben definirse con claridad las funciones a asumir y los est¨ªmulos, para que la competencia sea efectiva y cree un mercado abundante y di¨¢fano...

Una ordenaci¨®n del territorio, muy especialmente en las gran des ¨¢reas y capitales, permitir¨¢ forzar a quienes retienen suelo a movilizarlo, por s¨ª mismo o agrupados entre ellos, bien con el Estado, bien con empresas capaces t¨¦cnica y financieramente...

... La retenci¨®n de extensiones a las que, m¨¢s pronto o m¨¢s tarde ha de llegar la ciudad, sin esfuerzo de sus propietarios, es una forma indigna de enriquecimiento).?

Crisis social

En s¨ªntesis, el sector de la construcci¨®n se ha convertido en estos ¨²ltimos a?os, por influencia de estos factores, en un sector complejo y contradictorio para la acumulaci¨®n del capital, provocando importantes d¨¦ficits en el consumo de viviendas, y de equipamientos colectivos necesarios a la reproducci¨®n de la fuerza de trabajo, con el consiguiente estrangulamiento del aparato productivo... De esta forma -como ha se?alado R. Boix y M. Roa ?se superpone a una crisis general del sistema econ¨®mico, la propia crisis del sector de la construcci¨®n? y se crean las condiciones para una grave crisis social, al no responder este sector a la doble necesidad de reproducci¨®n del capital y de la mano de obra necesitada por la industria.

Un tercer sentido, que conceder¨ªamos a esta situaci¨®n, ser¨ªa el ideol¨®gico, al asumir el Estado el papel de organizador del ?consenso social? frente a un problema que, por su.permanenl cia e implicaciones, amenaza con abrir graves fisuras en el edificio social y en el propio aparato del Estado, en un momento en que, por otra parte, tanto los grupos econ¨®micos que act¨²an en la construcci¨®n como los grupos so ciales que sufren directamente las consecuencias de su crisis, est¨¢n fraccionados o enfrentados en grupos de intereses m¨¢s o menos divergentes.

Es un momento, tambi¨¦n, en que las clases populares sobre las que recae esta crisis (paro obrero, deterioro de las condiciones de vida en los barrios) se organizan para obtener una soluci¨®n ?pol¨ªtica? a sus reivindicaciones de vivienda social, con lo cual aumentan su protagonismo en la vida del pa¨ªs y van dibujando las bases de una amplia coalici¨®n de sectores y capas sociales interesados en la resoluci¨®n de este probiema en un marco de libertades y no dentro de un sistema autoritario, dominado por las simples exigencias de acumulaci¨®n del capital.

Ruptura social

Frente a estas contradicciones, frente a los movimientos sociales que se desarrollan con fuerza creciente en torno al problema dela vivienda, el Estado -como instancia pol¨ªtica capaz de hacer comprender a las clases dominantes d¨®nde se sit¨²an, en per¨ªodos de crisis, sus verdaderos intereses- intervienen para reorganizar las relaciones de producci¨®n y para actuar sobre las relaciones sociales, protegi¨¦ndolas, impuls¨¢ndolas, d¨¢ndoles mayor racionalidad: concretamente, proponiendo, a trav¨¦s de una nueva normativa, una vivienda individualizada a los habitantes de los barrios popt1res, el Estado act¨²a no solamente con la intenci¨®n de facilitarles ese bien de consumo indispensable, sino tambi¨¦n de romper y disgregar su frente reivindicativo.

As¨ª el Estado propone a los vecinos la dispersi¨®n y la desuni¨®n frente al aglutinamiento de clase: la insolidaridad frente a la comunidad de objetivos; la ruptura de la organizaci¨®n fraguada en los barrios, frente a la atomizaci¨®n y la divisi¨®n social de los barrios-dormitorio.

De cara a estas clases dominadas, su planteamiento, que pretende reflejar la imagen de un aparato de Estado al servicio exclusivo de la colectividad, podr¨ªa tener la siguiente l¨ªnea: s¨®lo el Estado-providencia puede eliminar, actuando para ello sobre los mecanismos del mercado capitalista, esa lacra social denominada ?problema de la vivienda?. Pero para obtener una vivienda es necesario olvidar la lucha organizada en los barrios; a cambio de esa renuncia los vecinos pueden obtener un impreso de papel, una ?calificaci¨®n subjetiva?, y, en el mejor de los casos, una vivienda en Aranjuez, en Alcal¨¢ de Henares o en Colmenar.

De cara las clases dominantes, el Estado intenta hacerles comprender la necesidad de superar m¨¦todos de gesti¨®n y de acumulaci¨®n desfasados respecto al nivel, actual de la relaciones sociales, de adoptar formas cfe reproducci¨®n del capital m¨¢s racionales, que alivien las tensiones sociales y faciliten una nueva alianza entre el capital monopolista y los sectores tradicionales de la burgues¨ªa que han venido desempe?ando un papel protagonista.

Para confirmar la validez de estas hip¨®tesis, hemos cre¨ªdo necesario aportar algunos elementos de an¨¢lisis sobre la estructura del sector de la construcci¨®n y su evoluci¨®n, as¨ª Como sobre el papel que han desempe?ado en el desarrollo econ¨®mico del pa¨ªs las alianzas de clases que en ¨¦l se han fraguado en las distintas etapas de su desarrollo y sobre las formas que ha revestido la intervenci¨®n del Estado, bien para impulsarlo, para favorecer su proceso de acumulaci¨®n; bien para corregir las desviaciones que en ¨¦l se han podido producir.