Ni cuarto poder ni prensa del Estado

ANTONIO FONTAN, hoy senador de UCD y presidente de la C¨¢mara Alta, ayer director del diario Madrid, ha expresado sus deseos, en una conferencia pronunciada en un centro cultural, de que la prensa renuncie a cualquier tentaci¨®n de poder y protagonismo. Seg¨²n sus palabras, en la Espa?a democr¨¢tica ?la prensa debe recobrar su lugar, que no es ese cuarto poder, acu?ado en Norteam¨¦rica, ni debe aspirar a serlo?.No es f¨¢cil entender las razones por las que una persona con tan dolorosa experiencia profesional en el pasado como el se?or Font¨¢n, cuyo diario fue clausurado por el R¨¦gimen de Franco por su talante cr¨ªtico, recomienda ahora a sus colegas criterios de actuaci¨®n, en relaci¨®n con el Estado, tan diferentes a los que guiaron su propio comportamiento. El argumento de que la existencia de instituciones democr¨¢ticas reserva a la prensa la exclusiva funci¨®n de ser ?el narrador objetivo de los hechos? se r¨ªa insostenible aun cuando la democracia hubiera logrado en nuestro pa¨ªs ese grado de madurez y consolidaci¨®n que todav¨ªa permanece lejano.

Por lo dem¨¢s, la prensa no aspira, ni siquiera metaf¨®ricamente, a convertirse en el cuarto poder de un Estado, que ya dispone de tres, sino a exponer los hechos, realizar los an¨¢lisis y recoger las protestas que muchas veces los gobernantes consideran improcedente tolerar o divulgar. No pretende ser un poder del Estado. Es, simplemente, un poder de la sociedad, cuyo an¨¢lisis y cr¨ªtica de la realidad que le rodea constituye un verdadero contrapeso de los abusos del poder pol¨ªtico o de otras fuerzas e instituciones dotadas de la capacidad de oprimir o vejar a los ciudadanos. ?Como nuestro sistema est¨¢ basado en la opini¨®n p¨²blica -dijo en una ocasi¨®n el presidente Jefferson-, si tuviera que elegir entre un Gobierno sin peri¨®dicos o unos peri¨®dicos sin Gobierno, escoger¨ªa, sin duda, esto ¨²ltimo.? La victoria de! Washington Post sobre el presidente Nixon en el asunto del Watergate muestra hasta qu¨¦ punto asist¨ªa la raz¨®n a uno de los padres fundadores de la democracia americana.

Los titulares del derecho a editar peri¨®dicos pueden ser empresas capitalistas, cooperativas de trabajadores, sociedades de redactores, centrales sindicales o partidos pol¨ªticos. Pero nunca el Estado. En ninguna sociedad verdaderamente democr¨¢tica y pluralista la Administracion usurpa esa parcela de poder social para instrumentalizarla en provecho propio. Y si el partido pol¨ªtico que llega al Gobierno es, a la vez, editor de un peri¨®dico, ¨¦ste debe vivir -como dicen los mexicanos- en el error: fuera del presupuesto nacional.

Por esa raz¨®n, las nuevas opiniones del se?or Font¨¢n, que ha abandonado ese presunto ?cuarto poder? para afincarse en el partido que controla dos poderes estatales bien reales (el legislativo y el ejecutivo), resultan sumamente oportunas cuando el Gobierno y la Oposici¨®n comienzan a discutir la suerte de los medios de comunicaci¨®n social de propiedad estatal. Una de las herencias m¨¢s inc¨®modas de la disoluci¨®n del Movimiento Nacional y de la transferencia de su patrimonio al Estado es la existencia de una nutrida cadena de diarios y emisoras, creadas en su d¨ªa como ¨®rganos de propaganda del R¨¦gimen. No es una carga precisamente ligera: cuarenta peri¨®dicos y 45 estaciones de radio distribuidos por toda la geograf¨ªa nacional, que dan ocupaci¨®n a miles de periodistas, trabajadores de taller y empleados, y que arrojan en su conjunto una p¨¦rdida -oficialmente no reconocida, pero conjeturable- de cientos de millones de pesetas.

El Gobierno, usufructuario de ese costoso tinglado, carece de argumentaciones jur¨ªdicas, pol¨ªticas y morales para disponer de tan poderoso aparato, que simula hablar desde la sociedad cuando, en realidad, obedece las instrucciones que recibe de los despachos oficiales. M¨¢xime cuando la explotaci¨®n de ese instrumento de intoxicaci¨®n y propaganda, especialmente ¨²til para preparar unas elecciones o santificar al presidente del Gobierno mediante las t¨¦cnicas del ?culto a la personalidad?, es deficitaria.

El legado de los sindicatos verticales en el campo de los medios de comunicaci¨®n plantea problemas semejantes. Es de suponer que forme parte de la agenda de negocia ciones entre las centrales y el Gobierno. La cuesti¨®n, as¨ª pues, merece un an¨¢lisis por separado. Como tambi¨¦n el r¨¦gimen jur¨ªdico que precisan los dos ¨²nicos instrumentos de comunicaci¨®n a los que cabe asignar funciones estatales y no gubernamentales: Radio Nacional de Espa?a y Televisi¨®n Espa?ola.

El desmontaje de este monumental tinglado que es la antigua Prensa del Movimiento, rebautizado ahora con el nombre de Medios de Comunicaci¨®n Social del Estado es, a la vez, una necesidad del sistema democr¨¢tico y una operaci¨®n compleja y costosa. Por lo pronto, es imprescindible respetar los derechos leg¨ªtimamente adquiridos de los trabajadores de ese sector. Al parecer, los partidos de la Oposici¨®n se han negado, en las conversaciones de la Moncloa, a la privatizaci¨®n de esos medios en p¨²blica subasta. En algunos casos, los grupos o partidos tratar¨¢n de reivindicar la titularidad jur¨ªdica de los peri¨®dicos que les fueron confiscados en 1936-1939; pero no es seguro que la actual situaci¨®n de los edificios y talleres sea la misma que hace cuarenta a?os y, adem¨¢s, se encontrar¨ªan con problemas para el encaje de las plantillas. Otra f¨®rmula posible ser¨ªa ofrecer a los profesionales de la informaci¨®n que trabajan en esos medios su explotaci¨®n en r¨¦gimen cooperativo; pero la soluci¨®n s¨®lo resultar¨ªa viable en los casos, al parecer infrecuentes, en que las empresas no fueran deficitarias.

Lo indispensable es acabar, cuanto antes, con esa abusiva usurpaci¨®n por el Gobierno de tareas sociales. La carga que para el presupuesto implicar¨ªa pagar las n¨®minas de esos peri¨®dicos y revistas en paro, tal vez resultara inferior al d¨¦ficit global de esas empresas en plena actividad. Por lo dem¨¢s, la desaparici¨®n de esos medios de comunicaci¨®n, que hacen una competencia il¨ªcita al sector privado, crear¨ªa un vac¨ªo que la iniciativa empresarial o los propios partidos podr¨ªan llenar r¨¢pidamente; con lo que la reincorporaci¨®n al trabajo activo de esos profesionales, muchos de ellos altamente capacitados, quedar¨ªa grandemente facilitada.