El Gobierno deber¨¢ decidir sobre los comunistas

La inscripci¨®n de una asociaci¨®n pol¨ªtica en el Registro es un acto t¨ªpicamente administrativo y, en consecuencia, su ejercicio corresponde por imperativo constitucional al Gobierno, se dice en la resoluci¨®n dictada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el expediente sobre la legalizaci¨®n del Partido Comunista de Espa?a.

Esta actividad se especifica en dicha resoluci¨®n hecha p¨²blica a media ma?ana de ayer, ?le corresponde con los caracteres de exclusividad e integridad, de tal modo que la Administraci¨®n no puede ser despojada por una ley ordinaria, en todo ni en parte, del ejercicio de sus atribuciones que constitucionalmente le vienen conferidas y forman parte integrante de su propia esencia?. Por consiguiente, ?la justicia, a su vez, no puede competir, participar, suplir, ni aun cumplimentar a la Administraci¨®n en el ejercicio de sus peculiares actividades administrativas?. Los mismos razonamientos y el mismo fallo se encuentra en la resoluci¨®n sobre el Partido Carlista, hecha p¨²blica tambi¨¦n a media ma?ana de ayer.'Las consecuencias de estos razonamientos son plasmadas en el fallo de la resoluci¨®n, en el que se declara ?la falta de jurisdicci¨®n de esta Sala pata conocer de las presentes actuaciones?, se anula el acto de remisi¨®n del expediente al Tribunal Supremo y se acuerda, por tanto, su devoluci¨®n al Ministerio de la Gobernaci¨®n. Todo ello ?sin perjuicio de las acciones que para declarar la actitud penal que se presume por la Administraci¨®n P¨²blica a ella la competan?.

La Sala Cuarta, que en el primer considerando de la resoluci¨®n reclama para s¨ª ?su soberana y plena jurisdicci¨®n para definir y valorar, en su aspecto sustantivo, la naturaleza jur¨ªdica del acto decisorio que de ella se impetra? precisa que en los expedientes sobre legalizaci¨®n de partido pol¨ªticos incoados por la Administraci¨®n no perviven las caracter¨ªsticas del proceso contencioso-administrativo, tanto por falta de un acto administrativo definitivo como por falta de impulsi¨®n procesal, pues ?las actuaciones, desde la presentaci¨®n de la documentaci¨®n en el Ministerio de la Gobernaci¨®n, progresan de oficio y a¨²n debemos a?adir que progresan sin soluci¨®n de continuidad ni, por tanto, mutaci¨®n de su inicial naturaleza, constituyendo las que se encomiendan a la Sala mera prolongaci¨®n de la instancia gubernativa.?. Por otra parte, la Sala Cuarta resalta ?los graves reparos de ilegalidad oponibles al real decreto de 9 de febrero ¨²ltimo dictado para regular el procedimiento ante esta Sala, ya que lo fue no solamente con infracci¨®n del apartado i) del art¨ªculo 10 de la ley Constitutiva de las Cortes, dada la total ausencia de base! delimitadoras de la regulaci¨®n del proceso, sino tambi¨¦n sin que mediara autorizaci¨®n expresa del real decreto-ley de 8 de febrero para tal regulaci¨®n?.

Presunta ilicitud penal

Otro de los argumentos expuestos en la resoluci¨®n para reforzar la incompetencia de la Sala Cuarta en el caso planteado es la presunta ilicitud penal de los partidos cuya documentaci¨®n se ha remitido al Alto Tribunal, pues el enjuiciamiento de este tema est¨¢ excluido forzosamente de la jurisdicci¨®n de lo contencioso administrativo, en la que exclusivamente act¨²a la Sala Cuarta.

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