Las prisas de la reforma administrativa

CON EL motorista llamando a la puerta -como en los viejos tiempos, los ministros del segundo Gobierno de la Monarqu¨ªa se han empe?ado en decidir -probablemente esta misma semana- las l¨ªneas de una reforma administrativa que habr¨¢n de padecer sus sucesores, adem¨¢s del sector p¨²blico, el privado, la econom¨ªa, los funcionarios y, en suma, toda la sociedad.Huelga decir que la reforma es necesaria. Y lo es por que dif¨ªcilmente podr¨¢ encontrarse un modelo de Administraci¨®n m¨¢s alejado que el actual de lo que constituye la realidad socioecon¨®mica de 1977. A pesar de ello, no se comprende a¨²n c¨®mo este Gobierno, que ha dejado todo lo que no fuera estrictamente pol¨ªtico para despu¨¦s, decide ahora, en el estribo de su marcha, emprender una reforma administrativa amplia y profunda.

Est¨¢bamos ya acostumbrados a las contradicciones del tr¨¢nsito, pero hay que decir que resulta profundamente extra?o que un Gobierno que pone sus cargos a disposici¨®n del presidente adopte decisiones de la trascendencia y responsabilidad de la que comentamos. La f¨®rmula del decreto-ley, gracias a la cual puede acometerse la reforma eludiendo el debate parlamentario, tuvo su justificaci¨®n en una etapa anterior, en la que los procuradores en Cortes eran esp¨²reos representantes de los intereses de la dictadura, pero no del pueblo espa?ol. Ahora, cuando el pueblo ya se ha pronunciado, cuando 598 ciudadanos han recibido el encargo de representar a la colectividad, el ¨²nico modo de reformar nada es someterse a los criterios del Parlamento. Lo dem¨¢s s¨®lo expresa la afici¨®n al ordeno y mando que su colaboraci¨®n con el dictador contagi¨® a numerosos l¨ªderes del Centro. Este Gobierno ha mantenido unos criterios de provisionalidad en la mayor parte de aquellos temas a los que ha dedicado su atenci¨®n, ampar¨¢ndose en que el veredicto de las urnas estaba pendiente y no se consideraba suficientemente representativo. Hace pocos d¨ªas, sin ir m¨¢s lejos, el ministro de Hacienda afirmaba en la tribuna de la OCDE que las caracter¨ªsticas de transitoriedad del segundo Gabinete de don Juan Carlos hab¨ªan limitado sus posibilidades de actuaci¨®n sobre la importante crisis econ¨®mica que gravita sobre Espa?a. ?Cu¨¢l es entonces la situaci¨®n? Porque no hace falta profundizar excesivamente para comprender que la reforma de la Administraci¨®n condiciona notablemente cualquier plan de saneamiento econ¨®mico; y no s¨®lo porque la austeridad que se esconde tras ese eufemismo debe comenzar por la gesti¨®n del Ejecutivo y sus ¨®rganos.

Tras las elecciones, este Gobierno acert¨® en su decisi¨®n de dimitir. Posiblemente el presidente Su¨¢rez tambi¨¦n acertara al solicitar la permanencia de los ministros en sus puestos hasta tanto no formara un Gabinete nuevo. Lo absurdo es que no se hayan limitado a despachar asuntos de tr¨¢mite, como corresponde a tal situaci¨®n. Pero lo m¨¢s grave es que toda la reforma haya sido elaborada como un producto de laboratorio, llevado a cabo por un reducido equipo de funcionarios, tutelados por el subsecretario de la Presidencia. Parece que ni siquiera algunos ministros conocen lo que se debatir¨¢ en Consejo, ya que, aunque cada Departamento haya emitido un informe sobre el tema, s¨®lo ha sido tenido en cuenta a efectos informativos por los cerebros de la operaci¨®n.

Todo ello tiene un aire de retorno a la tecnocracia pasada, de vuelta a los tiempos en que la improvisaci¨®n y el autoritarismo elaboraban sus retorinas adminisirativas al margen de la realidad nacional.

La reforma administrativa debe esperar y el Gobierno y su presidente aprender a guardar en el ba¨²l de la historia los reales decretos, por l¨²cidos que sean.