Cr¨ªmenes y orden p¨²blico
EL ASESINATO del se?or Viola y de su esposa ha sido de inmediato condenado, con las m¨¢s duras expresiones, por todos los partidos representados en el Parlamento. De seguro, en las pr¨®ximas horas tambi¨¦n lo har¨¢n las organizaciones que a¨²n no se han sumado a la condena de un crimen tan salvaje y brutal.Esta observaci¨®n no es tan obvia como se puede creer. Porque en nuestro pa¨ªs es un hecho nuevo, nacido con las elecciones del 15 de junio y la ley de Amnist¨ªa, que todo el espectro pol¨ªtico coincida en rechazar cr¨ªmenes como el perpetrado ayer y abandone hasta la m¨¢s m¨ªnima reticencia al afirmar que hechos as¨ª no guardan el m¨¢s remoto parentesco con cualquier tipo de motivaci¨®n pol¨ªtica.
Este nuevo asesinato confirma las sospechas de que la serie de atentados cometidos recientemente en Espa?a no se propone sino crispar la situaci¨®n, desestabilizar el proceso democr¨¢tico y ,servir de fulminante a un golpe de signo reaccionario. Hemos repetido ya en otras ocasiones los argumentos que hacen plausible esa conjetura; el asesinato del se?or Viola y de su esposa sucede en el marco general de una estrategia antidemocr¨¢tica perfectamente congruente.
Por eso parece inevitable volver a ocuparse tambi¨¦n de la tendencia que muestran algunos dirigentes de partidos como Alianza Popular y las plumas a sueldo de la ultraderecha que tratan insistente y hasta irritadamente de poner en relaci¨®n estos b¨¢rbaros cr¨ªmenes con la situaci¨®n general del pa¨ªs, la eficacia de los servicios de seguridad y la capacidad pol¨ªtica del Gobierno. As¨ª, el comunicado de Alianza Popular no condena el asesinato del se?or Viola y de su esposa con mayor firmeza que el resto de los partidos, pero lo convierte en prueba definitiva e incontestable de ?la total degradaci¨®n del orden p¨²blico y de la seguridad ciudadana, reiteradas veces denunciada?. Al diagn¨®stico de la enfermedad sigue la localizaci¨®n del agente pat¨®geno que la provoca: ?El Gobierno ha de responder de la situaci¨®n que ¨¦l mismo est¨¢ creando con su debilidad.?
Esas vociferaciones suscitan, sin duda, en la opini¨®n p¨²blica la impresi¨®n de que los terroristas est¨¢n logrando algunos de sus prop¨®sitos: la crispaci¨®n en los sectores pol¨ªticos nost¨¢lgicos del franquismo. El deterioro reciente del orden p¨²blico es un hecho preocupante que se inscribe tanto en la delincuencia com¨²n como en el terrorismo pol¨ªtico. Los pa¨ªses sin libertades p¨²blicas no padecen esta plaga, aunque el terrorismo y la delincuencia se suelen practicar en los despachos ministeriales y en las comisar¨ªas de polic¨ªa. Adquieren entonces el apellido de la raz¨®n de Estado y la responsabilidad del poder, pero son, sin embargo, tan condenables o m¨¢s que el execrable crimen que hoy comentamos.
El deterioro reciente del orden p¨²blico es un hecho preocupante. Por lo dem¨¢s, los g¨¢ngsters a sueldo y los terroristas camparon tambi¨¦n libremente por sus respetos cuando el franquismo ejerc¨ªa su m¨¢s dura represi¨®n en las paredes de fusilamientos. El se?or Arias no pudo evitar desde el Ministerio de Gobernaci¨®n el asesinato de Carrero Blanco, ni desde la Presidencia del Gobierno la actividad terrorista de ambos signos. Pero durante esas ¨¦pocas el orden p¨²blico, adem¨¢s de soportar las infracciones de los criminales, era tambi¨¦n alterado en otro sentido por los propios gobernantes al no reconocer a los ciudadanos los derechos de expresi¨®n, de asociaci¨®n, de reuni¨®n y de voto, que constituyen la esencia misma del orden democr¨¢tico. Es, sin duda, necesario mejorar la eficiencia de los servicios de seguridad para mantener este orden p¨²blico democr¨¢tico, y la ley debe caer con rigor sobre quienes la infrinjan.
Pero no se debe aprovechar un hecho tan abominable como el asesinato del ex alcalde de Barcelona para hacer demagogia pol¨ªtica sobre una sangre que desgraciadamente es hoy de todos los espa?oles.
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