Los problemas de ajuste

LA ENTRADA en la Comunidad Econ¨®mica Europea impondr¨¢ transformaciones profundas en la estructura econ¨®mica espa?ola. Todos los sectores productivos del pa¨ªs, y es de esperar que gran parte de los improductivos, se ver¨¢n forzados a competir en un clima de libertad con empresas e instituciones cuyos criterios de actuaci¨®n reposan sobre un nivel organizativo y una eficiencia general superior, salvo excepciones, a la media de las espa?olas. Pues bien, esta circunstancia, en lugar de asustarnos, debe aceptarse como un factor positivo: la experiencia ense?a que los espa?oles rara vez hemos aceptado voluntariamente el someternos a un esfuerzo de racionalizaci¨®n y autodisciplina, pero que hemos respondido siempre superando cualquier dificultad qu¨¦ proviniese del exterior.A un nivel m¨¢s concreto es innegable que las posibilidades, de salir triunfantes de ese reto de la competencia ser¨¢n tanto mayores cuanto mejor se haya aprovechado el tiempo que nos separa de la incorporaci¨®n a Europa. En ese camino de perfecci¨®n, el Sector P¨²blico, y dentro de ¨¦l la Administraci¨®n Central, deber¨ªan comenzar por dar ejemplo. ?Qu¨¦ va a significar para ellos la entrada en la Comunidad?

Sin pretender hacer un an¨¢lisis exhaustivo, es claro que el funcionamiento de la Administraci¨®n Central, y el ¨¢mbito de competencia de sus actuales instrumentos experimentar¨¢n cambios sustanciales. Se?alemos s¨®lo los m¨¢s inmediatos y evidentes empezando por la pol¨ªtica comercial. En l¨ªneas generales, la incorporaci¨®n como miembro del Mercado Com¨²n adem¨¢s de suponer la desaparici¨®n del comercio de Estado, significa el abandono de la soberan¨ªa para negociar acuerdos bilaterales con otros pa¨ªses. Esto no es muy grave en una ¨¦poca en que los acuerdos bilaterales han pasado a la historia. Ahora bien, el ingreso en Europa, implica igualmente la renuncia a tener una pol¨ªtica arancelaria propia; a partir, de un determinado momento nuestros aranceles respecto a los restantes pa¨ªses comunitarios ser¨¢n nulos y frente al resto del mundo mantendremos la tarifa com¨²n.

Cierto tambi¨¦n que esto tardar¨¢ todav¨ªa bastantes a?os en suceder, raz¨®n por la cual lo m¨¢s sensato ser¨ªa que nuestras autoridades emplearan ese periodo de gracia para reflexionar sobre qu¨¦ modificaciones ser¨ªa conveniente a introducir en el actual arancel. El criterio b¨¢sico deber¨ªa ser el de considerar si la actual estructura del arancel es la m¨¢s adecuada para reorientar recursos hacia la exportaci¨®n -que, dicho sea incidentalmente, supuso en 1976 poco m¨¢s del 13% del PNB-. Hoy en d¨ªa nuestro arancel es un arancel proteccionista, tanto respecto a una serie de industrias, que se aseguraron hace tiempo esa protecci¨®n -caso de la siderurgia, el calzado, los textiles- como de otras que la obtuvieron en su d¨ªa por considerarles ?industrias nacientes? -por ejemplo, el autom¨®vil y los pl¨¢sticos. ?Deber¨ªa el arancel seguir protegiendo esas industrias?

Ligado al tema de la desaparici¨®n del arancel frente a los pa¨ªses comunitarios est¨¢ la necesidad de contar con un sistema de valoraci¨®n que nos asegure que los productos espa?oles se enfrentan a una competencia leal y que esos pa¨ªses no nos venden con dumping. Por otro lado, el actual sistema de licencias de importaci¨®n habr¨¢ de experimentar cambios radicales, aumentando su automatismo y renunciando a ser un instrumento de control del flujo de compras en el exterior. A cambio, la simplificaci¨®n del mecanismo de licencias liberar¨¢ un personal t¨¦cnico que podr¨ªa emplearse en cubrir un ¨¢rea hoy poco atendida: la promoci¨®n de la exportaci¨®n espa?ola, suministrando unos servicios profesionales que nuestras empresas necesitan.

El sistema fiscal deber¨ªa experimentar tambi¨¦n modificaciones de hondo calado. El impuesto de tr¨¢fico de empresas, t¨ªpico ?impuesto en cascada?, tan poco ¨²til, propicio a la defraudaci¨®n y perturbador en sus efectos econ¨®micos, habr¨ªa de ser sustituido por un impuesto sobre el valor a?adido. No resultar¨¢ tampoco factible el continuar con el actual sistema de financiaci¨®n de la Seguridad Social, por cuanto supone un impuesto de incidencia, creciente -en t¨¦rminos generales puede afirmarse que una empresa espa?ola paga hoy en d¨ªa all¨¢ Seguridad Social, en concepto de cuota, casi el 50% del salario real de cada empleado-. Y ello, no s¨®lo por exigencias de adaptaci¨®n, sino tambi¨¦n por puro realismo econ¨®mico.

Nuestro sistema financiero tampoco quedar¨ªa al abrigo de los vientos renovadores que soplan desde Europa. Cierto que el camino se ha iniciado ya -liberalizaci¨®n de una amplia gama de tipos de inter¨¦s, eliminaci¨®n gradual de los coeficientes legales que fijan el destino de un alto porcentaje de los activos de bancos y cajas, etc¨¦tera-, pero queda un largo camino que recorrer. Subsisten todav¨ªa muchas restricciones a la libre circulaci¨®n de capitales que deber¨¢n eliminarse si se desea entrar en Europa.

Esos aires liberadores afectar¨¢n sin duda a otras parcelas de la actuaci¨®n administrativa, forzando el pase a la reserva de muchas pr¨¢cticas indeseables. Citemos algunos ejemplos. Es claro que el presente casuismo que Industria emplea para autorizar la instalaci¨®n de nuevas industrias es incompatible con la existencia de unos criterios generales que definan tan s¨®lo los principios b¨¢sicos de esta parcela de la pol¨ªtica industrial -obligatoriedad de observar una legislaci¨®n anticontaminante o de respetar unas normas urban¨ªsticas-. Igualmente, el Ministerio de Agricultura deber¨¢ resignarse a la desaparici¨®n del Servicio Nacional de Producci¨®n Agraria, ya que en Europa no existen organismos que, como ¨¦ste, regulen el mercado. Monopolios como Tabacalera y CAMPSA tendr¨¢n que variar su enfoque y muchas de sus pr¨¢cticas, aliminando el matiz proteccionista que hoy les caracteriza; al tiempo que expedientes dudosos como el canon de coincidencia, los monopolios administrativos en el sector del transporte y la protecci¨®n excesiva a Renfe ser¨¢n inconcebibles en el futuro.

Estas, y otras muchas cosas deber¨¢n, desaparecer si de verdad deseamos integrarnos en Europa. Ya dec¨ªamos que esa incorporaci¨®n implica un reto dif¨ªcil para la sociedad y la Administraci¨®n espa?olas. Pero supone tambi¨¦n, y en esto es necesario insistir, una oportunidad preciosa para reducir el ¨¢mbito de competencias de muchos ministerios, herencia de la lejana ¨¦poca de la autarqu¨ªa y reorientar el peso espec¨ªfico de la cosa p¨²blica hacia lo que constituye su terreno de actuaci¨®n: la defensa nacional, la polic¨ªa interna, la administraci¨®n de justicia, la sanidad, la educaci¨®n, las l¨ªneas generales de la pol¨ªtica econ¨®mica y poco m¨¢s.