Estado democr¨¢tico y municipios libres

En el mes de diciembre de 1923 recib¨ª la indicaci¨®n de que don Jos¨¦ Calvo Sotelo, nombrado poco tiempo antes director general de Administraci¨®n por el Directorio Militar del general Primo de Rivera, solicitaba mi colaboraci¨®n a t¨ªtulo personal y apol¨ªtico, como catedr¨¢tico de Derecho P¨²blico, para preparar un proyecto de Estatuto Municipal. Le prest¨¦ gustos¨ªsimo y con el mayor desinter¨¦s esa colaboraci¨®n y no puse para ello m¨¢s que una condici¨®n: que se tratase de redactar un proyecto que proclamase y garantizase la creaci¨®n de unos municipios libres como base de la futura estructura del Estado, y que se asegurase en su constituci¨®n la participaci¨®n proporcional de todas las tendencias ideol¨®gicas. Acept¨® sin la menor vacilaci¨®n ese criterio el director general de Administraci¨®n, cuyo punto de vista era en aquellos momentos totalmente coincidente con el m¨ªo, y fruto de esa compenetraci¨®n y de un trabajo agotador que en alguna ocasi¨®n se prolong¨® hasta altas horas de la madrugada, fue el Estatuto Municipal de 8 de marzo de 1924, cuya exposici¨®n de motivos, dirigida al rey don Alfonso XIII, comenzaba con estas palabras:?Se?or: el Estado, para ser democr¨¢tico, ha de apoyarse en municipios libres. Este principio, consagrado por la ciencia pol¨ªtica, tiene oportuna aplicaci¨®n actual a nuestro pa¨ªs, porque para reconstruirlo sobre cimientos s¨®lidos no basta demoler caducas organizaciones, secularmente acogedoras del feudalismo pol¨ªtico; neces¨ªtase, adem¨¢s, oxigenar la vida municipal, dando a las corporaciones locales aquella dignidad, aquellos medios y aquel alto rango que les hab¨ªa arrebatado una concepci¨®n centralista, primero, y un perverso sistema de intromisi¨®n gubernativa, m¨¢s tarde.?

Y aquella exposici¨®n, nutrida de la m¨¢s pura fe en un noble ideal y levemente matizada del ingenuo optimismo de nuestra juventud, a?ad¨ªa a continuaci¨®n:

?El Gobierno acomete la magna empresa lleno de fe en la vitalidad del pueblo espa?ol y en sus virtudes c¨ªvicas, y no amengua su confianza el espect¨¢culo bochornoso que ofrec¨ªan muchos de nuestros ayuntamientos, porque en la inmensa mayor¨ªa de los casos la mala administraci¨®n no era debida a los de abajo, sino a los de arriba. La ponzo?a pol¨ªtica prendi¨® en muchas villas y aldeas, y desde ese momento los concejales eran, antes que nada, secuaces de un partido y servidores de una consigna generalmente sectaria. De ese modo fue borr¨¢ndose poco a poco el m¨¢s leve h¨¢lito de ciudadan¨ªa en comarcas enteras, sojuzgadas dictatorialmente por una mesnada o un caudillo pol¨ªtico influyente. El fen¨®meno ten¨ªa que concluir en un desastre: no otra cosa fueron las camarillas turnantes, y en ocasiones amorales, ense?oreadas de la vida municipal. ?

Ha pasado bastante m¨¢s de medio siglo desde que estas palabras se escribieron y, por desgracia, siguen teniendo una actualidad tal vez mucho mayor de la que entonces ten¨ªan.

Ni la dictadura de Primo de Rivera aplic¨® de verdad el Estatuto ni la Rep¨²blica lleg¨® a darle vida. El r¨¦gimen autoritario nacido de la guerra civil no contribuy¨® ciertamente a atenuar los males tan vigorosamente diagnosticados en la exposici¨®n de motivos de 1924.

No se atenuaron, sino que se agravaron los males durante los ¨²ltimos cuarenta a?os. El monopolio, del disfrute de los puestos de la Administraci¨®n provincial y local por el partido ¨²nico, la creaci¨®n de nuevos organismos de presi¨®n al servicio del poder central y la negaci¨®n de las m¨¢s elementales libertades ciudadanas agudizaron los da?os causados por el feudalismo pol¨ªtico, por el envenenamiento de la vida local a causa de la ponzo?a pol¨ªtica, por la sumisi¨®n a los intereses del partido, por el servil acatamiento a las consignas sectarias y, en fin de cuentas, por el creciente arraigo del perverso sistema de la intromisi¨®n gubernativa.

El se?or Su¨¢rez, que con tanta eficacia se movi¨® en el centro de esa red de instrumentos de presi¨®n, y que pudo comprobar los servicios que le prest¨® en las elecciones generales del 15 de junio tiene ahora una magn¨ªfica oportunidad de demostrar que su actual voluntad democr¨¢tica es una realidad de la que nadie puede dudar.

Admito, aunque no me parezca ortodoxo, que se utilizaran los resortes franquistas de la vida local para hacer m¨¢s viable la implantaci¨®n en Espa?a del sistema predemocr¨¢tico en que vivimos.

Comprendo las concesiones que un pol¨ªtico de buena fe -y esa condici¨®n no se puede negar al se?or Su¨¢rez sin ofenderle- tiene que hacer a las impurezas de la pol¨ªtica para impedir males que en su opini¨®n sean mayores. Es la justificaci¨®n que siempre invocaron los partidarios del mal menor, que yo siempre ped¨ª que se sustituyese por la teor¨ªa del bien posible.

Pero toda pol¨ªtica de concesiones debe tener un l¨ªmite que no se puede sobrepasar. Y creo sinceramente que el se?or Su¨¢rez se est¨¢ aproximando demasiado a ese l¨ªmite.

Se habla cada d¨ªa m¨¢s de las elecciones municipales y parece que el Gobierno, con un criterio acertado, quiere convocarlas despu¨¦s que se apruebe la Constituci¨®n. Y aqu¨ª es donde no pueden menos de surgir los interrogantes. .

?Van a celebrarse las elecciones sin remover antes, aunque sea provisionalmente, las viejas estructuras provinciales y locales, en que tan fuertemente est¨¢n enraizados la mentalidad y los procedimientos de los tiempos pasados? ?Ser¨¢ cierto que los j¨®venes Licurgos del Centro est¨¢n poniendo a punto, en amable acuerdo con el PSOE, una ley electoral que haga pr¨¢cticamente imposible la presentaci¨®n de candidaturas a los n¨²cleos de opini¨®n peque?os o marginados, a fin de que quede libre de obst¨¢culos el camino para el amistoso reparto de ayuntamientos entre los dos grandes socios, asegur¨¢ndoles as¨ª su c¨®modo usufructo pol¨ªtico del pa¨ªs durante los pr¨®ximos a?os?

No quiero, no puedo creerlo.

Sin la menor autoridad para ello, me permito hacer una recomendaci¨®n al se?or Su¨¢rez. Me parece conveniente que ¨¦l mismo -y, si sus ocupaciones no se lo permiten, uno de sus expertos en la materia- repase los art¨ªculos 61 y siguientes del Estatuto Municipal de 1924, por medio de los cuales se intent¨® introducir en Espa?a el sistema de representaci¨®n proporcional, que en las elecciones para puestos no pol¨ªticos -como deben ser las concejal¨ªas- no presenta los inconvenientes que tanto se han aireado para las elecciones de los cuerpos legislativos, y que en todo caso es un m¨¦todo que entra?a una mayor justicia.

No caigo en la vanidad de decir que el procedimiento propuesto fuera perfecto. Toda obra humana es perfectible. Pero al menos supuso un intento honrado de asegurar la libertad en nuestros municipios.

Que lo revisen los j¨®venes t¨¦cnicos que trabajan a sus ¨®rdenes. Que lo retoquen y lo perfeccionen; pero que no desvirt¨²en su esencia.

No caiga usted, se?or Su¨¢rez, en la tentaci¨®n de crear a favor de su nov¨ªsimo partido un monopolio compartido con los marxistas a base de la perduraci¨®n de nuestro end¨¦mico caciquismo. ?No se nos dice a diario -y hay que reconocer que a UCD no le faltan turiferarios- que las fuerzas que le apoyan son tan s¨®lidas y coherentes? ?Para qu¨¦ necesita entonces crearse una base de monterillas rurales que le aseguren la parte de los puestos municipales que se reserva en el reparto con las huestes socialistas?

Las elecciones municipales, junto con la neutralidad de la Televisi¨®n -tema del que hablaremos otro d¨ªa- es, se?or Su¨¢rez, la piedra de toque de su sinceridad democr¨¢tica.

?Y no olvide, se?or presidente del Consejo, que, como dijo en su pre¨¢mbulo aquel ingenuo pero honrado ensayo de democratizaci¨®n del pa¨ªs desde un autoritarismo que se defini¨® -como transitorio: ?El Estado, para ser democr¨¢tico, ha de apoyarse en municipios libres.?