Se sigui¨® un mal camino

S¨ª. Se sigui¨® un camino equivocado. La prisa que acuci¨® a grandes sectores de la opini¨®n de Catalu?a y del Pa¨ªs Vasco de obtener a toda costa un resultado, aunque fuera m¨¢s espectacular que efectivo, y el prurito gubernamental de preferir el m¨¦todo sinuoso de las conversaciones y contactos en la penumbra a la abierta discusi¨®n a la luz p¨²blica con intervenci¨®n de los ¨®rganos que debieran ser la aut¨¦ntica expresi¨®n de la democracia, ha conducido a la f¨®rmula de las preautonom¨ªas, que hasta ahora no ha podido apuntarse en su haber resultados suficientemente satisfactorios.Se han creado estructuras formales, pero hasta ahora no se ha determinado cu¨¢l ser¨¢ su contenido. Se ha dado, sin necesidad, la sensaci¨®n de que se prepara una discriminaci¨®n entre unas y otras porciones de Espa?a. El resultado no puede ser m¨¢s triste. Se han avivado los recelos, se han despertado rivalidades y se ha improvisado una carrera de autonomismos, en buena parte ficticios, que si no se encauzan debidamente van a construir poco y pueden destruir mucho. La controversia suscitada en torno a unas recientes declaraciones de gran resonancia son buena prueba de que estos temores no son infundados.

Comprendo muy bien que en Catalu?a y en el Pa¨ªs Vasco la carga sentimental originada por los dolores e incomprensiones que caracterizaron la pol¨ªtica de los ¨²ltimos decenios haya ejercido una fuerte presi¨®n, sobre sus representantes, para que consiguieran a todo trance una primera disposici¨®n favorable a sus pretensiones, aunque no fuera mas que simb¨®lica. Lo que lamento es que los elegidos del pueblo no hayan cre¨ªdo conveniente encauzar esa presi¨®n hacia soluciones m¨¢s cuidadosamente elaboradas, aunque fuera a costa de un mayor tiempo de reflexi¨®n, en lugar de ceder ante un empuje de quienes, en buena parte, tampoco se encuentran satisfechos.

En la tarea de reconstrucci¨®n pol¨ªtica de Espa?a ha debido darse prioridad a la Constituci¨®n, como base obligada de las dem¨¢s estructuras que la realidad aconsejara crear. El debate constitucional tiene que entablarse en tomo a los problemas b¨¢sicos que el pa¨ªs tiene planteados, uno de los cuales es el de las autonom¨ªas, lo que supone la definici¨®n y el reconocimiento de las diversas entidades infranacionales, la delimitaci¨®n de las competencias y la previsi¨®n de la diversidad de instituciones que, como consecuencia, habr¨¢n de crearse. Todo, con criterios claros en cuanto a la determinaci¨®n de los principios b¨¢sicos y con prudente flexibilidad en cuanto a sus posibilidades de realizaci¨®n.

No cabe arg¨¹ir que la elaboraci¨®n de una Constituci¨®n es tarea prolija, que exige por su propia naturaleza muchas jornadas de labor parlamentaria, que habr¨ªan obligado a un aplazamiento peligroso de la soluci¨®n del problema auton¨®mico.

Nuestra historia constitucional evidencia, sin embargo, que la discusi¨®n y aprobaci¨®n de la mayor¨ªa de nuestras leyes fundamentales no exigi¨® demasiado tiempo, si se except¨²a la labor de las Cortes de C¨¢diz, que necesit¨® trece meses para la aprobaci¨®n de los 384 art¨ªculos que constituyen el monumento de ilusiones e ingenuidades promulgado el 19 de marzo de 1812.

Despu¨¦s del golpe de fuerza que restableci¨® la Constituci¨®n del 12, la reina regente convoc¨® unas Cortes que en escasas semanas aprobaron el proyecto de ley fundamental elaborado por una comisi¨®n de notables. Desde la sublevaci¨®n de los sargentos de La Granja, hasta la promulgaci¨®n del nuevo texto constitucional, en junio de 1837, no transcurrieron m¨¢s de diez meses.

Narv¨¢ez consigui¨® de unas Cortes moderadas que aprobaran en menos de tres meses la Constituci¨®n de 1845.

La revoluci¨®n de 1868, que destron¨® a Isabel II, convoc¨® unas Cortes Constituyentes que en tres meses discutieron y aprobaron una nueva ley fundamental, sobre un proyecto redactado por una comisi¨®n en el plazo cort¨ªsimo de tres semanas.

C¨¢novas tuvo que tomarse un plazo de un a?o antes de convocar Cortes Constituyentes, pues era indispensable ?desescombrar para reconstruir? y, sobre todo, concluir la guerra carlista. Pero, una vez reunido el organismo constituyente, no necesit¨® m¨¢s de tres meses para dotar a Espa?a de la Constituci¨®n que ha tenido m¨¢s larga vigencia.

En cuanto a la segunda Rep¨²blica, el proyecto del Gobierno fue dictaminado en veinte d¨ªas por una comisi¨®n especial del Parlamento, y discutida y aprobada en el Pleno en menos de cinco meses.

?No habr¨ªa sido posible obtener de las actuales Cortes Constituyentes un esfuerzo parecido, m¨¢xime cuando las facilidades concedidas al Gobierno para legislar por medio de decretos-leyes descargaban al Congreso y al Senado de otras tareas consideradas como urgentes?

?Estaba justificada la alarma de los autonomistas vascos y catalanes ante la exigencia l¨®gica de que la tarea constitucional obtuviera la obligada preferencia?

No lo creo en modo alguno. No recuerdo que en la propaganda electoral de las docenas y docenas de partidos en que se fraccion¨® la opini¨®n p¨²blica hubiera uno s¨®lo que levantara la bandera anti-autonomista. Pudo haber, y de hecho hubo, diferencias en cuanto a la calificaci¨®n de los n¨²cleos infraestatales que afirmaban su propia personalidad. No faltaron, porque no pod¨ªan faltar, discrepancias en lo concerniente a las facultades que el poder central deb¨ªa retener o pod¨ªa delegar. Pero no hubo uno solo que defendiera el centralismo destructor de la riqu¨ªsima y fecunda diversidad de las personalidades integrantes del todo.

?Qu¨¦ mal habr¨ªa podido derivarse de una pol¨ªtica prudente que hubiera arrancado de las bases establecidas en la que se ha de ser la ley fundamental del pa¨ªs?

La apariencia de situaci¨®n privilegiada que han dado los acuerdos preauton¨®micos han favorecido la explosi¨®n de pretensiones auton¨®micas que en buena parte han obedecido m¨¢s a un sentimiento negativo de rivalidad que a la defensa de una personalidad todav¨ªa no bien definida en sus contornos geogr¨¢ficos y en su sustancia hist¨®rica.

Es m¨¢s. Ciertas posiciones demasiado radicales adoptadas a ra¨ªz de las primeras conquistas auton¨®micas han producido alarmas justificadas, avivadas por el contenido ambiguo del dictamen de la comisi¨®n de las Cortes, que tiene todo el aspecto de una transacci¨®n vacilante deseosa de aplazar los problemas de fondo, por falta de valor y de decisi¨®n para afrontarlos desde el primer d¨ªa.

El empleo de t¨¦rminos equ¨ªvocos, los circunloquios para rehuir planteamientos inevitables, han dado ya sus primeros frutos. Varios grupos parlamentarios, sin excluir al conglomerado que sostiene el Gobierno, admiten ya la necesidad de revisar el dictamen elaborado durante meses y meses en el claro-oscuro de las comisiones que en su elaboraci¨®n han intervenido.

?Cu¨¢l ser¨¢ el resultado del trabajo definitivo de las Cortes? ?Entender¨¢ el ¨®rgano de la representaci¨®n nacional que su obra est¨¦ condicionada por los proyectos preauton¨®micos, tras de cuyo texto es f¨¢cil adivinar las serias reservas mentales de una de las partes contratantes? ?Se atrever¨¢, caso de que as¨ª lo exija la mayor¨ªa, a establecer unas bases que no permitan extraer de los acuerdos de preautonom¨ªa las consecuencias previstas o deseadas por los que las aceptaron no como una meta de llegada, sino como un punto de partida?

La reacci¨®n provocada por las declaraciones del presidente de la Generalitat de Catalu?a ha puesto bruscamente de relieve la realidad de unas discrepancias en que no se quiso creer o que no se acert¨® a tener en cuenta antes de aventurarse por un camino erizado de obst¨¢culos.

No ha habido hasta ahora la necesaria decisi¨®n en nuestros medios pol¨ªticos para poner en claro los peligros equ¨ªvocos que encierran los t¨¦rminos federalismo, autodeterminaci¨®n, nacionalidades, Estado regional, etnias y pueblos. Al amparo de ese confusionismo, que no es s¨®lo sem¨¢ntico, proliferan autonomismos sin base, susceptibles de hacer malograr soluciones justas, que apetecernos todos los espa?oles de buena fe.

Un motivo m¨¢s para que, sin pensar en retrocesos que podr¨ªan ser catastr¨®ficos, se abra cuanto antes el debate constitucional, que armonice las legitimas aspiraciones autonomistas con las posibilidades que permitan las exigencias del bien com¨²n.