El Gobierno negociar¨¢ sus decisiones con la Oposici¨®n

Tras su primera reuni¨®n, el Gobierno hizo p¨²blica ayer una declaraci¨®n en la que, despu¨¦s de se?alar que la consolidaci¨®n de la democracia requiere una tarea amplia y profunda de revisi¨®n de gran parte del ordenamiento jur¨ªdico vigente, seg¨²n otra manera de entender la pol¨ªtica, que son necesarios, adem¨¢s, usos y h¨¢bitos c¨ªvicos de clara inspiraci¨®n democr¨¢tica, que completen los principios y normas estrictamente jur¨ªdicos.El Gobierno, expresi¨®n de una de las fuerzas pol¨ªticas presentes en las elecciones, quiere hacer patente su respeto a todos los partidos pol¨ªticos y su deseo de colaboraci¨®n con ellos, y ante las grandes cuestiones nacionales pendientes especialmente en lo que afecta al proceso de consolidaci¨®n democr¨¢tica, conf¨ªa en que ser¨¢ posible, con el esfuerzo de todos, afrontar con firmeza y eficacia dichos problemas y emprender el camino hacia un nuevo horizonte de libertad, participaci¨®n y bienestar. En primer t¨¦rmino, dice la declaraci¨®n, el Gobierno expresa su prop¨®sito de enviar a las Cortes, en el plazo m¨¢s breve posible, un proyecto de Constituci¨®n que ser¨¢ elaborado con la colaboraci¨®n de destacados especialistas en Derecho Pol¨ªtico, o¨ªdos todos los partidos presentes en las Cortes, y que recoger¨¢ las aspiraciones mayoritarias, con el debido respeto y consideraci¨®n para las opiniones de las minor¨ªas, sin que todo esto prejuzgue ni limite el correspondiente debate parlamentario y votaci¨®n decisiva por diputados y senadores.

En los aspectos declarativos del proyecto constitucional se prestar¨¢ especial atenci¨®n a lo referente a los derechos individuales y colectivos de los espa?oles, tanto los pol¨ªticos, como los sociales y econ¨®micos. En la parte org¨¢nica del texto constitucional se acoger¨¢ un sistema de garant¨ªas eficaces de tales derechos, se fijar¨¢n las relaciones entre los distintos poderes del Estado con la regulaci¨®n del procedimiento y la puntualizaci¨®n del alcance de la responsabilidad del Gobierno ante las Cortes, y se establecer¨¢n los principios y normas de la institucionalizaci¨®n de las regiones.

Autonom¨ªa y regiones

Es objetivo del Gobierno, por otra parte, posibilitar la institucionalizaci¨®n de las regiones en r¨¦gimen de autonom¨ªa, porque es consciente de que la pol¨ªtica debe ajustarse a la realidad hist¨®rica, social, econ¨®mica y cultural de los pueblos que constituyen Espa?a, cuya unidad resultar¨¢ fortalecida con el establecimiento de las autonom¨ªas.

Se estima que la institucionalizaci¨®n de las regiones debe ajustarse a lo siguiente:

- Reconocimiento constitucional de las vegiones, determinaci¨®n de las funciones y materias que corresponden a las mismas, y fijaci¨®n de las normas b¨¢sicas que, con la debida flexibilidad, constituyan el marco legal para la elaboraci¨®n de los estatutos de autonom¨ªa.

- El reconocimiento regional debe quedar posibilitado a todas las regiones y, sin perjuicio de lo que acuerden las Cortes, su institucionalizaci¨®n ha de descansar tanto en el principio de autonom¨ªa como en el de solidaridad.

- El Gobierno entiende que durante el m¨ªnimo per¨ªodo de tiempo necesario para determinar el marco legal de las regiones, las mancomunidades de diputaciones y de cabildos insulares, previstas en las normas vigentes, pueden constituir, un primer paso transitorio que permita avanzar en el camino de las autonom¨ªas regionales.

Paralelamente al proceso de institucionalizaci¨®n de las regiones, el Gobierno afirma su prop¨®sito de llevar a cabo una inmediata y amplia descentralizaci¨®n y democratizaci¨®n de la Administraci¨®n espa?ola a todos los niveles.

De acuerdo con este principio ha de abordarse la organizaci¨®n, competencia, atribuciones, gesti¨®n y administraci¨®n de las corporaciones locales. En este sentido entiende el Gobierno deben modificarse y completarse las bases del Estatuto de R¨¦gimen Local, de acuerdo con los criterios que presiden la nueva etapa pol¨ªtica de la sociedad espa?ola.

Las normas relativas a la composici¨®n y representaci¨®n de los ¨®rganos de gobierno de la vida local se deber¨¢n modificar urgentemente con objeto de que puedan aprobarse las dispoiciones electorales que regulen las pr¨®ximas elecciones municipales, cuya convocatoria tendr¨¢ lugar dentro del presente a?o.

El Gobierno, al propio tiempo que anuncia su compromiso de convocar y celebrar dichas elecciones, expresa la necesidad de que no se produzca vac¨ªo alguno en la normal y legal actividad de las actuales corporaciones locales, lo que redundar¨ªa en perjuicio de los intereses cuya gesti¨®n y administraci¨®n les corresponde y que, en modo alguno, pueden ser desatendidos o abandonados.

En definitiva, el Gobierno afirma su intenci¨®n de que el proceso de democratizaci¨®n de la vida local, al igual que el seguido para la Reforma Pol¨ªtica, se realice de inmediato, sin traumas y desde la legalidad.

Pol¨ªtica exterior

En pol¨ªtica exterior el Gobierno se propone continuar el proceso de normalizaci¨®n de sus relaciones con todos los pa¨ªses del mundo. Estrechar¨¢ las relaciones con todos los pa¨ªses del continente europeo en el esp¨ªritu del acta final de la Conferencia de Cooperaci¨®n y Seguridad en Europa; en el marco de los pa¨ªses occidentales, intensificar¨¢ sus relaciones con ellos y presentar¨¢ pr¨®ximamente la solicitud de iniciaci¨®n de negociaciones para la adhesi¨®n a las Comunidades e Instituciones europeas; mantendr¨¢ relaciones de estrecha cooperaci¨®n con Portugal en todos los campos, buscando una nueva expressi¨®n de la amistad peninsular; revalorizar¨¢ con realismo las ideas y los hechos que unen a Espa?a con todos los pueblos de Iberoam¨¦rica; desarrollar¨¢ con Estados Unidos, sobre la base de la necesaria equidad del v¨ªnculo mutuo, las actuales relaciones de amistad y cooperaci¨®n y la contribuci¨®n al sistema defensivo occidental.

El Gobierno contempla favorablemente la apertura de un debate por los representantes del pueblo leg¨ªtimamente elegidos con vistas a examinar la posible inserci¨®n de Espa?a en el Tratado del Atl¨¢ntico Norte.

En el ¨¢rea mediterr¨¢nea, manifiesta su voluntad de favorecer la seguridad y el entendimiento entre los ribere?os, reitera la pol¨ªtica de amistad con la naci¨®n ¨¢rabe, cuyas justas causas comparte, y, en relaci¨®n con Gibraltar, insistir¨¢ en la reanudaci¨®n de negociaciones con Gran Breta?a de acuerdo con las resoluciones y consensos de las Naciones Unidas, con el fin de restaurar la integridad territorial de Espa?a, atendiendo a los leg¨ªtimos intereses en juego y facilitando la articulaci¨®n entre la plaza y la comarca circundante a medida que lo permita el progreso de las negociaciones.

Por ¨²ltimo, el Gobierno seguir¨¢ negociando con la Santa Sede la revisi¨®n del Concordato vigente en conformidad con el acuerdo suscrito el 28 de julio de 1976 en un esp¨ªritu de mutua colaboraci¨®n e independencia rec¨ªproca.

La independencia de Espa?a y el mantenimiento de su plena integridad territorial constituir¨¢ siempre el principio b¨¢sico de toda la acci¨®n gubernamental.Pol¨ªtica econ¨®mica

Todo programa de pol¨ªtica econ¨®mica ha de partir, en estos momentos, de la constataci¨®n de que los problemas que pesan sobre nuestra econom¨ªa son graves y complejos. La sociedad espa?ola debe ser plenamente consciente de esta situaci¨®n. La econom¨ªa mundial ha registrado, desde el a?o 1973, cambios profundos, y los hechos prueban que s¨®lo los pa¨ªses que se adapten a estas nuevas circunstancias podr¨¢n aspirar a una mejora de su bienestar en el futuro. Tales cambios que han afectado de un modo especialmente adverso a nuestro pa¨ªs, agravados por defectos de la estructura productiva heredada del pasado, se han producido en unos momentos en que se abr¨ªa para Espa?a 1 un proceso de cambio pol¨ªtico profundo; las dificultades de este proceso, al absorber la atenci¨®n del pa¨ªs, han demorado la adaptaci¨®n necesaria de la econom¨ªa espa?ola a las nuevas circunstancias.El Gobierno asume plenamente esta situaci¨®n y entiende que, recorrido con ¨¦xito el dif¨ªcil camino conducente al restablecimiento de las libertades y la democracia, ha llegado la hora de afrontar los problemas econ¨®micos con decisi¨®n y en profundidad. El Gobierno se propone el objetivo de situar la econom¨ªa espa?ola en una senda de crecimiento estable y duradero; y est¨¢ convencido de que, para lograrlo, se necesita un proceso de ajuste costoso y continuado que permita vencer los dos desequilibrios b¨¢sicos, la inflaci¨®n y el d¨¦ficit exterior, sin cuya correcci¨®n es absolutamente imposible despejar el futuro econ¨®mico. El Gobierno abordar¨¢ los problemas planteados mediante un programa en¨¦rgico, capaz de sanear la econom¨ªa en un plazo de dos a?os, y conf¨ªa en obtener la colaboraci¨®n responsable de todos los grupos sociales y partidos pol¨ªticos en esta tarea de cuyo ¨¦xito dependen, no s¨®lo el futuro de nuestro bienestar material, sino tambi¨¦n la estabilidad y el asentamiento de las instituciones democr¨¢ticas reci¨¦n conquistadas.

El establecimiento de un tipo de cambio realista de la peseta ha sido una primera medida inevitable. La disparidad entre el acelerado ritmo de la inflaci¨®n espa?ola y las decrecientes alzas de precios que registran la mayor parte de los pa¨ªses industriales, el desequilibrio insostenible de la balanza de pagos y la consiguiente situaci¨®n de la peseta, en los mercados internacionales creaban unas condiciones tales, que toda demora en la, decisi¨®n s¨®lo hubiera conducido a imponer, mayores costes y sacrificios al pueblo espa?ol.

Reforma fiscal

Manifiesta que ser¨¢ necesario, en todo caso, un sacrificio colectivo para que la econom¨ªa espa?ola pueda superar sus dificultades actuales; y se compromete a lograr que esos sacrificios se distribuyan respondiendo a criterios estrictos de generalidad, justicia y transparencia.

De acuerdo con estos principios, el Gobierno se propone que todos los grupos sociales participen en el inevitable ajuste de acuerdo con su capacidad, y se propone lograrlo por la v¨ªa m¨¢s adecuada para mejorar la distribuci¨®n de la renta y la riqueza: la fiscalidad. El Gobierno anuncia su prop¨®sito de romper con una tradici¨®n fiscal nacional carente de sentido social y de emprender inmediatamente unas l¨ªneas de acci¨®n basadas en los siguientes criterios:

Primero: los aumentos transitorios de recaudaci¨®n, necesarios para hacer frente a aumentos del gasto, tales como los derivados de una creaci¨®n de puestos de trabajo o de una mejora del subsidio -de desempleo, se obtendr¨¢n fundamentalmente a trav¨¦s de impuestos directos o que graven las capacidades contributivas mayores y no, como era habitual en el pasado, por la v¨ªa de la imposici¨®n indirecta.

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