La sensatez de la justicia militar

EL PRIMER d¨ªa del a?o, en un cuartel de Intendencia de Barcelona, los mandos militares han dado una silenciosa lecci¨®n de realismo pol¨ªtico y de comprensi¨®n del proceso constituyente que vive el pa¨ªs. Un recluta -Enric Garriga- adujo su condici¨®n de objetor de conciencia, bajo juramento, y los oficiales de reclutamiento prorrogaron su incorporaci¨®n a filas hasta que la pr¨®xima Constituci¨®n regule el derecho de objetar el servicio en armas.Dicho objetor, que hace un par de a?os habr¨ªa sido remitido directamente a prisiones militares para cumplir condenas ininterrumpidas hasta su pase a la reserva como presunto soldado; que hasta hace pocos meses hubiera tenido que hacer un servicio civil mucho m¨¢s prolongado que el militar, est¨¢ ahora en su casa, con la cartilla militar en su poder, esperando tranquilamente a que el Congreso de Diputados regule las consecuencias de su opci¨®n moral. Todo ello gracias al buen sentido de unos oficiales adscritos a la Capitan¨ªa General de Barcelona.

El Ej¨¦rcito se somete voluntariamente a una disciplina y a unas normas jur¨ªdicas muy estrictas. A¨²n m¨¢s severas que las que rigen el clero. Pero ello no obsta para que los oficiales del Ej¨¦rcito se muevan, en determinados casos, dentro de unos l¨ªmites de tolerancia y flexibilidad. Particularmente cuando media la elaboraci¨®n de un nuevo texto constitucional. A veces, el Ej¨¦rcito, quiz¨¢ para exasperaci¨®n de los intransigentes, reparte lecciones de perfecto entendimiento pol¨ªtico-social sobre lo que implican los momentos de transici¨®n hist¨®rica.

Ya hemos dejado sentado en nuestra l¨ªnea editorial que el Ej¨¦rcito, cuando hace recaer su jurisdicci¨®n sobre civiles y por presuntos delitos no estrictamente castrenses, no es ni duro ni suave, no es otra cosa que lo que la pol¨ªtica civil le ha obligado a ser. Y de la misma forma que un ordenamiento jur¨ªdico estatal, una filosofla pol¨ªtica intolerante, castigaba con harto exceso la objeci¨®n de conciencia, obligando a los tribunales militares a dictar severas penas, esa misma pol¨ªtica exig¨ªa de lajurisdicci¨®n militar el procesamiento y castigo de todos aquellos civiles que hubieran cometido delitos que el poder civil quisiera alzaprimar como sanci¨®n ejemplificadora ante el resto de la sociedad.

Desagradable papel para lajusticia militar, que hubo de pasar por procesos como el de Burgos (contra militantes de ETA), por el del Goloso (contra militantes del FRAP) y por toda la larga y menor lista de procesamientos de civiles, culminados ahora con la detenci¨®n del se?or Boadella y de algunos miembros de su grupo teatral, Els Joglars.

Entre el pacto de la Moncloa y el proyecto de Constituci¨®n parece claro que ser¨¢ en un futuro inmediato la jurisdicci¨®n ordinaria quien se encargar¨¢ de dirimir si los civiles ofenden o no a las Fuerzas Armadas. A nadie se le oculta que resta un terreno de nadie, desde el punto de vista jur¨ªdico, entre la situaci¨®n actual y el refrendo de la pr¨®xima Constituci¨®n. Terreno resbaladizo, pero, al tiempo, muy propenso al asentamiento de bases de comprensi¨®n y tolerancia. As¨ª parecen haberlo entendido los oficiales de la Capitan¨ªa de Catalu?a, que dieron cartilla militar a un objetor. A la postre es el mismo caso que afecta a Boadella y a sus actores. Una vez remitida la tensi¨®n y la presi¨®n de la huelga del espect¨¢culo, bien puede el Ej¨¦rcito darnos otra lecci¨®n de talento pol¨ªtico liberando al director de Els Joglars y aplazando la vista de su causa hasta que la nueva Constituci¨®n delimite las fronteras de la jurisdicci¨®n militar.

Con ello ganaremos en claridad pol¨ªtica y jur¨ªdica, aliviaremos innecesarias tensiones entre civiles y militares, y nos quitaremos de encima muchos de los traumas naturales que pueblan todo tr¨¢nsito desde la autocracia a la democracia.