Las elecciones sindicales
A LA VISTA de las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros, anteayer, cabe concluir que el tiempo y los esfuerzos consagrados por UGT y CC OO, y por socialistas y comunistas, a forcejear en los pasillos de la Moncloa y del Ministerio de Trabajo para conseguir una posici¨®n de ventaja en la l¨ªnea de salida de las elecciones sindicales no han sido demasiado rentables. La excesiva preocupaci¨®n del PSOE y el PCE por ganarse los favores del Gobierno en la convocatoria sindical, seguramente les ha hecho relegar a un segundo plano la cuesti¨®n de las elecciones municipales; y la salom¨®nica decisi¨®n del se?or Su¨¢rez, que ha dejado igualmente insatisfechos a los sindicalistas de orientaci¨®n socialista y comunista, probablemente har¨¢ reflexionar a los dirigentes de ambas centrales sobre la conveniencia de llegar a pactos entre ellos antes que confiar en secuestrar, en su favor, las medidas gubernamentales.En los cuarteles generales de UGT y CCOO tal vez se piense que el combate librado en RTVE por los se?ores Redondo y Camacho fue ganado a los puntos por sus respectivos dirigentes; pero son mayor¨ªa los espectadores que cerraron el aparato de televisi¨®n con la sensaci¨®n de que un hipot¨¦tico ¨¢rbitro hubiera descalificado, por inferioridad t¨¦cnica y golpes bajos, a los dos p¨²giles.
Una parte del acuerdo del Gabinete es francamente positivo: la renuncia en favor de las Cortes de la decisi¨®n ¨²ltima sobre la Acci¨®n Sindical en la empresa. Al fin y al cabo, empresarios y trabajadores son, ante todo, ciudadanos; y, como tales, delegaron su representaci¨®n en los diputados y senadores que ocupan sus esca?os en el Parlamento. La disociaci¨®n entre el ciudadano que vota y el individuo ocupado en el aparato productivo recuerda demasiado a la ideolog¨ªa corporativista del fascismo como par a que pueda ser reivindicada por sindicalistas dem¨®cratas. S¨®lo el ?nacionalsindicalismo? puede poner en duda la competencia del Parlamento para establecer el marco general en el que debe desenvolverse la representatividad laboral, tanto en el ¨¢mbito de las empresas como e n niveles m¨¢s generales de la vida econ¨®mica y de la actividad administrativa.
En lo que se refiere a la reglamentaci¨®n provisional hasta la aprobaci¨®n por las Cortes de la ley de Acci¨®n Sindical, el Gobierno ha separado de un tajo en dos, como en la propuesta salom¨®nica, la codiciada normativa electoral. Comisiones Obreras se queda con las ?listas abiertas? -s¨®lo el bizantinismo jur¨ªdico permitir¨ªa diferenciarlas de las ?listas de candidatos?- para las empresas con menos de 250 trabajadores; y UGT recibe como bot¨ªn las ?listas cerradas? -aunque no bloqueadas- en los centros de trabajo de mayor plantilla. El partido del Gobierno y los propios empresarios mantienen sus esperanzas de contar en el futuro con centrales sindicales propias, merced a la acci¨®n combinada de las ?listas abiertas? -en lo que parad¨®jicamente coinciden con los comunistas- y de la doble colegiaci¨®n electoral, ya que presumiblemente los t¨¦cnicos y administrativos no confiar¨¢n de forma mayoritariamente abrumadora en las centrales de obediencia socialista, comunista y extraparlamentaria. Comisiones Obreras y UGT ganan s¨®lo en la medida en que pierden sus directos rivales; pero UCD saca del juicio salom¨®nico la ventaja de conservar intactas sus expectativas sindicales. No faltar¨¢n observadores que recuerden al Gobierno aquello de que ?quien mucho abarca, poco aprieta?; tal vez, los esfuerzos de UCD por abrirse paso en el terreno sindical le resten fuerzas para la tarea que un partido de la derecha democr¨¢tica y civilizada deber¨ªa considerar prioritaria: ganarse la confianza y el apoyo del empresariado.
No es imposible que UGT y CCOO saquen de esta frustradora experiencia la lecci¨®n de que sus celos y hostilizaciones mutuas perjudican a las dos centrales por igual, seguramente en beneficio no tanto de las empresas y del Gobierno como de los sindicatos de obediencia extraparlamentaria y ret¨®rica asamblelista. En tal caso, los sindicalistas socialistas y comunistas podr¨ªan llegar a un r¨¢pido acuerdo acerca de las fechas en que puedan celebrarse las elecciones, as¨ª como respecto a la forma de conciliar las eventuales diferencias y conflictos que surgieran de su realizaci¨®n. Pero todav¨ªa m¨¢s importante ser¨ªa que CCOO y UGT adoptaran una l¨ªnea com¨²n sobre las relaciones entre los Comit¨¦s de Empresa y las ramas sindicales dentro de cada centro de trabajo, de forma tal, que la acci¨®n de los primeros se articulara y coordinara con la actividad de las segundas.
Porque es indudable, que la escisi¨®n entre los Comit¨¦s de Empresa, ¨®rganos representativos dentro de los centros de trabajo, pero no fuera de ellos, y las Centrales Sindicales podr¨ªa colapsar todo el sistema de relaciones industriales que nuestro pa¨ªs necesita. La abstracta superioridad democr¨¢tica de? sistema de comit¨¦s de empresa en cada lugar productivo no puede ocultar sus inconvenientes y sus riesgos. De un lado, esos comit¨¦s mueren, por as¨ª decirlo, en las paredes de cada f¨¢brica y oficina, dado que, fuera de ellas, son las centrales sindicales las encargadas de representar, globalmente, a los trabajadores. De otro, esos ¨®rganos pueden, f¨¢cilmente, caer en la fiebre asamble¨ªsta, lo cual puede convertirse en una r¨¦mora para la eficacia o en una fuente de pretextos para la subasta al alza de la demagogia. Los partidarios de la democracia asamble¨ªsta no deber¨ªan olvidar que una democracia industrial s¨®lo puede funcionar y persistir a trav¨¦s de mecanismos de representaci¨®n delegada. Al igual que los accionistas de una sociedad eligen un Consejo de Administraci¨®n y renuncian a ser convocados para tomar decisiones singulares, los representantes elegidos por los trabajadores pueden hablar por sus compa?eros sin necesidad de movilizarlos en Asambleas permanentes a prop¨®sito de cada incidente o problema.
Por lo dem¨¢s, una econom¨ªa desarrollada necesita centrales sindicales fuertes y responsables, que negocien convenios colectivos, pacten acuerdos pol¨ªtico-econ¨®micos con el Gobierno, dispongan de un patrimonio que les permita alimentar las cajas de resistencia en las huelgas, y sean capaces de participar eficientemente en tareas de gesti¨®n y control como las que aspiran a desempe?ar en la Seguridad Social. En ese sentido, ser¨ªa altamente negativo que CCOO y UGT no pudieran mostrar, de forma. inequ¨ªvoca, sus afiliados y votantes. La institucionalizaci¨®n del Patrimonio Sindical y el posterior reparto con criterios equitativos de las rentas derivadas del mismo, la actuaci¨®n de las centrales como agentes de la vida econ¨®mica y como sujetos de derechos pol¨ªtico-administrativos en un sistema de capitalismo desarrollado y pluralismo pol¨ªtico, hacen necesario que los dos principales sindicatos del pa¨ªs no s¨®lo se consoliden, sino que, adem¨¢s, delimiten claramente sus respectivos territorios de influencia e implantaci¨®n.
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