Legalizaci¨®n de todos los partidos

UNA DE las posibles consecuencias de la crisis desatada por la legalizaci¨®n del Partido Comunista es la congelaci¨®n del resto de las solicitudes pendientes de inscripci¨®n en el Registro de Asociaciones que el Gobierno envi¨® a la Sala IV del Tribunal Supremo. Dado que el alto tribunal no considera materia de su competencia decidir sobre la presunta ilicitud de los partidos pol¨ªticos, el Gobierno queda como ¨²nica instancia con potestad para resolver acerca de las inscripciones pendientes.El aplazamiento hasta despu¨¦s del 15 de junio de la legalizaci¨®n de los grupos a la izquierda del Partido Comunista, y hasta su exclusi¨®n desde ahora del Registro, no pone en serio peligro la celebraci¨®n de las elecciones, al contrario de lo que habr¨ªa ocurrido si hubieran sido los comunistas los discriminados. Por un lado, no es probable que la solidaridad mostrada por los grupos socialistas e incluso centristas hacia el Partido Comunista se haga extensiva con la misma fuerza a los otros partidos de la izquierda; en cualquier caso, ning¨²n partido -ni siquiera el Partido Comunista- condiciona su participaci¨®n en las elecciones a la legalizaci¨®n de esos grupos. Por otro lado, no es presumible que el respaldo electoral que pudieran recibir los partidos a¨²n no legalizados modificara de forma significativa la correlaci¨®n de fuerzas en el Congreso y en el Senado.

Sin embargo, el repliegue del Gobierno en ¨¦ste terreno, justificable por razones t¨¢cticas en su confrontaci¨®n con la derecha autoritaria y por la ausencia de presi¨®n de los partidos ya legalizados, es un grave error pol¨ªtico y un atentado contra los principios mismos de la democracia pluralista. Aunque no impida la celebraci¨®n de las elecciones ni falsee sensiblemente el mapa representativo que resulte de las mismas, abre el camino para un eventual abandono, por alguno de los partidos lanzados al lazareto de los apestados, de sus compromisos formales de aceptar, la legalidad constitucional y renunciar a la violencia. Nos referimos, naturalmente, a los grupos que invocan los legados leninista y mao¨ªsta.

En cambio, su plena legalizaci¨®n no s¨®lo les forzar¨ªa a salir plenamente a la superficie, sino que les obligar¨ªa a ese contacto con la realidad inmediata que ha llevado al Partido Comunista a modificar sus prejuicios.

Pero, adem¨¢s, la discriminaci¨®n de grupos es un atentado contra los principios de la democracia pluralista. Desde luego, el argumento es v¨¢lido para todos los partidos, pero todav¨ªa lo es m¨¢s, si cabe, cuando recordamos que un partido republicano -ARDE- y el Partido Carlista se hallan entre los encausados. Ninguna monarqu¨ªa constitucional debe poner fuera de la ley a quienes propugnan de manera pac¨ªfica otra forma de Estado o, incluso, defienden otra dinast¨ªa. Por eso en ninguna monarqu¨ªa europea contempor¨¢nea se excluye de la legalidad vigente a los republicanos, y tampoco el abuelo del actual monarca incit¨® a esa medida discriminatoria contra el carlismo durante su reinado constitucional.

En las futuras Cortes, en la vida pol¨ªtica de una Espa?a plenamente democr¨¢tica, deben estar representadas y participar todas las fuerzas pol¨ªticas y corrientes ideol¨®gicas con las que se identifiquen, sectores de nuestra comunidad con capacidad de representaci¨®n en las Cortes. Tal es la clave de arco de un sistema pluralista. La ¨²nica excepci¨®n admisible es la que se refiere a los grupos y sectas, de izquierda o de derecha, que pretendan dirimir los conflictos o alcanzar el poder mediante la utilizaci¨®n de la violencia.