La Constituci¨®n y los pol¨ªticos

EN LOS medios parlamentarios reina la indignaci¨®n ante la filtraci¨®n de los 39 primeros art¨ªculos del proyecto de Constituci¨®n. No resultaba, sin embargo, dif¨ªcil prever que ese ?pacto de silencio? terminar¨ªa, m¨¢s temprano que tarde, por ser roto. Son demasiadas las personas -miembros de la ponencia, parlamentarios y dirigentes de partidos- que han tenido acceso a ese material. Y si la indiscreci¨®n y frivolidad no fueran -como resulta probable- explicaciones suficientes para explicar la filtraci¨®n, siempre cabe avanzar otras hip¨®tesis: por ejemplo, el temor de algunos congresistas de que las dos lecturas que a¨²n tiene que hacer la ponencia trajeran consigo modificaciones sustanciales como consecuencia de la presi¨®n ejercida por las direcciones de los partidos sobre sus representantes en la comisi¨®n.En ocasiones anteriores hemos advertido contra los peligros de una campa?a de desprestigio y desvaloraci¨®n del Parlamento. Hay un movimiento iniciado contra las instituciones representativas elegidas por sufragio universal el pasado 15 de junio. A medida que la crisis econ¨®mica haga sentir sus consecuencias sobre los niveles de vida y empleo, la falacia de emparejar democracia y descenso de la capacidad adquisitiva, y de casar al autoritarismo con la prosperidad, adquirir¨¢ mayor resonancia y afilar¨¢ su fuerza de convicci¨®n. A los dem¨®cratas corresponde el deber de defender el incipiente sistema pluralista mediante el esclarecimiento de las causas de la situaci¨®n econ¨®mica actual y la valoraci¨®n positiva de los derechos c¨ªvicos y las libertades reci¨¦n conquistadas. Y los primeros que deben cumplir con ese deber son, precisamente, los parlamentarios.

Desgraciadamente, durante los cuatro meses de actividad del Congreso y el Senado, los representantes de la soberan¨ªa popular no han estado siempre a la altura que las circunstancias y el mandato de los electores exigen. La publicaci¨®n de los 39 primeros art¨ªculos del borrador de la futura Constituci¨®n es una prueba m¨¢s de que nuestros parlamentarios oscilan entre la nostalgia de las Cortesorg¨¢nicas y las costumbres adquiridas en las tertulias conspirativas de caf¨¦.

Ya fue grave la decisi¨®n -por lo dem¨¢s, imposible de aplicar, como han demostrado los hechos- de transformar la ponencia constitucional en un cen¨¢culo con un juramento de silencio. Tambi¨¦n es preocupante que el calendario de trabajos aplace probablemente hasta el oto?o pr¨®ximo el refer¨¦ndum para la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n; porque todav¨ªa quedan dos lecturas en la ponencia del silencio (que entretendr¨¢ a los conjurados dos o tres semanas), el tr¨¢mite de las enmiendas y los debates en la comisi¨®n del Congreso (que ocupar¨¢n el primer trimestre de 1978), la discusi¨®n en el Pleno del Congreso (que f¨¢cilmente durar¨¢ un mes) y la melanc¨®lica repetici¨®n en el Senado de los mismos tr¨¢mites (que llevar¨¢n hasta comienzos de verano los trabajos).

Pero resulta todav¨ªa m¨¢s alarmante que esos art¨ªculos filtrados a la prensa confirman los temores de que nuestros parlamentarios han sido atacados por la enfermedad corporativa t¨ªpica de las instituciones representativas que comienzan su decadencia antes, incluso, de haber llegado a la infancia: la aberrante creencia de que la vida democr¨¢tica consiste tan s¨®lo en elegir a diputados y senadores para que ¨¦stos, luego, se constituyan en un universo aut¨¢rquico, separado de los electores y cerrado a cualquier ayuda o asesoramiento.

Ya la aprobaci¨®n del Reglamento del Congreso fue una se?al de alarma sobre la deficiente preparaci¨®n t¨¦cnico-jur¨ªdica de nuestros legisladores. Ahora, el borrador de proyecto constitucional pone todav¨ªa m¨¢s de relieve ese bajo nivel te¨®rico, pele a que en la ponencia figuren dos catedr¨¢ticos de Derecho Constitucional. Sin sentidos tales como el incluido en el art¨ªculo 1 (?La soberan¨ªa reside en el pueblo, que la ejerce, de acuerdo con la Constituci¨®n.?) o peticiones de principio como el rechazo de ?los casos de abuso y desviaci¨®n de poder? (art¨ªculo 13), navegan en un mar de imprecisiones t¨¦cnicas y prosa burocr¨¢tica. No se trata, por supuesto, de pedir originalidad o genialidad a la futura Constituci¨®n; pero s¨ª se pueden exigir los niveles de decoro y rigor apetecidos.

La historia constitucional de las dos posguerras europeas abunda en ejemplos de textos constitucionales; redactados por profesores y expertos sin filiaci¨®n partidaria, a quienes se encomendaba la tarea de fijar por escrito, de manera clara, rigurosa y coherente, los acuerdos de principio a que hab¨ªan llegado los pol¨ªticos. Los borradores perge?ados por la ponencia pueden tomarse como un acuerdo -satisfactorio- de base entre los partidos; pero si no son entregados a los t¨¦cnicos en Derecho que puedan convertirlos en un texto preciso y congruente, la ley fundamental de nuestra convivencia ser¨¢ un verdadero adefesio, carente de viabilidad pr¨¢ctica.

En cuanto a la historieta del secreto desvelado, sugerir¨ªamos a los parlamentarios que se ocuparan menos de descubrir a los malvados autores de la fechor¨ªa que de rectificar el error de base que ha dado lugar a la incidencia. Porque si una Constituci¨®n no la pueden redactar los pol¨ªticos (aunque sea su misi¨®n llegar a los acuerdos sobre la que trabajen los t¨¦cnicos), todav¨ªa menos pueden elaborarla en las sombras de los despachos y a espaldas de los ciudadanos. La defensa de la democracia y de las instituciones parlamentarias empieza precisamente por la incorporaci¨®n a la vida pol¨ªtica de todos los espa?oles, por la participaci¨®n generalizada en las tareas de la actividad ciudadana, por la voluntad de congresistas y sena dores de escuchar las voces de los electores y mantenerles informados de su actuaci¨®n. Sobre todo cuando lo que anda en juego es algo de tanta trascendencia para el futuro de nuestro pa¨ªs como la Constituci¨®n.