No frustrar una esperanza

CUANDO SE produjo la provocaci¨®n terrorista de la ¨²ltima semana de enero, la prensa espa?ola public¨® un editorial conjunto en demanda de serenidad y en apoyo del Gobierno, ante los intentos para desestabilizar la Monarqu¨ªa. La crisis pol¨ªtica creada tras la legalizaci¨®n del Partido Comunista de Espa?a parece ocasi¨®n para que los diarios que consideramos correcta la actuaci¨®n del Gobierno, y realizada dentro de sus facultades, con estricto respeto a la legalidad y al mandato popular del refer¨¦ndum, expresemos tambi¨¦n unidos nuestra postura.Creemos que se debe denunciar el ataque de sectores antidemocr¨¢ticos contra el Gobierno, leg¨ªtimo de la Naci¨®n y contra el proceso pol¨ªtico en curso. De un modo premeditado se ha querido provocar a los militares y crear un ambiente de peligro nacional.

Las Fuerzas Armadas no han secundado los objetivos de quienes intentaban instrumentalizarlas. Fieles a la Corona, defensoras del inter¨¦s del Estado y no de una forma dictatorial de Gobierno, no han servido los intentos desestabilizadores. Pero conviene reflexionar sobre la declaraci¨®n que el Consejo Superior del Ej¨¦rcito ha hecho p¨²blica.

Los Ej¨¦rcitos espa?oles constituyen el brazo armado de nuestra sociedad, al servicio del Estado y de su Gobierno. El Ej¨¦rcito espa?ol lo forman los espa?oles, y tiene encomendadas tinas misiones establecidas en las leyes; entre ellas no est¨¢ incluida la emisi¨®n de opiniones contingentes sobre las decisiones pol¨ªticas de los Gobiernos de la Naci¨®n. En este punto, la Ley Org¨¢nica del Estado es de meridiana claridad. El art¨ªculo 13 dice que ?el Gobierno... es el ¨®rgano que determina la pol¨ªtica nacional?, y el art¨ªculo 37 atribuye a las Fuerzas Armadas, entre otras misiones sustanciales, ?la defensa del orden institucional?. Evidentemente, pieza esencial de ese orden institucional es el Gobierno, que s¨®lo debe estar sujeto al juicio pol¨ªtico de las Cortes, con sus leyes propias y de procedimiento.

En virtud de su noble vocaci¨®n, los militares renuncian a la actividad pol¨ªtica e incluso tiene n regulada severamente su participaci¨®n en los partidos y en los medios de comunicaci¨®n social. Es obvio que el militar, voluntariamente, abdica de una serie de derechos. Esto es en funci¨®n de la responsabilidad que la sociedad delega en ¨¦l como guardi¨¢n ¨²ltimo de la soberan¨ªa nacional, que reside en el pueblo.

Acaso por no plantear abiertamente el papel del Ej¨¦rcito en una Monarqu¨ªa democr¨¢tica se ha dado p¨¢bulo a provocadores que adulan a las Fuerzas Armadas cuando ven en precario sus privilegios. Queremos un Ej¨¦rcito modernizado, bien dotado y operativo. Pocos habr¨¢, civiles o militares, que se opongan a esta aspiraci¨®n. Pero el compromiso democratizador de la Corona y las aspiraciones del pueblo espa?ol de constituirse pac¨ªficamente en una sociedad libre y soberana, no pueden ser malversados por grupos minoritarios que pretenden secuestrar valores y s¨ªmbolos comunes y empujar a las Fuerzas Armadas al intervencionismo.

Lo que Espa?a tiene delante es lo que se vot¨® en el refer¨¦ndum: unas elecciones generales que den a todos los espa?oles la voz y el voto que como tales les corresponde. ?Qui¨¦n podr¨ªa asumir la responsabilidad de frustar esta esperanza?

Arriba, Diario 16, El PAIS, Informaciones, Pueblo, Ya.