La calle es de todos
SE ATRIBUYE a un ¨ªntimo colaborador del ex presidente Arias, proclive a las expresiones desafortunadas y a las im¨¢genes deslustradas, la rotunda frase: ?La calle es m¨ªa? Naturalmente, esa declaraci¨®n no significaba la afirmaci¨®n de un derecho de propiedad privada sobre el asfalto, ni la pretensi¨®n de imponer su ley particular con los pu?os. Simplemente era una manera de anunciar que, a golpe de tel¨¦fono o de telegrama, un alto funcionario estaba dispuesto a movilizar, si fuera preciso, a todas las fuerzas de orden p¨²blico del pa¨ªs para ocupar la calle en su nombre.Y as¨ª, ha ocurrido con demasiada frecuencia en los ¨²ltimos diecis¨¦is meses, sobre todo durante el mandato del se?or Arias. La solicitud para una manifestaci¨®n sol¨ªa ir contestada con una negativa administrativa, primero, y un impresionante despliegue de fuerza, despu¨¦s. Se trataba de la conocida figura de la ?profec¨ªa autocumplida?: el permiso era denegado con el argumento de que eran previsibles alteraciones de orden p¨²blico, las cuales las provocaba, precisamente, la prohibici¨®n anterior. El resultado fue en todos los casos una poco racional utilizaci¨®n de las fuerzas de orden p¨²blico.
Incluso en ¨¦pocas m¨¢s crispadas que la actual, la autorizaci¨®n de manifestaciones -algunas tan importantes como las movilizaciones en pro de la amnist¨ªa en Bilbao; en contra del terrorismo de derechas, en San Sebasti¨¢n y en Madrid; en conmemoraci¨®n del 11 de septiembre en San Baudilio de Llobregat- no dio lugar a disturbio ni alteraciones, a diferencia de otras convocatorias abortadas por la Administraci¨®n. Esas ocupaciones de la calle por la fuerza p¨²blica cumpl¨ªan una funci¨®n bien distinta a la proclamada. No se trataba tanto de evitar por anticipado des¨®rdenes ciudadanos, como de impedir que se hiciera patente el respaldo popular a determinadas reivindicaciones.
La amplia dimensi¨®n, el car¨¢cter pac¨ªfico y el tono distendido de las manifestaciones populares en favor del estatuto de autonom¨ªa en las que participaron, el d¨ªa de San Jorge, cientos de miles de barceloneses, prueban, una vez m¨¢s, que la calle puede ser de todos sin que se quiebre ning¨²n principio de convivencia ni se atente contra la seguridad del Estado. La participaci¨®n popular en la vida p¨²blica tambi¨¦n exige en ocasiones esos actos de comuni¨®n afectiva y solidaridad humana que las grandes manifestaciones significan. A un pa¨ªs no se le debe gobernar como a un colegio, ni los responsables del orden tienen que confundir sus funciones con las de un celador o un padre prefecto.
Por supuesto, que esta opini¨®n no se prolonga hasta la permisividad total. Existen siempre grupos deseosos de aprovechar las movilizaciones de masas para azuzar las pasiones, provocar des¨®rdenes y encauzar los actos p¨²blicos hacia objetivos que los organizadores no hab¨ªan previsto. Esas bandas suelen estar formadas por extremistas de derecha o de izquierda, si bien ¨²ltimamente han sido los pistoleros y camorristas de la internacional fascista los principales provocadores.
Pero la supresi¨®n de las libertades no es el mejor instrumento para evitarlos peligros inherentes al ejercicio de los derechos c¨ªvicos. La ¨²nica soluci¨®n eficaz es que esos grupos de provocadores sean desarmados y disueltos, detenidos sus responsables y juzgados. La fuerza p¨²blica, en los pa¨ªses democr¨¢ticos, no persigue a los manifestantes pac¨ªficos: los protege. Por lo dem¨¢s, la experiencia de los ¨²ltimos meses muestra que los servicios de orden de los partidos que convocan los m¨ªtines y manifestaciones son los mejores auxiliares con los que puede contar la selguridad estatal para mantener la tranquilidad en los actos p¨²blicos. Ante la proximidad del 1 de mayo, y de la fiesta carlista de Montejurra, pensamos que estas reflexiones deben servir de algo a nuestras autoridades. Prohibir es siempre lo m¨¢s sencillo.
El 1 de mayo pr¨®ximo, con centrales sindicales pr¨¢cticamente leg¨¢lizadas despu¨¦s de la presentaci¨®n de estatutos realizada ayer, deb¨ªa plantearse como un d¨ªa pac¨ªfico de libertades, de orden y de manifestaci¨®n madura del rriundo del trabajo. El Gobierno parece que ha optado por una peligrosa v¨ªa de no autorizar, aunque tolerar. Es una elecci¨®n peligrosa en un momento delicado a 45 d¨ªas de las urnas. Los trabajadores no se van a quedar sin su 1 de mayo, ya que ni en los peores tiempos de la dictadura renunciaron. ?Por qu¨¦ hacerlo un d¨ªa dif¨ªcil y peligroso, cuando puede ser un d¨ªa de ¨¦xito para las libertades, la democracia y la madurez del mundo del trabajo?
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