La libertad de ense?anza

LOS ACUERDOS a que ha llegado en el pacto de la Moncloa la izquierda con la UCD en el sector de la pol¨ªtica educativa ha desatado una campa?a que, bajo el lema de ?libertad de ense?anza?, ha sido promovida por los grupos de presi¨®n hasta ahora menos conocidos por sus ideas liberales en materia de educaci¨®n. La campa?a empez¨® con la denuncia de la existencia de cl¨¢usulas secretas en los acuerdos, prosigui¨® con la petici¨®n de firmas en los centros privados a favor de la libertad de ense?anza, y culmin¨® con una gran asamblea en el Palacio de los Deportes madrile?o, que, pese a su planteamiento ?apol¨ªtico?, cont¨® con el respaldo impl¨ªcito de unas declaraciones que en RTVE y en prensa hizo el propio ministro de Educaci¨®n y miembro de UCD, se?or Cavero.Lo curioso de la campa?a, coincidente con la pol¨¦mica sobre la confesionalidad en la Constituci¨®n y su corolario de las subvenciones estatales a centros de la Iglesia, es que ha hecho aparecer a muchos, que hasta ahora han venido luchando por la libertad de ense?anza, como sus detractores; a los que han defendido la escuela p¨²blica, como una alternativa superadora de la escuela estatal y de la privada, como estatalizadores, y, en definitiva, a los defensores del pluralismo ideol¨®gico en los centros p¨²blicos, como partidarios de una escuela monol¨ªtica.

El trasfondo de la pol¨¦mica sobre la libertad de ense?anza es menos ideol¨®gico de lo que parece. El 40 % de la ense?anza est¨¢ en manos privadas, dada la dejaci¨®n de competencias por parte del Estado en favor, de la empresa privada y las ¨®rdenes religiosas, y una parte importante de la ense?anza privada viene percibiendo cuantiosas subvenciones sin unos requisitos m¨ªnimos de control por parte del Estado.

Sentado el principio de que todo espa?ol, por el mero hecho de serlo, debe tener acceso a la Ense?anza General B¨¢sica, el tenia resulta enormemente complejo en su aplicaci¨®n pr¨¢ctica. Resultar¨ªa ut¨®pico en un pa¨ªs de nuestra estructura socioecon¨®mica y en las actuales circunstancias suponer que el Estado va a poder hacer frente por s¨ª solo a la creaci¨®n de los puestos escolares necesarios para cubrir el actual d¨¦ficit. Un Estado democr¨¢tico debe respetar, por lo dem¨¢s, el derecho de las instituciones y empresas privadas a crear centros docentes; y es preciso ser conscientes del papel jugado en este campo por las ¨®rdenes religiosas dedicadas a la ense?anza. El hecho de que se dediquen a defender sus intereses y posiciones comport¨¢ndose como un aut¨¦ntico grupo de presi¨®n no empa?a para nada el servicio que prestan y han prestado durante muchos a?os. Por ¨²ltimo, debe ser respetado el derecho de los padres a elegir libremente el centro de educaci¨®n de sus hijos, pero es prioritario el derecho que debe tener todo ni?o a un puesto escolar. Hay miles de padres espa?oles que abdicar¨ªan gustosos de su derecho de elecci¨®n con tal de poder enviar a su hijo aun colegio. ?A cualquier colegio?.

Pensamos que entre la estatalizaci¨®n y el mantenimiento del actual sistema existen muchas cosas que deben y pueden hacerse, sin necesidad de transformar el campo de la ense?anza en el escenario simulado de una nueva guerra de religi¨®n. La actitud beligerante de los colegios religiosos no es siempre concorde con esto ¨²rtimo que decimos, como no lo es la de muchas posiciones te?idas de evidente y trasnochado anticlericalismo. Un programa de escuelas p¨²blicas avanzado y una prioridad en las subvenciones a la ense?anza privada que se instale en zonas rurales o barrios urbanos deficientemente escolarizados puede ser el camino posible y deseable de seguir en los pr¨®ximos a?os. Por lo dem¨¢s es preciso estudiar la situaci¨®n actual y los intereses que puedan ser da?ados, pues ser¨ªa injusto abordar una pol¨ªtica de extensi¨®n de la ense?anza p¨²blica que no prevea el destino de la ense?anza privada y que no adopte medidas en relaci¨®n con el posible cierre de centros privados.

En cualquier caso, la protecci¨®n de las minor¨ªas debe, ser tambi¨¦n tenida en cuenta en este terreno. Finalmente, la renuncia a cualquier programa de texto ¨²nico ser¨¢ la garant¨ªa de que dentro del sector p¨²blico como del privado podr¨¢ respetarse el pluralismo ideol¨®gico y nadie tratar¨¢ de adoctrinar con criterios, unilaterales, a la poblaci¨®n escolar espa?ola.